Por décadas, el Perú ha tenido dificultades para encontrar un modelo de desarrollo económico que combine inversión privada, generación de riqueza y una justa distribución de beneficios para la población. Hoy, uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía —la agroexportación— se encuentra en el centro de ese debate.
La expansión de cultivos de alta productividad, como el arándano, la palta y la uva, ha convertido al Perú en un actor global en mercados agrícolas. Cada hectárea de arándanos produce en promedio 19 toneladas, posicionando al país como uno de los mayores exportadores del mundo. Solo en 2024, las ventas externas de este fruto alcanzaron USD 2.270 millones, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú. Es, sin duda, una historia de éxito productivo.
Pero detrás de esa bonanza hay un reto profundo: garantizar que esta riqueza no se escape por las grietas de un sistema tributario y regulatorio demasiado generoso con las grandes corporaciones.
La doble cara de un sector exitoso
El sector agroexportador goza de privilegios fiscales significativos. Muchas de las principales empresas operan desde estructuras vinculadas a territorios de baja transparencia financiera. Ocho de las 25 agroexportadoras que más envían arándanos, paltas y uvas pertenecen a grupos económicos radicados en Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Chipre o Islas Vírgenes Británicas —territorios señalados por Tax Justice Network como facilitadores de secreto financiero.
Entre ellas destacan:
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Camposol (Chipre)
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Agrovision Perú (EE.UU.)
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Sociedad Agrícola Rapel (Emiratos Árabes)
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Agrícola Cerro Prieto (Islas Vírgenes Británicas)
En 2023, la mayoría de estas empresas pagaron un impuesto a la renta reducido gracias a un régimen especial, y hoy impulsan una nueva ley que busca extender ese beneficio por diez años más: 15% en lugar del 29,5% general. Además, solo en 2024, el Estado devolvió cerca de S/ 997 millones en drawback al sector.
El problema no es que ganen —porque han invertido, innovado y abierto mercados—, sino que el país no está captando un retorno justo por la utilización de su tierra, agua, infraestructura y fuerza laboral.
Ganar bien, pero también contribuir bien
El modelo debe encontrar un equilibrio. Las empresas —nacionales o extranjeras— tienen derecho legítimo a obtener utilidades. Pero no es aceptable que utilicen estructuras financieras para trasladar sus ganancias a jurisdicciones opacas, reduciendo al mínimo su aporte fiscal.
Como advierte Gonzalo Villanueva, analista de Tax Justice Network:
“Cuando hay una filial en Perú que goza de beneficios sectoriales, lo ideal es llegar a un estándar donde sea posible saber cuánto tributa su matriz en el extranjero. Solo así podremos combatir de manera efectiva el traslado de beneficios”.
El país necesita una política clara para que parte importante de esa rentabilidad se quede en el Perú y sea reinvertida en infraestructura agrícola, investigación, innovación, agua y desarrollo rural.
Trabajo digno y cadenas de valor nacionales
Al amanecer en los valles de La Libertad, trabajadores como Diego* cosechan arándanos durante jornadas extenuantes por menos de S/50 al día. Él, como miles, es parte de la base humana de esta industria millonaria. Si el país se contenta con ser solo proveedor de materia prima barata y mano de obra barata, se perpetuará una economía desigual.
Por el contrario, si se fortalece la cadena de valor interna —empaque, transformación, innovación, logística nacional—, la agroexportación puede convertirse en un motor de desarrollo sostenido y equitativo.
Esto implica:
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Exigir transparencia fiscal y limitar el uso de paraísos fiscales.
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Fomentar reinversión de utilidades en infraestructura y tecnología agrícola.
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Mejorar salarios y condiciones laborales en el campo.
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Apoyar a la agricultura familiar, que hoy compite en desventaja.
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Establecer alianzas público-privadas inteligentes que fortalezcan al país.
No se trata de frenar el éxito, sino de compartirlo
La agroexportación es —y debe seguir siendo— una actividad estratégica para el Perú. Pero no debe convertirse en un mecanismo para que unos pocos capturen la riqueza nacional mientras el Estado renuncia a recaudar.
Los inversionistas tienen derecho a llevarse su ganancia legítima; el país tiene el derecho —y el deber— de asegurar que una porción justa de esa riqueza quede en casa, multiplicando empleo, ingresos y oportunidades para millones de peruanos.
El desafío no es elegir entre inversión y soberanía económica. El desafío es diseñar reglas justas, transparentes y estables que garanticen un crecimiento compartido. Si lo logramos, el campo peruano no solo exportará frutos: exportará futuro.
