En el Perú, los gobernadores regionales, el alcalde de Lima y muchos alcaldes provinciales están convirtiendo su gestión en plataformas de proyección política. Lo hacen con campañas millonarias, giras mediáticas, inauguraciones con tintes partidarios y actos de proselitismo disfrazados de gestión. Pero detrás de esa práctica —normalizada en la política criolla— se esconde un problema grave: el uso del aparato estatal y de los recursos públicos como trampolín electoral.
1. ¿Qué dice la norma?
El Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es claro:
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Artículo 32: se prohíbe a las autoridades públicas realizar actos que favorezcan o perjudiquen a partidos o candidatos durante un proceso electoral.
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Además, los funcionarios están impedidos de formar parte de comités políticos, usar recursos estatales con fines partidarios o realizar propaganda disfrazada de actos oficiales.
La neutralidad electoral no es un detalle técnico: es una garantía democrática. Sin ella, las elecciones dejan de ser justas porque los que ya gobiernan tienen ventaja indebida frente a los demás competidores.
2. La práctica real: el proselitismo financiado con recursos públicos
La teoría choca con la realidad. Gobernadores y alcaldes utilizan:
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Tiempo de funcionarios que cobran sueldos públicos pero participan en actividades partidarias.
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Escenarios y recursos estatales (plazas, locales, movilidad oficial) para actividades políticas.
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Donaciones y “aportes” que muchas veces no son voluntarios, sino contraprestaciones por contratos, licencias o favores de la administración.
En consecuencia, lo que parece un acto “privado” de campaña termina financiado directa o indirectamente con dinero del erario.
3. El caso Acuña: un espejo del abuso
El Jurado Electoral Especial de Huancayo abrió investigación contra César Acuña, gobernador de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), por vulnerar la neutralidad electoral en un acto proselitista en Huancayo. Allí participó rodeado de símbolos partidarios y precandidatos de su agrupación. El JEE de Chiclayo ya había confirmado otra infracción en Piura, en julio de este año, por exactamente lo mismo.
El patrón es evidente: quien gobierna aprovecha el cargo para dobletear como candidato en campaña permanente, borrando la línea entre gestión pública y actividad partidaria.
4. ¿Por qué no debe ser aceptado?
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Distorsiona la competencia electoral: los opositores deben financiar con sus propios recursos sus campañas, mientras que las autoridades en ejercicio tienen acceso privilegiado a fondos y logística.
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Genera corrupción estructural: donaciones y aportes se convierten en “peajes” que empresas pagan a cambio de contratos o beneficios.
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Perpetúa el clientelismo: alcaldes y gobernadores “compran” lealtades con obras, dádivas o actividades públicas disfrazadas.
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Debilita la confianza ciudadana: la población percibe que el Estado es botín de campaña, no servicio público.
5. El límite que falta hacer cumplir
En teoría, el Jurado Nacional de Elecciones y la Contraloría tienen mecanismos para sancionar. En la práctica, las resoluciones suelen llegar tarde y las sanciones se diluyen en apelaciones o en simples llamados de atención. El resultado: la neutralidad electoral se convierte en letra muerta y el poder se usa para asegurar más poder.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿pueden las entidades del Estado financiar campañas políticas disfrazadas de gestión? La respuesta legal y ética es no. Pero en el Perú, el límite solo se respeta cuando el árbitro hace valer su autoridad. El caso de César Acuña y el Alcalde de Lima, no es una excepción, sino un síntoma de un sistema político donde la frontera entre Estado y partido se ha vuelto difusa. Y mientras eso siga ocurriendo, las elecciones estarán marcadas por la desigualdad y la corrupción.
