El Congreso de la República del Perú aprobó la madrugada de este viernes la vacancia de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, con 122 votos a favor y sin abstenciones, marcando el final de un gobierno que duró casi tres años y estuvo marcado por denuncias de corrupción, represión y descontento social.
En su reemplazo asumió la presidencia José Jerí Oré, hasta entonces titular del Congreso y miembro de Somos Perú, quien juró el cargo pasada la medianoche, iniciando una transición que él mismo calificó de “excepcional y temporal”. Jerí prometió “reconciliación nacional y firmeza frente a la delincuencia”, convocando a la unidad de las fuerzas políticas y sociales.
Atentado contra Agua Marina, detonante político
El giro político se precipitó tras el atentado armado contra el grupo musical Agua Marina, ocurrido el miércoles 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos, que dejó cinco heridos y provocó una ola de indignación ciudadana. El hecho reforzó la percepción de un Estado desbordado por la inseguridad, y aceleró las mociones de vacancia contra Boluarte.
Incluso antiguos aliados del Ejecutivo se sumaron a la destitución. El Parlamento actuó en medio de fuertes reclamos ciudadanos y advertencias de los gremios empresariales, que exigieron un gabinete técnico, medidas urgentes de seguridad y respeto al calendario electoral rumbo a las elecciones generales de 2026.
Boluarte rechaza exilio y enfrenta investigaciones
Tras su salida, Dina Boluarte reapareció públicamente negando haber solicitado asilo político y afirmando que “permanece en su hogar”. Su abogado confirmó que no asistirá a la audiencia del 15 de octubre, donde el Ministerio Público solicitará impedimento de salida del país por 36 meses en el marco de investigaciones por presunto lavado de activos y corrupción.
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ratificó que la Fiscalía agotará todas las vías legales en los casos vinculados a Boluarte, incluyendo el uso de relojes de lujo, operaciones estéticas no declaradas y las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023.
Desafíos y controversias del nuevo gobierno
El presidente José Jerí, de 48 años, asume el cargo con cuestionamientos pendientes. En 2022 enfrentó una denuncia por violación sexual, archivada por falta de pruebas. Sin embargo, diversos colectivos feministas y agrupaciones ciudadanas convocaron marchas en su contra bajo el lema: “Un violador no puede ser presidente”.
Los gremios empresariales (Confiep, IPAE, Perúcámaras) demandaron estabilidad y respeto institucional, advirtiendo que la inseguridad cuesta al país cerca de S/ 19,800 millones anuales. Paralelamente, partidos de izquierda como Juntos por el Perú exigieron la restitución de Pedro Castillo y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, lo que añade tensión al ya frágil escenario político.
Un nuevo capítulo en la inestabilidad peruana
Con la destitución de Boluarte, el Perú suma seis presidentes en menos de diez años, consolidando una crisis institucional que parece no encontrar salida. La figura de la vacancia por incapacidad moral permanente se ha convertido en un arma recurrente del Parlamento, reflejo de un sistema político fragmentado y sin legitimidad social.
El país ingresa así a una etapa de transición incierta, marcada por el reto de restaurar la confianza ciudadana, garantizar elecciones limpias en 2026 y enfrentar una ola de criminalidad que ha convertido a la inseguridad en la principal preocupación nacional.
