Pedro Sánchez ha anunciado antes del Consejo de Ministros las claves del reconocimiento español de Palestina; un estado que, para España, tendrá las fronteras acordadas en 1967, con capital en Jerusalén Este, un territorio conformado por Gaza y Cisjordania, y un gobierno “legítimo” de la Autoridad Nacional Palestina, fijando así criterios imprescindibles para poder reconocer el Estado palestino.
La cuestión de la gobernabilidad de Palestina como estado es una de las más complicadas que rodean al reconocimiento: la Autoridad Nacional Palestina, creada en 1994, es el interlocutor legítimo de Palestina en el mundo, aunque su capacidad de gobierno sobre el territorio palestino es limitada en ciertas regiones. Es importante diferenciar a esta entidad de Hamás, una de las dos grandes facciones de la región y que controla de facto Gaza.
La Autoridad Nacional Palestina fue creada tras los Acuerdos de Oslo en 1994, una serie de acuerdos entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de Yasser Arafat para encontrar una solución permanente al conflicto palestino-israelí.
Estos acuerdos, que dividieron el territorio en tres zonas y repartieron la administración de las competencias en los mismos, diseñaron la ANP como una institución de autogobierno palestino que pasaría a ostentar el poder y las competencias de Gaza y Cisjordania. Las negociaciones concluyeron que Israel se retiraría de Gaza y otras zonas ocupadas, y si bien tendría el mando de la defensa y el control de las fronteras, cedería la administración civil del territorio a los palestinos.
La ANP fue creada como gobierno transitorio de Palestina durante cinco años hasta el pleno cumplimiento de los Acuerdos de Oslo, pero al no alcanzarse este, la ANP se ha mantenido y consolidado como el interlocutor y la única autoridad reconocida internacionalmente del Estado de Palestina: en 2012, Naciones Unidas le concedió al organismo el estatus de miembro observador, y es la ANP quien ostenta los consulados, oficinas y conversaciones con otros países del mundo. Es, por lo tanto, la representación legítima de Palestina en el mundo.
El mando de la ANP lo ostenta Fatah, una de las dos grandes facciones de Palestina (la otra es la milicia yihadista Hamás) y el integrante mayoritario de la OLP, que renunció a la violencia contra Israel en los Acuerdos de Oslo para pasar a defender el derecho al autogobierno palestino y la retirada israelí de los territorios ocupados, a diferencia de la defensa de la lucha armada defendida por Hamás.
Pese a sus competencias establecidas en los Acuerdos de Oslo, el control de la ANP sobre el territorio palestino es limitado: solo en Cisjordania mantiene el poder y la administración efectiva del territorio, mientras que en Gaza es Hamás quien ostenta el control de facto. De hecho, los conflictos internos entre las dos grandes facciones han conducido a la separación política de Gaza y Cisjordania: en las últimas elecciones que se celebraron en 2006 ganó el grupo islamista.
Además, el control de la ANP sobre Cisjordania es relativo, puesto que gran parte del territorio está intervenido y controlado por el Ejército israelí y ocupado por asentamientos de colonos. Todos estos factores dificultan el funcionamiento efectivo de la ANP como gobierno palestino, y por extensión genera dudas sobre su validez para ser considerado como tal a la hora de reconocer al Estado palestino.
La ANP se regula por la Ley Básica de Palestina, un documento de 2002 que actúa como constitución palestina, y además de determinar fronteras y parlamento, designa el poder ejecutivo de Palestina. Su presidente -que a su vez lo es de Fatah y de la OLP- es Mahmud Abás, quien ostenta el poder desde 2005. Aunque los mandatos presidenciales expiran cada cuatro años, Abás continúa en el poder sin convocar elecciones, lo que ha motivado protestas y peticiones de dimisión.
La sede de la ANP se encuentra en Ramala, una ciudad a 16 kilómetros de Jerusalén y que actúa como capital administrativa de Palestina al albergar instituciones y el cuerpo diplomático del país.
