La sentencia contra el congresista Guillermo Bermejo —15 años de prisión por presunta afiliación a organización terrorista— parece menos un desenlace jurídico que un reflejo de la correlación de fuerzas políticas entre el Congreso y el Ejecutivo, y del modo en que la justicia peruana se mueve bajo ese vaivén de intereses.
Mientras procesados de la extrema derecha reciben fallos favorables —incluso del Tribunal Constitucional— y mantienen sus derechos políticos intactos, otros, como Martín Vizcarra, fueron inhabilitados sin pruebas concluyentes; Daniel Urresti y Pedro Castillo, encarcelados o apartados de la contienda electoral; y ahora Bermejo, condenado sin pruebas nuevas, según su defensa.
El patrón parece claro: la justicia actúa con celeridad selectiva, donde los enemigos políticos del bloque parlamentario dominante enfrentan sanciones ejemplares, mientras los aliados encuentran la clemencia de las instituciones.
Más allá de la culpabilidad o inocencia del congresista, el mensaje institucional es grave: en el Perú, el derecho se aplica según el poder que se tiene o se pierde.
Bermejo pasa esta noche en la carceleta del Poder Judicial, mientras el país asiste a otro capítulo de un drama donde los tribunales y las celdas reflejan más los equilibrios políticos que la justicia real.
