Resistir y encubrir, por Rosa María Palacios

El hermano de la presidenta del Perú está en detención preliminar. El abogado de la presidenta, también. Se les imputa ser parte de una organización criminal dirigida por el propio Nicanor Boluarte, quien, en resumida cuenta, vendía puestos de trabajo en el sector público y reclutaba adeptos para un proyecto de partido político. Investigado por tal conducta, la presidenta desplegó su red para poner a su propio abogado, Mateo Castañeda, a ofrecer ascensos a los oficiales de la policía a cambio del archivo del caso. Cuando esto no ocurrió y ante la inminencia de las detenciones, Dina Boluarte y el ministro del Interior, Walter Ortiz, desactivaron al equipo policial que le prestaba apoyo a la fiscal Marita Barreto alegando una falsa duplicidad con la Diviac. Por este último hecho también se ha abierto investigación preliminar y el fiscal de la Nación ha protestado.

Parece mucho para un solo día, pero este es el último capítulo de una historia delictiva desde el poder que se alarga sin fin y se agrava sin esperanza. A estas alturas de su breve gobierno, Boluarte acumula investigaciones por graves violaciones al derecho fundamental a la vida (49 asesinados por el ejercito y la policía nacional por protestar contra ella) y por corrupción de distinta índole. Arrancó con ‘Los Dinámicos del Centro’ cuando era vicepresidenta y ha continuado con el caso Rolex (donde confesó los hechos que tipifican enriquecimiento ilícito) para rematar esta semana con su participación en tres organizaciones criminales más: ‘La Inteligencia en la Sombra’ (actividades ilícitas del coronel PNP en retiro Martín Gonzales, alias Conejo); ‘Los Waykis en la Sombra’ (actividades ilícitas de encubrimiento a su hermano); y ‘La Fiscal y su Cúpula de Poder’ (nombramientos en Fovipol y Pronied solicitados por Patricia Benavides y concedidos por Boluarte).

Dina Boluarte asumió la presidencia porque Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado que buscaba no solo hacerse del poder absoluto sino también encubrir sus graves actos de corrupción en materia de adjudicación de obra pública y otros beneficios a familiares y allegados. Con todos sus defectos, fue la democracia la que lo frenó y lo colocó donde corresponde: la cárcel. Hoy, no hay quien ponga freno a su sucesora que resultó cortada con la misma tijera, salvo por la retórica de izquierda que, convenientemente, Boluarte abandonó bien rápido para pactar con los vacadores de su exjefe.

Boluarte no solo acumula expedientes penales. Se salvó de una acusación por infracción a la Constitución en el caso de su gestión (prohibida) del Club Apurímac. Pero resulta grave su desaparición de 12 días para pasar por cirugía plástica (información no desmentida hasta hoy) sin comunicar al Congreso la necesidad de declarar una suspensión por incapacidad física temporal al estar horas anestesiada. ¿Quién gobernó el Perú? Los artículos 114 y 115 de la Constitución son clarísimos. Debía activarse la sucesión presidencial y por tanto le correspondía al presidente del Congreso (en ese momento Williams) asumir la presidencia por las horas o días de su convalecencia. Nuevamente un acto de frivolidad, como con los relojes y otras joyas “prestadas”, destruye el mínimo criterio que el más alto mandatario de un país le debe a los ciudadanos. Boluarte fue capturada por la sensualidad del poder y cayó ante todas sus tentaciones, incluidas las más banales.

Luego de detenido su hermano, la presidenta ha dicho que no la va a detener “un asunto menor”. Es imposible que esa su sincera apreciación de su situación. Como Patricia Benavides, el encubrimiento fraternal le va a costar caro, aunque la justicia llegue tarde. En esto, ambas mujeres son almas gemelas. Pero tapar a la hermana o tapar al hermano no solo ha sido determinante en sus destinos. Han logrado destruir las instituciones que les dieron tan altas responsabilidades convirtiéndolas en una cueva de delincuentes que se acusan entre sí y trazan campañas de acoso, de mentiras y desprestigio personal para que finalmente la opinión pública llegue a la conclusión, mareada entre tanto pillo y tanto colaborador eficaz, que “todos son lo mismo”. No, no todos son delincuentes en el poder, y algunas fuerzas quedan para combatir la corrupción. Esas serán necesarias para reconstruir un país arrojado a la pobreza según las cifras del INEI de esta semana, que la presidenta también pretendió ocultar.

El destino de Boluarte y de tanto otros altos funcionarios del Estado, metidos hasta las orejas en conductas ilícitas, pasan por el fiscal de la Nación y la Corte Suprema, pero primero pasa por el Congreso. La presidenta, congresistas, ministros y fiscal de la Nación tienen, para los ilícitos penales, que pasar por el antejuicio parlamentario, en teoría, una herramienta constitucional para evitar persecuciones políticas arbitrarias. ¿En la práctica? Un mecanismo de persecución de enemigos y protección de amigos. Por ahora, Dina Boluarte, como dicen en las mafias, “es amiga”. Patricia Benavides, también.

¿Cuándo le bajará el Congreso el dedo a Boluarte? Cuando tenga dominado el proceso electoral en beneficio de los partidos que están en el Congreso. Ya han eliminado las PASO y creado una reelección encubierta a través del Senado. Luego capturaron la JNJ para evitar la ratificación de Piero Corvetto. El objetivo se logró esta semana. Ahora van a rellenar la JNJ con los peores puestos de un concurso de hace cinco años para colocar un peón en la ONPE. Pero si sale mal, no hay problema. Van a desaparecer a la JNJ y a los titulares de ONPE y Reniec los elegirá el Senado. Es decir, ellos mismos.

El faenón parlamentario no se detiene. Se acaban de aprobar una ley que hace a los partidos políticos inimputables (como los menores de edad o los que padecen grave alteración de la conciencia), lo cual puede revertirse por control difuso. A estas alturas, el único poder del Estado que todavía no está capturado completamente por el pacto de facto es el judicial. Pero conociendo su historia de corrupción, les han ofrecido una jubilación a los 75 años. Con eso, su lealtad a la Constitución está en veremos.

Todos los Estados totalitarios siguen el mismo patrón. Socavan la democracia capturando, uno por uno, los poderes del Estado. Luego, controlan las elecciones. No solo a los organismos electorales sino, sobre todo, vetando candidatos con un JNE adicto. En el camino atacan la libertad de expresión acosando y difamando periodistas. Eso es parte del menú básico. El presidente puede ser el líder de la operación o un títere de paso hacia la verdadera dictadura. Está claro cuál es el papel de Dina Boluarte, por ahora aún funcional a los intereses del pacto, cuya única misión es resistir y encubrir.

¿Qué hacer? Renuncia, adelanto de elecciones, referéndum, Carta Democrática. Hay opciones, pero todas trabadas. Y con un pueblo que aguanta en silencio, “aquí todo es diferente, pero igual”.