Julio César Espinoza, defensa legal del expresidente Ollanta Humala, solicitó al Poder Judicial que aplique el principio de igualdad ante la ley en el proceso que afronta su patrocinado por el presunto delito de lavado de activos, vinculado a los aportes de la campaña electoral del 2011.
Espinoza argumentó que el caso del exmandatario comparte la misma estructura y hechos que los procesos seguidos contra Keiko Fujimori (caso Cócteles) y Susana de la Puente (Peruanos Por el Kambio), los cuales fueron recientemente desestimados.
El abogado recordó que tanto el Tribunal Constitucional (TC) como la Corte Suprema han establecido que los aportes o donaciones a campañas políticas no constituyen el delito de lavado de activos, y que el delito de financiamiento prohibido recién se tipificó en el Perú en el año 2019.
«Para que haya lavado de activos, el dinero que supuestamente sale de una fuente ilegal tiene que retornar a esa fuente para que se siga usando. (…) Lo que ha ocurrido aquí es un aporte que se ha gastado, se ha consumido en actos de campaña política. Eso no constituye nada», dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
En ese sentido, cuestionó que, pese a que la justicia ya se pronunció en casos similares de otros líderes políticos, su patrocinado se encuentre todavía privado de libertad.
«Si para los otros partidos ya se ha establecido que el caso debe cerrarse por esa razón jurídica (…), evidentemente eso impacta en la situación del Partido Nacionalista«, aseveró.
Sobre Vladimir Cerrón: «La regla tiene que ser que todos los ciudadanos acaten las decisiones de las autoridades»
En otro momento, Espinoza dijo que Humala se entregó voluntariamente luego de que se ordenase su prisión preventiva, en oposición a la situación que atraviesa el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, cuya defensa apela ante el TC a una supuesta «desobediencia civil» para justificar su clandestinidad.
Sobre este punto, el jurista advirtió que avalar una figura de resistencia a los mandatos judiciales sentaría un precedente delicado e inédito.
«En un Estado de derecho y en democracia, la regla tiene que ser que todos los ciudadanos acaten las decisiones de las autoridades. Existen los recursos para impugnarlos y deben funcionar», concluyó.
