La coalición que hoy domina el Congreso y las principales instituciones del país ha alcanzado uno de sus objetivos estratégicos más evidentes: descabezar al Ministerio Público y abrir el camino para su sometimiento institucional. La caída de la fiscal suprema Delia Espinoza no es un hecho aislado ni producto de un debate jurídico legítimo; es el resultado de un proceso político calculado, cuyo fin último es convertir a la Fiscalía en una pieza funcional a intereses nada santos, intereses que hoy controlan —sin contrapesos efectivos— el núcleo del poder estatal.
El episodio Espinoza: un juicio político disfrazado
El Pleno del Congreso decidió inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza tras una sesión marcada por maniobras reglamentarias, reconsideraciones y votaciones repetidas hasta obtener el resultado buscado. La primera votación no alcanzó los votos, la denuncia quedó archivada… pero solo por unas horas. Bastó que los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow solicitaran reconsideración para reiniciar el proceso y forzar un desenlace distinto.
La segunda votación logró 71 votos a favor, muy por encima del mínimo requerido. Se impuso la consigna.
El argumento formal fue que Espinoza no acató la Ley 3210, normativa que devolvió a la Policía Nacional la facultad de realizar investigaciones preliminares. Sin embargo, el trasfondo político fue evidente desde el inicio: Espinoza denunció a varios parlamentarios por diversos delitos, convirtiéndose en un obstáculo para quienes hoy usan su fuerza congresal para blindarse y perseguir a sus críticos.
Una Fiscalía en riesgo de captura total
Con la inhabilitación de Espinoza, la coalición gobernante despeja el camino para imponer un Ministerio Público dócil, sin ímpetu investigativo y alineado con el pacto político que sostiene el actual equilibrio de poder.
La propia magistrada lo señaló durante su intervención:
“Están más cómodos con un fiscal de la Nación interino que ha prometido que no va a ser excesivo. Ahorita solo está archivando, no está denunciando a nadie y no está abriendo nuevas investigaciones”.
Esa frase resume el estado actual del Ministerio Público: una institución detenida, temerosa, condicionada por la amenaza permanente del Congreso y dispuesta —por supervivencia o por cálculo— a no incomodar al poder político.
La violencia política como método
Tras la votación, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, no dudó en insultar públicamente a la magistrada, llamándola “desquiciada”. Ese nivel de agresión no es una exageración retórica: es la forma en que la coalición gobernante establece jerarquías y disciplinamientos. El mensaje es claro:
quien se enfrente al Congreso será destruido, moral, profesional y públicamente.
Espinoza respondió señalando que se enfrentó a un “poder oscuro” decidido a sacarla del camino. Y aunque algunos pretendan reducir esa expresión a una simple retórica, lo ocurrido demuestra que la decisión ya estaba tomada. La reconsideración solo fue el mecanismo.
Un nuevo Ministerio Público para un viejo proyecto político
Con la salida de Espinoza, la coalición abre paso a un Ministerio Público que deberá elegir entre dos caminos:
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La sumisión voluntaria, aceptando su rol como engranaje auxiliar del poder político; o
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La sumisión forzada, bajo la amenaza permanente de nuevas acusaciones constitucionales.
En ambos casos, el proyecto es claro: una Fiscalía desacelerada, incapaz de investigar redes políticas, económicas y criminales conectadas al poder legislativo.
El país entra así en una nueva etapa: la captura gradual, pero constante, de la institucionalidad democrática. Lo que está en juego ya no es el futuro de una fiscal, sino el futuro del sistema de justicia.
