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Política

CIDH expresa su preocupación por interferencia del Congreso en la JNJ y organismos electorales

Organismo exhorta al Estado peruano a “demostrar su compromiso” con la Carta Democrática Interamericana y al Congreso evitar promover reformas que “amenacen la independencia y autonomía de los demás órganos estatales”

CIDH también insta al Parlamento a cesar con el uso instrumentalizado de denuncias constitucionales contra miembros de otros organismos del Estado. Foto: Congreso

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las constantes interferencias del Congreso en el funcionamiento de otros organismos del Estado, como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Fiscalía de la Nación y las otras entidades electorales.

El organismo instó al Estado peruano a respetar la independencia del sistema de justicia, del sistema electoral y de los derechos humanos, que “fortalecen la democracia”.

“Preocupan a la CIDH todas las interferencias en las funciones de autoridades con mandatos esenciales para la preservación de la democracia, como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y fiscales a cargo de casos contra la corrupción”, sostuvo la CIDH en su pronunciamiento.

En este punto, la Comisión hace mención de las acciones iniciadas desde el Parlamento contra los consejeros de la JNJ, que acabó en las arbitrarias inhabilitaciones de Inés Tello y Aldo Vásquez; la acusación constitucional e inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos; las hasta 10 denuncias constitucionales que se han formulado contra el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, con “señalamientos de motivaciones políticas y la falta de una base legal para su sustanciación”; y las denuncias constitucionales contra la fiscal suprema Delia Espinoza por investigar la presunta organización criminal que lideraría Patricia Benavides.

“Durante los últimos años, la CIDH ha observado y alertado acerca del deterioro de la democracia en Perú. El uso de las facultades de control del Congreso de la República de Perú, en la forma en que han venido sido ejercidas, tienen el potencial de poner al Estado de derecho en un riesgo crítico. El ejercicio del poder ha afectado instituciones autónomas, que cuentan con un rol trascendental en la vida democrática del Estado, lo que, paralelamente, amenaza la situación de los derechos humanos. En este contexto, es apremiante tomar medidas de carácter inmediato que aseguren el principio de separación e independencia de los poderes públicos, reconocido constitucionalmente”, se lee en el texto.

Por ello, la CIDH exhorta al Estado peruano a “demostrar su compromiso con los principios de la Carta Democrática Interamericana y sus obligaciones internacionales de derechos humanos”, adoptando “medidas urgentes” para el “fortalecimiento del Estado de derecho”. Ello incluye “el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos del poder público, así como las garantías para la independencia de personas operadoras de justicia”.

De igual manera, la Comisión hace un llamado urgente al Congreso para que cese en el “uso discrecional e instrumentalizado de su actividad fiscalizadora y sancionatoria”, es decir, de las acusaciones constitucionales e inhabilitaciones sin fundamentos.

También se insta al Poder Legislativo a no aprobar reformas constitucionales que “amenacen la independencia y autonomía de los demás órganos estatales”. Ello en referencia al proyecto que elimina la JNJ y delega en el Senado la facultad de elegir a los jefes de la ONPE y del Reniec.

La respuesta del Estado peruano

Antes de que la CIDH publique un pronunciamiento, envía el proyecto del mismo al Estado peruano, a fin de que brinde los comentarios pertinentes.

En este caso, el Estado peruano, a través del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, le aseguró a la Comisión que la “mayoría” de procedimientos del Congreso para inhabilitar a altos funcionarios “han resultado en archivo”, mientras que los que efectivamente han sido inhabilitados “pueden acudir al Poder Judicial o Tribunal Constitucional con garantías del debido proceso”.

El Estado peruano también dijo que la “correcta actuación” de las diferentes entidades “está garantizada por mecanismos de control y balance”. Esta afirmación no evitó que la CIDH haga las exhortaciones correspondientes.

Fuente: Infobae

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