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Procuraduría solicitó investigar a Patricia Benavides por presuntamente querer favorecer al congresista José María Balcázar

El pedido del procurador general del Estado, Javier Pacheco, contra la exfiscal de la Nación se basa en la declaración del exasesor Jaime Villanueva el 24 y 30 de enero pasado.

Nueva información en manos de la Fiscalía complica la situación legal de Patricia Benavides. Foto: composición Infobae

La Procuraduría general del Estado solicitó este viernes que se disponga el inicio de diligencias preliminares en contra de la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el congresista José María Balcázar (Perú Bicentenario) a raíz de las últimas declaraciones de Jaime Villanueva que los involucra a ambos muy seriamente.

El pedido realizado por el cuestionado procurador general, Javier Pacheco, sobre Benavides y Balcázar es para que sean investigados por la comisión de los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio cohecho activo genérico en agravio del Estado. Y es que el testimonio del llamado ‘filósofo’ los complica.

Según lo relatado por Villanueva, la extitular del Ministerio Público habría buscado presionar a una fiscal de Lambayeque para que archive una investigación contra Balcázar por apropiación ilícita de unos documentos de su gestión como decano del Colegio de Abogados de Lima. La funcionaria en mención era Carmen Graciela Miranda Vidaurre.

Actualmente, Miranda se desempeña como presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque. Sin embargo, la época en la que Villanueva dijo que Miranda iba a recibir una comunicación de Benavides era la segunda mitad del 2022, cuando estaba a cargo de la Primera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque.

Procuraduría general del Estado solicitó el inicio de indagaciones preliminares contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el congresista José María Balcázar.Procuraduría general del Estado solicitó el inicio de indagaciones preliminares contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el congresista José María Balcázar.

La fiscal Carmen Miranda Vidaurre tenía la responsabilidad de ratificar o rechazar el requerimiento de sobreseimiento (archivo) que un fiscal provincial impulsó a favor del parlamentario Balcázar. Es así que Jaime Villanueva tuvo que contactarse con ella.

“Buenos Días, Dra. Miranda, le saluda Jaime Villanueva, asesor de la Fiscal de la Nación, cuando pueda, por favor, me devuelve la llamada o me dice para llamarla”, fue el mensaje el ‘filósofo’ mandó a la doctora el 14 de noviembre del 2022 a través de la aplicación WhatsApp.

Tras este mensaje, Villanueva habló telefónicamente con Miranda. La fiscal recibió el encargo de Patricia Benavides para beneficiar a Balcázar, pero lejos de cumplir este requerimiento, dijo “sería resuelto con arreglo a ley”.

Otro fiscal enviado por Benavides, Elmer Ríos, quien entonces tenía la coordinación del Equipo Especial del caso Cuellos Blancos del Puerto, también quiso presionar a Miranda en una reunión que tuvieron el 18 de noviembre, pero no logró su objetivo.

Fiscal Carmen Miranda Vidaurre, quien rechazó presiones ilícitas de Patricia Benavides para favorecer ilícitamente a José María BalcázarFiscal Carmen Miranda Vidaurre, quien rechazó presiones ilícitas de Patricia Benavides para favorecer ilícitamente a José María Balcázar

Tras estas presiones, la fiscal Carmen Miranda Vidaurre entregó su celular al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EEFICOP) sobre la pretensión de la exfiscal de la Nación. Además, brindó su declaración el 4 de diciembre del año pasado.

Iba a respaldar

La suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió presuntamente beneficiar ilícitamente al congresista José María Balcázar porque no quería que respalde las denuncias constitucionales que se presentaron en su contra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.

Adicionalmente, la extitular del Ministerio Público planteó que el integrante de la bancada de Perú Bicentenario también apoye la inhabilitación de la exfiscal suprema Zoraida Ávalos por 5 años de la función pública, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, y la remoción de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

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