En el Perú, la neutralidad electoral es más un principio enunciado que una práctica real. Aunque la normativa es clara —las autoridades públicas tienen prohibido usar recursos, tiempos o espacios institucionales para favorecer a partidos o candidatos— la realidad muestra que gobernadores, alcaldes y funcionarios hacen campaña abierta desde sus cargos, sin consecuencia efectiva.
El caso Acuña: proselitismo disfrazado de gestión
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo abrió investigación contra César Acuña, gobernador regional de La Libertad, por participar en actividades proselitistas en Huancayo con los símbolos de su partido, Alianza para el Progreso. No se trata de un hecho aislado: el JEE de Chiclayo ya había confirmado su infracción a la neutralidad electoral en Piura, ordenando remitir el caso al Ministerio Público y la Contraloría.
Detrás de estas actividades “cívicas” con camisetas partidarias hay un patrón: se confunden actos de gobierno con promoción electoral, financiados —directa o indirectamente— con tiempo, recursos humanos y dinero público.
El caso López Aliaga: redes sociales al servicio del partido
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue declarado infractor por difundir desde sus redes sociales contenidos municipales mezclados con los símbolos de Renovación Popular, el partido que él mismo preside. El JEE concluyó que el burgomaestre usó la imagen de obras y actividades oficiales para promocionar a su agrupación rumbo a las elecciones de 2026.
Aunque el alcalde niega la acusación, el expediente es claro: la cuenta desde la que se difundió la propaganda señala explícitamente que él es autoridad edil. En otras palabras, no hay separación posible entre su rol institucional y su rol político.
¿Dónde está el límite?
La normativa electoral prohíbe a las autoridades públicas:
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Realizar propaganda política en horario de funciones o usando recursos del Estado.
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Aprovechar su cargo para favorecer a partidos o candidatos.
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Usar colores, símbolos o frases que vinculen gestión con propaganda.
Pero en la práctica, estos límites se cruzan con frecuencia. Lo que se disfraza de “rendición de cuentas” termina siendo un acto de campaña adelantada.
¿Por qué no debe aceptarse?
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Distorsiona la competencia electoral: candidatos sin cargo deben financiar con recursos privados lo que las autoridades financian con dinero público.
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Normaliza el clientelismo: donaciones y favores de empresas privadas a autoridades suelen ser contraprestaciones por contratos o servicios.
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Erosiona la confianza ciudadana: si los árbitros electorales no logran sancionar de forma efectiva, la neutralidad queda reducida a un mero formalismo.
El problema de fondo
Más allá de resoluciones administrativas, la pregunta es clara: ¿puede un país llamarse democrático si quienes gobiernan usan el erario para perpetuarse en el poder?
El Jurado Electoral Especial ha señalado infracciones, pero queda la sensación de que todo se quedará en un expediente más. Ni el Ministerio Público ni la Contraloría han mostrado voluntad real de sancionar. Y mientras tanto, los millones invertidos en propaganda se justifican como “actividades oficiales”.
La neutralidad electoral en el Perú se ha vuelto letra muerta frente al poder político. Gobernadores y alcaldes usan su posición, recursos y redes institucionales para proyectarse en futuras elecciones. El caso Acuña y el caso López Aliaga son solo ejemplos recientes de un patrón estructural.
Si la ciudadanía y las instituciones no exigen límites claros, el 2026 no será una elección libre, sino una competencia desigual, financiada —como siempre— por el bolsillo de todos los peruanos.
