El Congreso propone la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional con el objetivo de fiscalización el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales.
Las embajadas de 16 países, por medio de un comunicado conjunto, expresaron su preocupación por la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que tendrá como competencias la fiscalización de las organizaciones no gubernamentales. De esta forma, el legislativo pretender tener mayor control sobre las asociaciones y las ONG.
El dictamen fue aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República y pone en peligro la institucionalidad de las 995 ONG registradas, actualmente, en el Perú.
“Como socios de cooperación del Perú, nos preocupan las enmiendas propuestas a la ley de creación de la APCI que restringirán la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio”, se lee en el comunicado publicado en la cuenta de X de la Unión Europea en Perú.
Comunicado de la Unión Europea en Perú. Foto: Unión Europea en Perú
También, se hizo referencia al posible ataque a la democracia, si esta norma llega a aprobarse. “Las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades de los ciudadanos”, indica la misiva.
Gobierno busca sancionar a las ONG
De esa forma, la mirada internacional también criticó la norma. El proyecto prevé la creación de una Intendencia Nacional de Control de Entidades que Gestionan la Cooperación Técnica Internacional, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Esta entidad tendrá como labor controlar, supervisar y fiscalizar a las entidades que gestionan la Cooperación Técnica Internacional para identificar situaciones de riesgo que conlleven a evasión de impuestos, mal uso de beneficios tributarios e incrementos patrimoniales no justificados de sus directivos, entre otros. De encontrarse faltas, estará facultada para imponer sanciones a las organizaciones no gubernamentales.
De esa forma, la iniciativa establece una serie de sanciones para las infracciones consideradas como leves, graves o muy graves cometidas por las ONG. La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) llevará un registro actualizado de todas las organizaciones y entidades que desarrollen activismo político con financiamiento de la cooperación internacional. Los castigos irán desde una amonestación por escrito hasta la suspensión temporal de los beneficios que otorga la inscripción en los registros a cargo de la APCI.
Se contempla una multa por hasta 2 millones 575 mil soles (500 Unidades Impositivas Tributarias). En los casos más graves, también se castigará a los infractores con la cancelación de la inscripción y registro en la APCI.
Como falta grave se considera el no inscribir en los registros de la APCI a las personas jurídicas sin fines de lucro que gestionen cooperación técnica internacional cuando estas acciones se realicen con la participación de los organismos del Estado y cuando la entidad cooperante originaria sea un organismo bilateral o multilateral del que el Estado es parte.
Fuente: La República
