Las declaraciones del analista político Iván Lanegra sobre la necesidad de construir consensos para gobernar un país fragmentado dejan abierta una pregunta que pocos parecen querer formular: ¿es posible construir una democracia sólida cuando las instituciones encargadas de combatir la corrupción han sido progresivamente debilitadas?
Durante varios años, el Equipo Especial Lava Jato representó uno de los mayores esfuerzos del Ministerio Público para investigar la corrupción política y empresarial que alcanzó a expresidentes, ministros, congresistas, gobernadores regionales y a las principales constructoras involucradas en el caso Odebrecht.
Fue un equipo que marcó un antes y un después en la historia judicial del Perú. Nunca antes fiscales habían investigado simultáneamente a figuras tan poderosas del ámbito político y económico.
Sin embargo, aquel equipo prácticamente ha desaparecido.
En los últimos años, varios de sus integrantes fueron retirados de las investigaciones, sometidos a procesos disciplinarios, denunciados, no ratificados o dejaron de formar parte del Ministerio Público por distintas decisiones institucionales.
El caso más reciente es el del fiscal Germán Juárez Atoche, quien fue apartado preventivamente de su cargo por seis meses mientras afronta una investigación por la presunta manipulación de un expediente de colaboración eficaz y por indicios relacionados con un supuesto delito de cohecho pasivo específico. Como en cualquier Estado de derecho, esas investigaciones deberán resolverse respetando plenamente el debido proceso y la presunción de inocencia.
No obstante, el apartamiento de Juárez Atoche se suma a una serie de decisiones que han alcanzado a otros integrantes del antiguo Equipo Especial Lava Jato. El resultado es evidente: el grupo de fiscales que lideró las investigaciones más importantes contra la corrupción de alto nivel ya no existe como tal.
Resulta inevitable que una parte importante de la ciudadanía se pregunte si esta sucesión de hechos responde únicamente a responsabilidades individuales o si, en conjunto, refleja un proceso de debilitamiento institucional que ha terminado favoreciendo a quienes durante años cuestionaron las investigaciones por corrupción.
No corresponde afirmar, sin pruebas, que exista una estrategia coordinada para desarticular al equipo. Pero sí es un hecho observable que, por distintas razones y decisiones institucionales, varios de sus principales integrantes ya no desempeñan las funciones que ejercían cuando impulsaban los casos de mayor impacto político.
Esta realidad coincide con un escenario en el que el Congreso y el Ejecutivo han impulsado cambios en diversas instituciones del sistema de justicia y de control, generando un intenso debate sobre el equilibrio de poderes y la independencia de los órganos constitucionales.
En ese contexto, la advertencia de Iván Lanegra adquiere una dimensión distinta. El problema del próximo gobierno no será únicamente construir consensos políticos. También tendrá que reconstruir la confianza ciudadana en instituciones cuya autonomía hoy es objeto de cuestionamiento.
Porque una democracia no solo se sostiene sobre elecciones libres. También depende de fiscales, jueces, organismos de control y autoridades electorales que puedan actuar sin presiones indebidas y con plena independencia.
La gran interrogante es si el Perú se encamina hacia un fortalecimiento de sus instituciones o hacia un modelo donde los organismos encargados de controlar al poder terminan perdiendo autonomía y capacidad de acción.
Esa es una discusión que trasciende a un gobierno, a un partido o a una coyuntura electoral. Se trata, en realidad, de definir qué tipo de democracia quiere construir el Perú para las próximas décadas.
