En los últimos días, el espacio periodístico La Encerrona y el periodista Moya han puesto sobre la mesa una denuncia preocupante: la existencia de indicios de una campaña de desinformación dirigida contra el candidato López Chao, quien viene consolidándose como una opción electoral en ascenso.
Según lo expuesto en dicho programa, esta ofensiva mediática no sería casual ni espontánea. Por el contrario, respondería a una estrategia deliberada para desacreditar a una candidatura que empieza a ser percibida como una amenaza real por otros sectores políticos. Cuando un candidato deja de ser ignorado y pasa a ser atacado, suele ser una señal clara de que ha empezado a incomodar.
Uno de los elementos más llamativos de esta denuncia es la presunta participación de una empresa de origen ecuatoriano, de reciente creación, cuyos productos estarían orientados principalmente al mercado peruano. De acuerdo con la información difundida, esta estructura empresarial podría estar siendo utilizada para financiar o canalizar contenidos engañosos, aprovechando su localización fuera del país para dificultar la fiscalización y el rastreo de responsabilidades.
Lo que se estaría montando, entonces, no es una crítica política legítima —perfectamente válida en democracia—, sino una operación de desinformación, basada en noticias falsas o distorsionadas, con el objetivo de erosionar la imagen del candidato antes de que su propuesta termine de consolidarse ante la opinión pública.
Este tipo de maniobras no son nuevas, pero sí profundamente dañinas. Cuando la política abandona el debate de ideas y recurre a la difamación, no solo se ataca a una persona, sino que se degrada el proceso democrático en su conjunto. La ciudadanía deja de decidir en base a propuestas y trayectorias, y pasa a hacerlo bajo el ruido, el miedo y la mentira.
Por ello, es fundamental que los peruanos estén informados y alertas. No se trata de respaldar ciegamente a una candidatura, sino de defender el derecho ciudadano a recibir información veraz y contrastable. Las campañas electorales deben librarse con argumentos, no con operaciones encubiertas ni con recursos opacos destinados a manipular la percepción pública.
Si estas denuncias se confirman, corresponderá a las autoridades electorales y a los organismos de fiscalización investigar a fondo y establecer responsabilidades. Pero mientras tanto, el deber de la prensa independiente y de la ciudadanía crítica es no caer en la trampa de la desinformación.
En una democracia frágil como la nuestra, la mentira organizada puede ser tan peligrosa como la corrupción. Y frente a ella, la mejor defensa sigue siendo la información, el pensamiento crítico y la vigilancia ciudadana.
