La creciente sensación de inseguridad que vive el Perú se ha convertido en la principal preocupación de millones de ciudadanos. Asaltos, extorsiones, sicariato, homicidios y organizaciones criminales han deteriorado la confianza de la población en la capacidad del Estado para garantizar el orden público.
En ese contexto, la nueva presidenta ha planteado que las Fuerzas Armadas asuman un papel más activo en tareas de seguridad interna, una decisión que ha generado respaldo en algunos sectores y preocupación en otros.
La pregunta es inevitable: ¿se trata de una medida con posibilidades reales de éxito o de una respuesta política motivada por la necesidad de mostrar resultados inmediatos?
La presión por ofrecer respuestas
Todo gobierno que inicia su gestión enfrenta la necesidad de transmitir liderazgo. Cuando la principal demanda ciudadana es la seguridad, la tentación de adoptar medidas de alto impacto mediático resulta comprensible.
Los militares representan disciplina, organización y capacidad logística. Su presencia en las calles puede generar una percepción inicial de mayor control del territorio y de recuperación de la autoridad del Estado.
Sin embargo, la seguridad ciudadana no se mide únicamente por la cantidad de uniformados desplegados, sino por la reducción efectiva del delito y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de combatirlo.
Dos instituciones con funciones distintas
Las Fuerzas Armadas fueron creadas para defender la soberanía nacional frente a amenazas externas y, en circunstancias excepcionales, apoyar al Estado ante emergencias.
La Policía Nacional, por el contrario, fue diseñada para prevenir delitos, investigar organizaciones criminales, obtener inteligencia policial, preservar pruebas y actuar dentro del marco del proceso penal.
No se trata únicamente de una diferencia jurídica. También existen diferencias en la formación, los protocolos, el uso progresivo de la fuerza y la relación cotidiana con la ciudadanía.
Pretender que una institución sustituya a la otra puede terminar debilitando a ambas.
La experiencia internacional
Diversos países han ensayado este camino.
En México, la participación militar en la lucha contra el narcotráfico permitió capturar importantes líderes criminales, pero no logró reducir de manera sostenida los niveles de violencia. Incluso, surgieron cuestionamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos y por la creciente militarización de la seguridad pública.
En Brasil, las intervenciones militares en Río de Janeiro generaron resultados temporales en determinados sectores, aunque el crimen organizado recuperó espacios una vez concluidas las operaciones.
En El Salvador, el despliegue conjunto de fuerzas militares y policiales formó parte de una estrategia más amplia contra las pandillas. Sus defensores sostienen que contribuyó a reducir drásticamente los homicidios, mientras que organismos nacionales e internacionales han expresado preocupación por las restricciones a derechos fundamentales y las garantías del debido proceso.
Las experiencias muestran que la presencia militar, por sí sola, no constituye una solución permanente. Sus efectos dependen del contexto, del marco legal, de la coordinación con la Policía y de la existencia de una política integral de seguridad.
El verdadero problema
La criminalidad organizada no prospera únicamente porque existan pocos policías.
Prospera cuando el sistema de justicia es lento, cuando las investigaciones fracasan, cuando las cárceles funcionan como centros de operaciones criminales, cuando existe corrupción y cuando el Estado pierde presencia en amplios territorios.
Ninguna patrulla militar puede reemplazar un sistema de inteligencia eficaz, fiscales especializados, jueces independientes, controles fronterizos adecuados y políticas de prevención dirigidas a los jóvenes en situación de riesgo.
¿Puede funcionar?
Sí, pero únicamente bajo condiciones muy precisas.
La participación de las Fuerzas Armadas podría ser útil en funciones específicas, como el control de infraestructura estratégica, el apoyo logístico, la vigilancia de fronteras o el respaldo temporal a la Policía durante estados de emergencia claramente regulados.
Lo que resulta más discutible es convertirlas en una policía paralela o asignarles de manera permanente funciones para las que no fueron concebidas.
Esa decisión podría aliviar momentáneamente la percepción de inseguridad, pero no resolvería las causas estructurales del problema.
El riesgo de gobernar desde la urgencia
La inseguridad exige respuestas rápidas, pero también inteligentes.
La historia demuestra que los gobiernos suelen recurrir a medidas de alto impacto cuando necesitan transmitir autoridad. Sin embargo, la eficacia de una política pública no puede medirse por el efecto que produce en las primeras semanas, sino por su capacidad para ofrecer resultados sostenibles sin debilitar las instituciones democráticas.
El Perú necesita una Policía Nacional fortalecida, profesional, equipada y libre de corrupción; un sistema de justicia capaz de sancionar con rapidez a las organizaciones criminales; un sistema penitenciario que impida que las cárceles sigan siendo centros de operaciones del delito; y una política de inteligencia que anticipe la acción del crimen organizado.
Las Fuerzas Armadas constituyen una institución fundamental para la defensa de la Nación y pueden brindar un apoyo importante en circunstancias excepcionales. Pero convertirlas en la respuesta principal frente a la inseguridad podría ser el reflejo de una estrategia de emergencia más que de una política de Estado.
La ciudadanía tiene derecho a exigir resultados. Sin embargo, esos resultados deben construirse fortaleciendo las instituciones competentes y no trasladando, de manera permanente, responsabilidades que corresponden a otros órganos del Estado.
La lucha contra la delincuencia requiere decisión política, pero también visión estratégica. La desesperación puede producir medidas espectaculares; la buena política, en cambio, construye soluciones que perduran.
