Negociaciones. Ante falta de votos para decapitar la entidad clave del sistema de justicia y electoral, apuntan a sacar a algunos de sus miembros. EE. UU. atento a cómo va nuestra democracia.
En el Congreso, los promotores del golpe contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) insisten en lograr la destitución de miembros de esta entidad, que designa y retira a los jueces y fiscales y autoridades electorales, aunque al no contar con los votos necesarios para deshacerse de todos, apuntan al menos a sacar a quienes les resultan más incómodos, como Inés Tello y Aldo Vásquez, que tienen a cargo indagaciones contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La postergación del debate del informe que recomienda destituir a los siete miembros de la JNJ da más tiempo a quienes todavía buscan respaldos. Como anunció el presidente del Legislativo, Alejandro Soto, se ha programado para el próximo miércoles la sesión del Pleno del Parlamento en que evaluarán el documento de la Comisión de Justicia.
El aplazamiento del debate, inicialmente agendado para el último jueves 2, se dio alegando que los miembros de la JNJ debían poder defenderse ante el Pleno que vería su futuro, algo que no se había considerado.
“Se realizará el miércoles 8 de noviembre del año 2023, sesión a la cual, en el marco del debido proceso parlamentario, se citará a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia con la finalidad de que puedan ejercer su defensa”, adujo Soto en el Hemiciclo y pasó a otro tema.
Reunión. Roig, del Gobierno de EE. UU., oyó a JNJ, JNE y ONPE. Foto: difusión
La JNJ había pedido, en un oficio, que sus miembros asistan al Congreso con este fin.
Además, solicitó también que los congresistas de la Comisión de Justicia no voten en el Pleno sobre este caso porque ya habían adelantado opinión al sufragar sobre el informe. Argumentan que si votan se afectaría el debido proceso pues pasarían de instructores a juzgadores.
Que se defiendan, sí
El primer requerimiento, que se defiendan ante el Pleno, ya ha sido aceptado, según se colige del anuncio de Soto. Antes lo hicieron en la Comisión de Justicia.
El segundo pedido genera rechazo en sectores del Congreso enrolados en el ataque a la Junta o afines al bloque que controla el Legislativo.
“Ahora pretenden, de manera evidentemente antidemocrática e inconstitucional, impedir que los congresistas hagan uso de su derecho al voto”, tuiteó Patricia Chirinos, de Avanza País, protagónica incitadora de esta arremetida contra la JNJ.
En el fujimorismo y Alianza para el Progreso (APP) también consideran excesivo este pedido de la JNJ que reduciría aún más los votos sobre este caso. La Comisión de Justicia está conformada por 24 congresistas. La Constitución establece que se necesita el respaldo de 86 parlamentarios para que se consiga la destitución por falta grave.
Factor Acuña
La declaración reciente de César Acuña, líder máximo de APP, a la prensa, de que su bancada no apoyará la destitución de los integrante de la Junta cambia los planes. En el entorno acuñista, algunos colaboradores recomiendan un distanciamiento del político norteño respecto al concubinato político con el llamado fujicerronismo, que maneja el Legislativo. Sin embargo, está en deuda con quienes blindaron al apepista Soto en la Mesa Directiva de este poder del Estado, como los de Fuerza Popular, entre otros.
Ante esta situación, gana peso en el Parlamento la opción de que en el Pleno no se vote el pedido para destituir en conjunto a los siete miembros de la JNJ, sino que se pueda decidir remociones por separado, uno por uno.
Esto permitiría un golpe no total, pero al menos aleccionador contra la Junta, a los ojos de los impulsores de esta arremetida. A su vez, matizaría la percepción de un Congreso abusivo al extremo.
Fuerza Popular ha sido una de las voces más influyentes al insistir en que el proceso contra la JNJ no sea groseramente irregular y que se aparente guardar algunas formas. Otros grupos se han sumado en esta postura.
“Van a votar uno por uno y van a escuchar sus descargos. Ese es el trascendido, pero respecto al pedido de excluir a los miembros de la Comisión de Justicia, dudo mucho”, comenta una fuente enterada de los planes que se perfilan más viables en el Congreso hasta ahora.
Las negociaciones empiezan a escalar con miras al miércoles 8. Tello y Vásquez son los principales objetivos del bloque del Congreso alineado con la fiscal Benavides, que se mantiene en el cargo pese a los serios cuestionamientos que tiene y que logró en tiempo récord para el Perú una protección judicial que impide a la JNJ investigarla. Tello y Vásquez quedaron atados de manos con ese fallo de una jueza.
EE. UU. atento
Mientras, la arremetida contra esta entidad clave del sistema de justicia y electoral sigue captando atención en el mundo. El mismo jueves 2, la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, y el vicepresidente, Aldo Vásquez, se reunieron con Enrique Roig, subsecretario adjunto en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EE. UU., en Washington, a invitación de la embajada del país norteamericano asentada en el Perú.
Se supo que Roig ha venido a Lima para hablar con los integrantes de la JNJ, organismos electorales y representantes de la sociedad civil, y que mostró su respaldo al fortalecimiento de las instituciones democráticas y el Estado de derecho en nuestro país, una situación que actualmente está en entredicho.
