En entrevista con RPP, el abogado Fernando Ugaz dijo que los parlamentarios Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Aragón, Luis Cordero e Illich López pretenden entorpecer la investigación abierta en contra de ellos por el presunto delito de organización criminal, patrocinio ilegal y otros.
El abogado especializado en derecho penal, Fernando Ugaz, afirmó que la denuncia constitucional presentada por los congresistas Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Aragón, Luis Cordero e Illich López contra la fiscal suprema Delia Espinoza “no tiene sustento legal”.
En entrevista con Ampliación de Noticias de RPP, dijo que el Congreso “utiliza el poder que ostenta para obstruir la justicia y para beneficio propio”.
El pasado 1 de marzo, Delia Espinoza, titular de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, incluyó a 14 congresistas en la investigación abierta a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntamente liderar una red criminal en el Ministerio Público. El prófugo líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, también fue comprendido en este caso.
A juicio de Fernando Ugaz, lo que se proponen los cinco legisladores es “entorpecer la actividad probatoria” y “los actos de investigación”. “Lo que desean, principalmente, es tener un fiscal a la medida”, remarcó.
Los parlamentarios Chirinos, Tello, Aragón, Cordero y López acusan a Espinoza de los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de la función pública, así como de haber supuestamente infringido los artículos 39, 51, 99, y 159 de la Constitución, a raíz de la pesquisa abierta en contra de ellos. Por esa razón, piden que se le levante el antejuicio político y se le inhabilite 10 años de la función pública.
Rechazan denuncia constitucional
Los parlamentarios aseguran que el único que puede abrirles investigación preliminar es el fiscal de la Nación y que tampoco está permitida la delegación de esta competencia a otro fiscal.
“En este contexto, la violación del debido proceso, desde la perspectiva del derecho al fiscal competente, es evidente. Esto se debe a que una fiscal suprema, sin más fundamento que una disposición administrativa, ha asumido indebidamente la autoridad para incluir a Congresistas de la República en investigaciones preliminares que ella misma ha iniciado, a pesar de no tener competencia para llevar a cabo dichas investigaciones en el procedimiento de acusación constitucional por presunta comisión de delitos de función atribuidos a los funcionarios del Estado, según lo establecido en el artículo 99 de la Constitución”, se lee en el documento de denuncia constitucional.
No obstante, en un pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos, el titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, explicó que derivó la potestad de la investigación a Delia Espinoza por “el hecho inminente (de) que iba a ser convocado como testigo en la referida investigación,” con la finalidad de garantizar “la prevalencia de los principios de objetividad, imparcialidad y transparencia en la investigación”.
