Las declaraciones del analista político Iván Lanegra, quien sostiene que el próximo gobierno de Keiko Fujimori tendrá como principal desafío construir consensos en un escenario de alta fragmentación política, describen una parte del problema, pero dejan de lado un aspecto mucho más profundo: el Perú no solo está fragmentado políticamente; está desarticulado como proyecto de nación.
Es cierto que los resultados electorales muestran un país con múltiples sensibilidades políticas, intereses regionales y demandas sociales diversas. Sin embargo, reducir la crisis únicamente a la dificultad para construir consensos puede llevar a ignorar las causas estructurales que han llevado al país a esta situación.
Durante décadas, los partidos políticos dejaron de ser organizaciones con ideología, formación de cuadros y presencia territorial para convertirse, en muchos casos, en simples vehículos electorales que aparecen cada cinco años. El resultado es un Congreso compuesto por bancadas con escasa cohesión interna, intereses particulares y poca vocación para construir políticas de Estado.
Pero la fragmentación política es también consecuencia de un Estado que ha perdido credibilidad ante los ciudadanos. Millones de peruanos sienten que los servicios públicos no responden a sus necesidades, que la inseguridad aumenta, que la corrupción continúa drenando recursos y que las instituciones actúan más en función de intereses políticos que del bienestar colectivo.
Lanegra advierte que el Estado se encuentra más debilitado que en 2021. Esa afirmación merece una reflexión mayor. El deterioro institucional no es producto únicamente de la confrontación política reciente; también responde a años de improvisación gubernamental, reformas inconclusas y decisiones que priorizaron la coyuntura antes que la construcción de capacidades permanentes.
No obstante, fortalecer el Estado no puede significar simplemente aumentar burocracia o concentrar más poder en Lima. El verdadero fortalecimiento implica contar con instituciones eficientes, transparentes, meritocráticas y capaces de ejecutar inversiones públicas con rapidez y honestidad.
El próximo gobierno enfrentará un desafío enorme. La ciudadanía no espera únicamente acuerdos entre políticos; espera resultados concretos. Espera calles seguras, hospitales que funcionen, colegios de calidad, empleo formal, infraestructura moderna y oportunidades para progresar.
Los consensos políticos serán necesarios, pero no suficientes. La estabilidad solo será sostenible si se construye sobre la base de políticas públicas que mejoren efectivamente la calidad de vida de la población. De lo contrario, cualquier pacto entre élites terminará siendo percibido como un simple reparto del poder.
Quizá la mayor lección que dejan estas elecciones es que el Perú necesita mucho más que acuerdos parlamentarios. Necesita recuperar una visión compartida de país, donde gobierno, oposición, sector privado, regiones y sociedad civil trabajen sobre objetivos comunes de largo plazo.
La verdadera discusión no debería centrarse únicamente en cómo gobernar un Congreso fragmentado, sino en cómo reconstruir la confianza de millones de ciudadanos que hace tiempo dejaron de creer en la política.
Y allí aparece un reto que rara vez se menciona: la reforma del propio sistema político. Mientras continúen existiendo organizaciones sin vida partidaria, campañas sustentadas en el marketing antes que en las ideas y una permanente confrontación entre los poderes del Estado, cualquier gobierno —sea del signo político que sea— enfrentará enormes dificultades para gobernar.
El Perú necesita consensos, sí, pero sobre todo necesita liderazgo, instituciones sólidas y un proyecto nacional capaz de mirar más allá del próximo proceso electoral. Sin esos tres elementos, la fragmentación seguirá siendo apenas el síntoma visible de una crisis mucho más profunda.
