La Fiscalía continúa investigando el caso y las posibles implicaciones de los involucrados en el direccionamiento de fondos para la contratación de equipos de cómputo durante la gestión de Patricia Benavides.
Tras el allanamiento realizado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), en el operativo Valkiria II, donde 21 viviendas fueron registradas y 7 personas fueron detenidas, el Ministerio Público dio a conocer que durante la gestión de la fiscal suspendida Patricia Benavides se habría direccionado un monto de S/7.522.436,18 para la contratación de equipos de cómputo
“…, pues hasta antes del 5 de setiembre del 2023, se contrataron con el Ministerio Público la suma de (…) (S/209.459,27) y después de su designación contrataron con esta entidad por la suma de (…) (S/7.522.436,18), lo que hace advertir que todas esas contrataciones de equipos de cómputo en el Ministerio Público habrían sido concertadas con los socios de la empresa y funcionarios de alta dirección del Ministerio Público, bajo la misma modalidad y procedimientos que se realizaron con antelación…”, se lee en el documento.
Esta tesis manejada por la Fiscalía tiene como figura principal al abogado penalista José Luis Castillo Alva, a quien ha sido acusado por tener presuntos vínculos ilícitos con Benavides. Castillo Alva se habría encargado de la coordinación de este direccionamiento a favor de la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú S. A. C.
Él es investigado en relación con el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, debido a sus conexiones con Orlando Velásquez, quien fuera presidente del extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Castillo Alva fue abogado del prófugo exjuez supremo César Hinostroza y del alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez.
Además, dentro de este presunto acto de corrupción también estarían involucrados los exasesores de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, quien es aspirante a colaborador eficaz, y Miguel Ángel Girao Isidro, quien fue detenido en el operativo llevado el último martes 23 de abril.
En adición a ello, también se le suma Jorge Luis Palomino Quesada, quien cumplía el rol de operador, era gerente de logística dentro del ministerio. Él ha sido acusado por el presunto delito de obstaculización. El Ministerio Público sostiene que habría llevado a cabo reuniones clandestinas con individuos previamente mencionados, las cuales consistían en la planificación de los procedimientos de contratación y la consecución del otorgamiento de la buena pro.
Patricia Benavides: así sería la organización criminal que habría estado manejando el Ministerio Público
Según la hipótesis de la fiscalía, la organización criminal presuntamente dirigida por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría manipulado el poder exclusivo de la persecución penal para beneficiar intereses particulares y obtener ganancias ilícitas a través de prácticas corruptas.
Esta red logró consolidarse mediante estrategias diseñadas para eludir procesos y sanciones legales, manteniendo así su posición en el más alto nivel de la jerarquía penal. Según se alega, exasesores de Benavides habrían ejercido influencia indebida sobre decisiones de miembros del Congreso de la República con el objetivo de promover la destitución de Zoraida Ávalos, fiscal suprema y potencial sucesora en caso de destitución de Benavides. Además, se sospecha que intervinieron en la designación del defensor del Pueblo y buscaron la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia para evitar la destitución de Benavides.
