Estado peruano tendría que acatar orden «para que participe de las elecciones y la ciudadanía pueda elegir», según Guido Croxatto
El nuevo abogado de Martín Vizcarra, Guido Croxatto, refirió que las inhabilitaciones del Congreso al expresidente, ahora, su patrocinado, podrían quedar sin efecto con un fallo que podría dar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El letrado argentino en entrevista con Exitosa recordó que el exmandatario solicitó a la CIDH que acepte una medida cautelar para que le ordene al Estado peruano levantar las inhabilitaciones impuestas en su contra.
Croxatto fue crítico respecto de lo que resolvió el Parlamento. «Es una medida desproporcionada sacarse de encima a un candidato que puede ganar las elecciones», aseguró.
Al respecto dijo que hay antecedentes internacionales que podrían servir de precedentes importantes a favor de Vizcarra Cornejo, como los casos de Nicaragua y Venezuela, dado que la CIDH podría ordenar al Estado peruano “suspender temporalmente o levantar las tres suspensiones de la función pública vigentes en su contra”.
«Lo que puede hacer la Comisión cuando recibe una medida cautelar es lo mismo que hizo en Nicaragua y en Venezuela y es ordenarle al Estado que levante esas inhabilitaciones y que permita que Martín Vizcarra participe de las elecciones y que la ciudadanía pueda elegir», explicó a Nicolás Lúcar.
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“A la ciudadanía le están impidiendo elegir a su candidato de preferencia”
Respecto a la vulneración de los derechos de Martín Vizcarra por estar suspendido de la administración pública, pese a que tiene un juicio oral en curso, Guido Croxatto dijo que son «irreparables». Y que esa figura aplicaría a la ciudadanía que lo respalda en las encuestas de opinión, ya que, “le están impidiendo elegir a su candidato de preferencia en un proceso electoral”.
Como se recuerda este 29 de septiembre, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra Martín Vizcarra por los presuntos delitos contra la administración pública -negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo – y nombramiento ilegal, ambos en agravio del Estado.
Esto, por “haberse interesado indebidamente y en forma directa en la designación de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado, sin cumplir con los requisitos legales para ocupar el cargo”. Nombramiento que se efectuó el 1 de febrero del 2020, con una resolución del ministerio de Justicia, cuya titular de entonces, Ana Teresa Revilla Vergara, también está incursa en el caso.
Fuente: El Búho
