Los magistrados que integran la Segunda Sala de Apelaciones contra el Crimen Organizado deberán decidir en los próximos días si corresponde dictar dos años y medio de suspensión de actividades contra Fuerza Popular en el contexto del caso Cócteles (Odebrecht).

La decisión está en manos de los jueces superiores Walter Gálvez, Iván Quispe y Edgar Medina, luego de que escucharan ayer la impugnación de la Fiscalía contra la orden de vigilancia judicial por 24 meses, que había emitido en primera instancia Víctor Zúñiga Urday contra la organización que lidera Keiko Fujimori

En aquella resolución se ordenó que Fuerza Popular informe sobre la forma en que se pagarán deudas pendientes a medios de comunicación, boletas, actividades de obtención de recursos económicos, entre otros.

Por esta razón, el fiscal superior del equipo especial Lava Jato, Hernán Mendoza, sostuvo ante el tribunal que en el partido fujimorista todavía existe un peligro concreto de “reiterancia delictiva”, insistiendo en la postura del fiscal José Domingo Pérez. Como defensa del fujimorismo estuvo el exprocurador Christian Salas Beteta, quien apeló para que se revoque la vigilancia judicial.

“La continuidad de la investigación preparatoria (habilitada hasta febrero del 2022) no se debe a una incapacidad para culminar, como se alega. La defensa ha solicitado también actos de descargo”, resaltó en un momento de la audiencia el representante del Ministerio Público.

Al final de la sesión virtual, los magistrados de la Segunda Sala de Apelaciones informaron que decidirán ambas impugnaciones (de la Fiscalía y de Fuerza Popular) en los próximos días y notificarán su resolución a las partes del proceso.

La Procuraduría de Lavado de Activos se pudo constituir el último martes como actor civil en defensa del Estado en el caso Cócteles. Con ello, podrán solicitar un monto de reparación civil a favor del país por seis presuntos delitos.

A la fecha, el monto preliminar que maneja esta Procuraduría contra los implicados es de S/ 36.934.749. El monto final que podrían pagar se decidirá en un juicio oral.

Fuente: la Republica