Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo: “Estándares del SIDH son de obligatorio cumplimiento para el Estado”

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, emitió el último sábado 9 de diciembre un pronunciamiento con motivo de fin de año, en el que abarca diferentes temas como la protección a las poblaciones más vulnerables, el respaldo y apoyo a los líderes indígenas y el respeto y atención de su institución al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No obstante, el pronunciamiento deja por fuera una serie de acciones últimamente registradas que contravienen directamente este sistema; como la liberación de sentenciados por delitos de lesa humanidad, como en el caso del expresidente, Alberto Fujimori.

En su pronunciamiento, el titular de la Defensoría insistió en lo detallado por el Canciller Javier González-Olaechea respecto a la posición del Perú en el marco del desacato a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); insistiendo en que su institución “reafirma su compromiso de la defensa de los derechos fundamentales de la persona de manera individual, pero también de manera colectiva”.

“Elevamos nuestros votos para que podamos trabajar de manera conjunta en concordancia con las normas y estándares nacionales provenientes del Sistema Internacional Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH); que son de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano y que conforman parte del derecho interno, según el artículo 55 y la cuarta disposición final transitoria de la Constitución Política del Perú”, aseveró Gutiérrez recordando las responsabilidades del Gobierno ante el ámbito internacional.

Josué Gutiérrez juramentó como Defensor del Pueblo en mayo de este año. Bancadas de Fuerza Popular y Perú Libre impulsaron su elección.

Según el defensor del Pueblo, elegido por amplia mayoría en el Congreso con apoyo de Fuerza Popular y Perú Libre, el Gobierno de Dina Boluarte está sujeto a tres normas importantes: “primero, respetar los derechos humanos, absteniéndose de violarlos; segundo, proteger estos derechos, interviniendo mediante medidas de protección en favor de las personas defensoras contra las amenazas de agentes no estatales; y tercero, cumplir y garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas disfruten de sus derechos y realicen sus actividades como cualquier otro”.

No obstante, y pese a estas referencias respecto a la adscripción del Ejecutivo al SIDH, Gutiérrez evitó emitir pronunciamiento alguno respecto a la liberación de Fujimori, y lo que la medida de desacato representa para el país y los deudos de las víctimas de las masacres perpetradas en Barrios Altos y La Cantuta. Sobre todo en un contexto en el que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado que estas acciones corresponden a un claro acto de “impunidad” respecto a estos derechos.

Defensoría expresa su preocupación respecto a asesinato de líderes indígenas

Otro tema importante que Josué Gutiérrez trató en su pronunciamiento fue la gran cantidad de asesinatos perpetrados en contra de líderes indígenas que venían pidiendo garantías para su vida. “En relación con las personas defensoras de derechos humanos, expresamos nuestra preocupación por la situación que enfrentan quienes dedican sus esfuerzos a esta labor en nuestro país”, detalló el funcionario.

El defensor ambiental Quinto Inuma Alvarado fue asesinado en San Martín.

Asimismo, aseveró que muchos de estos “vienen siendo, de un tiempo a esta parte, víctimas de estigmatización, detenciones arbitrarias, utilización indebida del derecho, amenazas e incluso homicidios”. En ese sentido, Gutiérrez resaltó el caso del último líder indígena Quinto Inuma, cuya muerte ha significado el caso número 32 de asesinato a un defensor ambiental en diez años.

“Recientemente, fue asesinado el líder indígena Quinto Inuma Alvarado, apu de la comunidad nativa Santa Rocío de Yanayapu, allá en nuestro departamento de San Martín. Este líder, en su incansable tarea de defensa del medio ambiente, había denunciado amenazas constantemente. Por tanto, consideramos que la protección de este grupo de personas, debe enmarcarse dentro del contexto que las tres obligaciones que las normas internacionales de los derechos humanos imponen a los estados”, recalcó el funcionario.

Fuente: Infobae