La democracia no suele morir de un día para otro. Rara vez desaparece mediante un golpe espectacular o una declaración abrupta. Con frecuencia, su deterioro comienza cuando el miedo reemplaza a la razón, cuando el odio desplaza al debate y cuando los ciudadanos, cansados o decepcionados, entregan su confianza a quienes prometen soluciones simples para problemas complejos.
Durante años, sectores políticos y mediáticos presentaron al presidente Gustavo Petro como una amenaza para la democracia colombiana. Fue descrito por sus adversarios como el «cuco» que destruiría las instituciones republicanas, acabaría con las libertades y conduciría al país hacia un régimen autoritario. Sin embargo, más allá de las discrepancias legítimas que puedan existir respecto de sus políticas, decisiones y resultados de gobierno, los hechos han demostrado que Colombia ha mantenido la vigencia de sus instituciones democráticas, la separación de poderes y el funcionamiento de los mecanismos republicanos.
La oposición ha ejercido su derecho a criticar, los medios han continuado fiscalizando al gobierno y las instituciones han seguido desempeñando sus funciones. Esa es precisamente la esencia de una democracia: la coexistencia de diferencias profundas dentro de un marco de respeto a las reglas comunes.
Hoy, sin embargo, emerge una preocupación distinta. El candidato que encabeza las preferencias electorales utiliza un lenguaje agresivo, confrontacional y profundamente preocupante para quienes valoran la convivencia democrática. Sus discursos parecen orientados más a dividir que a unir, más a señalar enemigos que a construir consensos, más a exacerbar los resentimientos que a ofrecer soluciones viables para los problemas del país.
La historia latinoamericana enseña que los proyectos autoritarios suelen presentarse como respuestas salvadoras frente a la frustración ciudadana. Prometen orden frente al caos, mano dura frente a la inseguridad y soluciones inmediatas frente a crisis complejas. Pero detrás de esas promesas suele esconderse el debilitamiento de las instituciones, el desprecio por el pluralismo y la concentración excesiva del poder.
Colombia merece algo mejor. Merece paz después de décadas de violencia. Merece más democracia, no menos. Merece líderes capaces de dialogar con quienes piensan distinto y de respetar las reglas del juego democrático incluso cuando estas limitan sus propios intereses.
Los ciudadanos tienen una enorme responsabilidad en los próximos procesos electorales. No se trata de votar impulsados por el miedo, la ira o la sorpresa. Se trata de votar con inteligencia, serenidad y sentido de responsabilidad histórica. Las elecciones no son una competencia entre fanatismos; son una decisión colectiva sobre el futuro de una nación.
La democracia colombiana, con todas sus imperfecciones, ha demostrado una notable capacidad de resistencia. Pero ninguna democracia es indestructible. Su fortaleza depende de ciudadanos vigilantes, críticos y comprometidos con los valores republicanos.
Colombia es una tierra extraordinaria, rica en cultura, diversidad y talento humano. Sería una tragedia que su futuro quedara atrapado entre los extremos, la polarización y las tentaciones autoritarias. El desafío de nuestro tiempo no es elegir entre izquierda o derecha; es elegir entre democracia o intolerancia, entre convivencia o confrontación permanente, entre instituciones o caudillismos.
Todavía hay tiempo para reflexionar. Todavía hay tiempo para escuchar, debatir y decidir con responsabilidad. Porque cuando una sociedad vota pensando únicamente en el presente, corre el riesgo de hipotecar su futuro. Y cuando la democracia se pierde, recuperarla suele costar mucho más de lo que imaginamos.
Colombia merece seguir siendo una democracia. Merece paz. Merece libertad. Y merece ciudadanos conscientes de que el destino de una nación no debe quedar nunca en manos del odio.
