Ocho horas y cuarenta minutos es el tiempo que ha estado activa la ley antimigrantes más dura de Estados Unidos que, tras ser aprobada por el Supremo, ha sido bloqueada por El Quinto Circuito de Apelaciones a la espera de los alegatos del gobierno de Texas.
Con esta polémica norma, conocida como Ley SB4 de Texas, se permite detener, encarcelar y deportar a migrantes indocumentados y se establecen nuevos castigos de hasta 20 años de prisión, para quienes ingresen en el país de manera irregular.
El Proyecto de Ley Senatorial 4, conocido como SB4, es una legislación estatal que endurece las medidas en contra de los migrantes en Texas, permitiendo a las fuerzas de seguridad locales solicitar papeles a cualquier persona sospechosa de haber ingresado al país ilegalmente en cualquier lugar, con la excepción de escuelas, iglesias, hospitales y centros de salud.
Esta revisión de documentos migratorios no será exclusiva de los condados fronterizos, sino que puede llevarse a cabo en ciudades lejanas al límite con México.
Aunque, sin duda, el aspecto más polémico de esta norma es su sistema estatal de deportación de personas, facultad que, hasta ahora, era exclusiva del Gobierno federal.
Estos son los aspectos más destacados de la ley:
- Penaliza los ingresos ilegales a Texas y los convierte en un delito estatal.
- Al ser un delito, esto le permite a los policías detener y deportar migrantes solamente por su apariencia.
- Autoriza a jueces estatales a ordenar la expulsión de migrantes a México.
- Destina 1.500 millones de dólares para que Texas construya su propio muro fronterizo.
- Asigna entre 20 – 30 millones de dólares de los impuestos que pagan los residentes de Texas por 1,6 km para construir el muro
El Gobierno de Biden ha rechazado esta ley en numerosas ocasiones con el argumento de que “el estado no puede administrar su propio sistema de inmigración” y ha presentado varias demandas para frenarla. También grupos de derechos civiles, incluida la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, han tratado de bloquearla.
También se han manifestado en contra Marisa Limón Garza, directora ejecutiva del Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas en El Paso, Texas, asegurando que la SB4 expondría a innumerables ciudadanos estadounidenses, hogares de estatus mixto e inmigrantes indocumentados a interrogatorios, registros, incautaciones y arrestos ilegales “basados en cuán extranjero se ven y cómo se comportan”.
Por su parte, Dylan Corbett, director ejecutivo del Hope Border Institute en El Paso, dijo que la nueva ley criminalizaría a las personas que buscan seguridad en la frontera e infundiría miedo en las familias de todo Texas -que representan el 40% de la población del estado-.
Por su parte, el Gobierno de Texas argumentó que la norma es producto de la inacción del Gobierno de Joe Biden en la frontera y que servirá para controlar la “invasión” en la frontera.
Esta no es la primera vez que se para la ley. En el largo camino judicial que esta norma inició a finales de febrero, un juez federal del distrito la bloqueó considerándola inconstitucional: “Permitir a Texas reemplazar la legislación federal con base en una invasión significaría anular la ley y autoridad federal, una noción que es antítesis de la Constitución y ha sido rechazada de forma inequívoca por los tribunales federales desde la Guerra Civil”, escribía David Ezra en su argumentación.
