El caso del reparador de celulares al que le exigían dejar de prestar el servicio abre el debate pendiente en Colombia sobre la obsolescencia programada
Antes de que su nombre apareciera en titulares de prensa por una disputa con la reconocida marca Apple, Wilmer Becerra había dedicado más de diez años a reparar dispositivos electrónicos. Calmaba la frustración de dueños de celulares, tabletas y computadores con el logo de la manzana que se daban prácticamente por perdidos: pantallas quebradas por golpes o caídas, baterías o cargadores dañados, teclados averiados por la mala suerte de que les cayera algún líquido encima. Cientos de dólares —y de residuos electrónicos— a punto de ir a parar la basura, más aún si había pasado el tiempo de garantía.
El colombiano de 35 años se interesó por la electrónica desde que cursaba secundaria en un colegio público de Bucaramanga, la capital del departamento de Santander, en el nororiente del país. Como hijo de un transportador de carga y de una madre entregada al cuidado del hogar, inició su carrera con financiación del Icetex, la entidad estatal que otorga créditos educativos a personas con escasas posibilidades económicas. Para poder graduarse, trabajaba de día y estudiaba de noche.
“Desde que me dieron un trabajo en ese entonces reparando computadores portátiles, dije: ‘esto es lo mío’. Ahí trabajé como un año y después empecé como independiente”, recuerda en conversación con EL PAÍS. Becerra vio una oportunidad de negocio cuando recibía a clientes lamentándose. “Me decían: ‘fui a Apple y el arreglo —si es que lo había— vale lo mismo que el equipo’. Y yo pensaba: ahí hay un cliente que no está siendo atendido, que está buscando una solución. Porque además no son equipos baratos, no es como que se te daña el teléfono, lo tiras y te puedes comprar otro”, señala.
Becerra pasaba horas explorando los laberintos de diminutas piezas de los dispositivos. Mientras crecía como empresario, empezó a mostrar su trabajo en redes sociales como TikTok, donde tiene 5,3 millones de seguidores. Aprovechando el boom digital de la pandemia, explicaba en qué estado llegaban desde celulares hasta computadores y exponía los procesos de reparación. De ese modo, hizo visible una tarea que antes se quedaba oculta en los talleres de los apasionados por la electrónica.
Su marca se fue expandiendo a otros países de América Latina, desde México hasta Argentina. En agosto, el colombiano denunció que había recibido una comunicación de representantes legales de Apple, exigiéndole que se abstuviera de utilizar sus logos, que no se hiciera pasar por servicio autorizado y que dejara de ofrecer soporte de sus productos.
El reparador respondió públicamente: “¿No es el dueño de un iPhone autónomo de decidir dónde reparar un equipo de su propiedad? … En este mundo tan saturado de basura electrónica, ¿ofrecer una alternativa para traer un equipo a la vida y evitar que se tire a la basura y contamine esta mal?”, expresó en sus redes. Becerra aclaró que hacía tiempo había dejado de usar la imagen de Apple, que no se hacía pasar como servicio autorizado y que no dejaría de hacer su trabajo.
El pulso del colombiano con el gigante de la tecnología puso en evidencia el atraso del país en la regulación del derecho a reparar.
En Estados Unidos y Europa ya le hacen frente a la obsolescencia programada, técnicas que emplean algunos fabricantes para limitar la vida útil de los productos. El presidente norteamericano, Joe Biden, firmó a mediados de 2021 una orden ejecutiva para exigir a compañías tecnológicas como Apple poner a disposición de los usuarios los manuales, piezas y herramientas para hacer reparaciones. Ese mismo año, la Unión Europea ordenó tener piezas de recambio disponibles durante 10 años y planea obligar a las empresas a realizar reparaciones directas o por medio de terceros.
“Es un tema de consumismo. Los grandes fabricantes limitan la vida útil de los componentes para seguir fabricando más. Al final el que pierde es el usuario porque antes compraba un aparato que le duraba 20 años. Ahorita con el teléfono sacan el 15 y ya te dicen que el 14 está viejo”, afirma Becerra.
En el Congreso de Colombia podría abrirse paso a una iniciativa de la senadora liberal Laura Fortich para proteger los derechos de los consumidores. De ser aprobada, la ley obligaría a productores y comercializadores a informar el tiempo de vida útil y de disponibilidad de repuestos de dispositivos electrónicos. También otorgaría facultades sancionatorias a la Superintendencia de Industria y Comercio.
Además de proteger el bolsillo, la regulación es necesaria para mitigar el impacto ambiental y para prevenir riesgos para la salud por el contenido de sustancias peligrosas como el mercurio. Según el informe Global E-waste Monitor 2020 de las Naciones Unidas, en 2019 se alcanzó el récord mundial de generación de residuos electrónicos con 53,6 millones de toneladas, un peso superior al de todos los adultos de Europa. El informe predice que desechos como oro, plata, cobre, platino y otros materiales recuperables, sumarán 74 millones toneladas en 2030, duplicándose en apenas 16 años.
“Esto implica que son la categoría de residuos domésticos que más rápido crece en todo el mundo, alimentada por un consumo cada vez mayor de equipos eléctricos y electrónicos, ciclos de vida más cortos y pocas opciones de reparación”, indica el estudio.
El profesor de cambio climático de la Universidad Javeriana de Bogotá, Camilo Prieto, advierte que de todos los materiales que se extraen solo el 9% se recupera anualmente, una cifra asociada a la obsolescencia programada que exige una mayor demanda de componentes en las cadenas productivas y que aumenta la huella de carbono.
“Esto hace que la gente demande cada vez más equipos generando una presión sobre una mayor demanda de minería de metálicos y de dispositivos con un enorme impacto ambiental. Es un asunto que el mundo debería pensar como un problema ambiental serio”, apunta el experto.
Luego del cruce de cartas con los representantes de Apple, en las que Becerra les propuso una alianza para ofrecer reparaciones de calidad a miles de usuarios, el empresario ahora podrá acceder a refacciones directamente en Colombia. Antes tenía que adquirirlas en Estados Unidos, muchas veces con restricciones de importación, o reutilizarlas de otros equipos de la misma marca.
“Los electrodomésticos que tenían nuestros padres o nuestros abuelos duraban mucho tiempo. Yo por lo menos recuerdo que mi mamá tenía una nevera y duró como 30 años. Ahora llevo 15 años de casado y he tenido como cuatro neveras porque no duran. Al fabricante no le conviene tener un producto de larga vida, ni que el consumidor pueda conservarlo para poder vender más”, lamenta Becerra.
