Justicia. Tras una larga espera de 12 años, el tribunal de la Sala Penal Liquidador de Bagua determinó absolver a 26 nativos que fueron acusados por el fallecimiento de 10 policías durante el enfrentamiento en la Estación 6 de Petroperú.

El hecho había ocurrido el 5 junio del 2009. El juez Luis Torrejón determinó que no hubo responsabilidad penal para los acusados.

En un principio la Fiscalía pidió cadena perpetua contra los investigados por haber cometido cuatro delitos: secuestro agravado, extorsión agravada, arrebato de arma de uso oficial y disturbios.

Pese a esta situación, el abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan José Quispe, quien defendió a tres acusados, señaló que el tribunal aplicó las dos normas internacionales cuando se trata del procesamiento de miembros de comunidades indígenas o campesinas, como son el Convenio 162 de la OIT y las 100 reglas de Brasilia.

“Ha dicho que el Estado ha violentado estas normas al dar decretos legislativos que afectaban derechos indígenas. Ha hablado también de la consulta previa que originó esta protesta. Ha quedado claro que la protesta fue pacífica hasta el 5 de junio y que los hechos suscitados en Estación 6 ha sido una suerte de reacción por las muertes ocurridas en la Curva del Diablo”, argumentó.

Como parte las investigaciones se consideró el peritaje antropológico que precisó que las comunidades reaccionaron ante la amenaza de su ecosistema.

Finalmente, el letrado criticó que el Ministerio Público como la Procuraduría del Ministerio del Interior hayan interpuesto el recurso de nulidad en este caso, la cual será revisada por la Corte Suprema.

El dato

Quispe precisó que la declaración del gerente general de Petroperú, Fernando Urízar, fue importante, ya que reconoció que los manifestantes realizaron una protesta pacífica en la Estación 6, que se movilizaban dentro de las instalaciones e incluso veían televisión y jugaban fulbito con los policías, por lo que no existió ningún tipo de secuestro.