Se trata de los representantes de Inversiones Tecnológicas del Perú SAC, empresa que se vio beneficiada con dos millonarios contratos en 2023. Por el direccionamiento habrían desembolsado 30 mil soles para la exfiscal de la Nación
Los representantes de la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú SAC, que ganó más de 7 millones de soles en contratos direccionados con el Ministerio Público durante la gestión de Patricia Benavides, se acogieron a la confesión sincera, según dio a conocer el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
Durante la audiencia de prisión preventiva contra Miguel Gira, Abel Hurtado y otros detenidos durante el operativo Valkiria XI, el fiscal Freddy Niño Torres aseguró que la confesión sincera de los empresarios Johan Chauca Ipanaguirre y Gustavo Ivan Bullón Ausejo ayudará a identificar la ruta del dinero.
“(…) Se ha traído como graves y fundados elementos de convicción el estado de cuenta emitido en octubre y diciembre de 2023 por parte del investigado Gustavo Bullón Ausejo, quien junto al investigado Chauca Iparragirre, se ha acogido a la confesión sincera, según el artículo 160 del Código Procesal Penal. Han delimitado, han detallado las formas y circunstancias en cómo se habría gestado y se habría entregado el dinero. Se encuentra evidencia a través de sus declaraciones, por supuesto, corroborado con los estados de cuenta (…)”, dijo Niño Torres.
La confesión sincera consiste en el reconocimiento por parte del investigado de los hechos delictivos que el Ministerio Público le imputa, a cambio de una reducción de la pena de hasta un tercio del mínimo legal.
Los hechos
A los empresarios Johan Chauca Ipanaguirre y Gustavo Ivan Bullón Ausejo, ahora sometidos a la confesión sincera, se les imputa ser cómplices primarios del delito de colusión agravada por dos hechos: dos adquisiciones de equipos de cómputo del Ministerio Público. La primera contratación fue de 3.451.769,31 soles, mientras que la segunda de 4.070.666,87 soles. En total fueron 7.522.436,18 soles.
El nexo, según la tesis fiscal, entre los representantes de Inversiones Tecnológicas del Perú SAC fue Giancarlo Valer Enciso, un conocido de Jaime Villanueva.
“Durante el mes de julio del 2023 (Patricia Benavides) se habría reunido con Jaime Villanueva, indicándole que se iba a realizar un proceso de contratación para la adquisición de computadoras, y que le avise a Giancarlo Valer Enciso para que una empresa vinculada a él pueda participar en el proceso y resulte ser la ganadora de la convocatoria que se realizaría próximamente, todo ello, a cambio de que Giancarlo Valer Enciso acuerde con sus socios la entrega una suma de dinero”, sostiene la Fiscalía.
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Como parte de las diligencias, el Eficcop identificó que los términos de referencia de la primera adquisición fueron elaborados por Inversiones Tecnológicas del Perú SAC. Pese a ello, la empresa no resultó elegido. Sin embargo, el Ministerio Público no emitió las órdenes de servicio, por lo que se convocó a un nuevo proceso donde sí saldría ganadora la compañía aludida.
A cambio del direccionamiento, según reveló Jaime Villanueva, recibió de Giancarlo Valer Enciso un sobre manila de 70 mil soles, de los cuales 30 mil soles se le habría entregado a Patricia Benavides.
“La intención de una parte de la estructura criminal era que la exfiscal de la Nación Patricia Benavides tenga un rol incisivo en el direccionamiento de los diversos procesos de contratación que ofertaría el Ministerio Público”, apunta la Fiscalía.
Según Villanueva, le entregó el monto que le correspondía a Benavides en el despacho de la Fiscalía de la Nación. “La exfiscal de la Nación le agradece y le menciona que parte de ese dinero lo utilizaría para pagar los gastos médicos de su hijo, quien había sido operado en la clínica San Pablo ubicada en el distrito de Santiago de Surco”, sostiene el Eficcop.
Luego de ello, la presunta organización criminal direccionó una nueva adquisición de computadoras a favor de Inversiones Tecnológicas del Perú SAC. El monto ahora superaba los 4 millones de soles.
Piden suspensión de Patricia Benavides
La fiscal suprema Delia Espinoza solicitó al Poder Judicial la suspensión de Patricia Benavides de su cargo como fiscal suprema por un período de 36 meses. Esta solicitud se enmarca en la investigación por presuntamente liderar una organización criminal. La medida fue presentada ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el 10 de mayo y la audiencia ha sido programada para el 22 de mayo a las 9:30 a.m.
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Comunicado de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos