La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, inició diligencias previas contra la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar.

Esto a raíz de la contratación presuntamente irregular de Jonatan Jorge Ríos Morales como director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), perteneciente a dicha cartera.

El caso

El último domingo, el programa Punto Final emitió un reportaje en el que daba cuenta que la Contraloría General de la República detectó irregulares en la contratación de Ríos Morales al no contar con los requisitos profesionales para tal función.

Por tal motivo, el referido funcionario fue retirado de su cargo el pasado 5 de enero, tras permanecer un año al frente del PNSU.

La nota periodística resalta que pare ejercer el cargo de director ejecutivo requería de 10 años de experiencia en el sector público con cargos afines, además de contar con títulos profesionales universitario en carreras, así como contar con estudios de post grado o de especialización.

Sin embargo, el 6 de enero, un día después de que Jonatan Ríos Morales fuera cesado de su puesto, el Ministerio de Vivienda publicó una resolución modificando los requisitos mínimos para ocupar el referido cargo, con un perfil presuntamente direccionado al funcionario.

En el nuevo clasificador, por ejemplo, señala que para ser director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) solo se necesita un título universitario o un grado académico de bachiller y seis años mínimos de experiencia general en el sector público o privado.

Cuatro días después de estos cambios, el 10 de enero, Jonatan Ríos Morales, ingeniero pesquero de profesión, es designado nuevamente como director ejecutivo del PNSU.

En el referido reportaje, el abogado Cristhian Castillo, explicó que en este hecho está contemplado el delito de colusión agravada.

“Estamos hablando de un delito que ha cometido la ministra y un delito que ha cometido el director. ¿Por qué? Porque se ha nombrado a alguien y alguien ha aceptado un cargo que no tiene los requisitos de ley. Eso está establecido por el Código Penal y tiene una pena vigente y es un delito”, señaló el letrado.