Alto a la impunidad. Afirman que decisión de la fiscal de la Nación, no garantiza el acceso a la justicia y buscaría impunidad para los represores. Patricia Benavides pide confiar en el Ministerio Público.
Para los familiares de las víctimas y los heridos durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte y el Congreso, la decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de centralizar las investigaciones en Lima, a cargo de un equipo especial de fiscales, no garantiza acceso a la justicia.
Todos temen que el anuncio de Benavides esconda la intención de generar impunidad y que nunca se sancione a los responsables directos de las muertes y heridos graves, así como a aquellos que dieron las órdenes de disparar con armas de guerra contra los manifestantes.
“Como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos merecemos respeto y tenemos el derecho a conocer la verdad de los crímenes ocurridos contra nuestros familiares, por ello rechazamos la decisión de la fiscal de la Nación de derivar los casos de Ayacucho a Lima”, señala la Asociación de Familiares de los Asesinados y Heridos del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho.
Preocupación. El equipo especial genera dudas entre los familiares de las víctimas y heridos. Foto: EFE
Subrayan que la investigación que realiza el despacho de la Fiscalía contra Dina Boluarte no ha avanzado como debe ser. “Por el contrario, nos da la impresión de un afán de retrasar las investigaciones, ya que incluso no nos permiten participar como víctimas con nuestros abogados en las declaraciones de los denunciados”, precisan en un comunicado público.
“Consideramos —prosigue el texto— que esta decisión de la fiscal de la Nación afecta nuestro derecho de acceso a la justicia porque, al derivar los casos a Lima, nos limitará en tiempo y costo realizar el seguimiento y vigilancia de nuestros casos, más aún sabiendo de nuestros recursos precarios”.
Ante esto, invocan a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General y a las instituciones aún independientes, así como organizaciones y defensores de derechos humanos, a denunciar este abuso”.
A fin de que se escuche su posición y se denuncie esta situación ante la comunidad internacional, la Coordinadora de Derechos Humanos, junto con abogados de instituciones de DDHH y los familiares de las víctimas de La Libertad, Puno, Ayacucho y Lima, ofrecerán este miércoles 5 de abril una conferencia de prensa.
En el evento se anunciarán una serie de medidas en defensa de sus derechos internacionales ante el tercer cambio de los fiscales que ven los casos de las muertes y heridos en las protestas ciudadanas contra el Gobierno de Boluarte y la mayoría del Congreso, por adelanto de elecciones y nueva Constitución.
Pide confianza
En tanto, la fiscal de la Nación pidió a las víctimas y la sociedad tener confianza en el trabajo que realizarán los integrantes del equipo especial. “La competencia de este equipo especial será a nivel nacional y garantizamos un enfoque en la víctima y los derechos humanos, respetando la dignidad y que las víctimas sean tratadas con humanidad durante las investigaciones”, sostuvo Benavides.
Agregó que el principal objetivo de este grupo no es que los ciudadanos vengan al Ministerio Público, sino que el Ministerio Público se acerque a ellos, para lo cual contará con una unidad de peritos forenses y de atención a víctimas, a fin de concluir las indagaciones en plazos razonables y oportunos.
Sin embargo, la manera en que se forma este equipo generó una serie de dudas. El equipo solo tiene vigencia por tres meses y es poco probable que en ese periodo se concluya con un veredicto judicial.
Los fiscales especiales quedan así supeditados a los intereses de la fiscal de la Nación, antes que a las necesidades de investigar o al reclamo de justicia, lo mismo que pasaba en los años 90 con los fiscales ad hoc.
Igualmente, al frente del equipo está una fiscal que avaló y respaldó la posición del Gobierno durante el allanamiento al campus de la Universidad de San Marcos.
Necesidad de preservar las pruebas ya obtenidas
Úrsula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, sus siglas en inglés), recomendó a los fiscales de derechos humanos y los familiares de las víctimas preservar copias de los expedientes y de pruebas ya obtenidas, antes de su entrega al equipo especial, ante la eventualidad de que alguna de ellas se pierda.
Capacitación
ONU. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH capacitará a los fiscales especializados, pero eso no supone ni apoyar ni acompañar las investigaciones sobre las muertes en las protestas.
Fuente: La República
