La derogación de la denominada Ley Soto y la recuperación de la autonomía de la extinción de dominio abren una oportunidad para corregir normas cuestionadas por sus efectos sobre la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. El desafío es impedir que los intereses particulares vuelvan a imponerse sobre el interés público.
La Cámara de Diputados ha dado un paso importante al aprobar dos reformas legislativas que buscan corregir disposiciones que durante el periodo parlamentario anterior generaron una profunda controversia por sus consecuencias sobre la administración de justicia.
Con 77 votos a favor, ninguno en contra y 25 abstenciones, se aprobó el dictamen que modifica las reglas de suspensión de la prescripción penal y deroga la Ley 32104, vinculada a la denominada Ley Soto. Asimismo, con 66 votos a favor, ninguno en contra y 36 abstenciones, se aprobó modificar el régimen de extinción de dominio para recuperar la autonomía de este procedimiento.
Ambas decisiones tienen una importancia que trasciende el debate técnico legislativo. Ponen nuevamente en discusión la relación entre el poder político, la administración de justicia y la responsabilidad de quienes elaboran las leyes.
Cuando el poder político legisla en beneficio de sus propios intereses
Durante el periodo parlamentario anterior se construyó una correlación de fuerzas que permitió aprobar disposiciones legales profundamente cuestionadas por sus efectos sobre las investigaciones penales y la persecución de los delitos.
La denominada Ley Soto estableció un límite de un año a la suspensión de la prescripción de la acción penal. Una disposición que, por su aplicación general, podía beneficiar tanto a personas investigadas por delitos menores como a quienes enfrentaban investigaciones complejas por corrupción, lavado de activos o pertenencia a organizaciones criminales.
El problema no era solamente el texto de la norma, sino sus consecuencias prácticas. Una investigación sobre una organización criminal, una red de corrupción o un entramado de lavado de activos no tiene la misma complejidad que la investigación de un delito común. Establecer plazos rígidos sin considerar esas diferencias podía terminar convirtiendo el transcurso del tiempo en un mecanismo de impunidad.
La controversia se hizo todavía más delicada cuando se conoció que determinadas personas vinculadas al ámbito político habían obtenido beneficios procesales derivados de estas disposiciones.
La pregunta que corresponde formular es inevitable: ¿puede el Parlamento aprobar normas generales que terminan favoreciendo a quienes tienen intereses particulares en los procesos judiciales?
La legislación debe responder al interés nacional, no a las necesidades judiciales de quienes tienen representación política, influencia o capacidad para construir mayorías parlamentarias.
La extinción de dominio: recuperar los instrumentos contra el patrimonio ilícito
La segunda decisión tiene también una enorme trascendencia.
La extinción de dominio es un mecanismo jurídico destinado a recuperar bienes vinculados con actividades ilícitas, mediante un procedimiento judicial autónomo y con garantías para los afectados.
Las modificaciones anteriores habían introducido condicionamientos que podían subordinar este procedimiento a la existencia de una sentencia penal previa, generando retrasos y dificultades para la recuperación de activos.
La reforma aprobada busca restablecer la autonomía del proceso de extinción de dominio, de manera que no sea necesario esperar la conclusión de otro procedimiento para que pueda emitirse una decisión.
Esto resulta particularmente importante frente a las organizaciones criminales que acumulan patrimonios, utilizan empresas y terceros para ocultar sus recursos y desarrollan complejas operaciones financieras.
La persecución del delito no puede limitarse a identificar a sus responsables. También debe alcanzar los beneficios económicos obtenidos mediante actividades ilícitas.
Sin embargo, esa capacidad del Estado debe ejercerse con garantías procesales, derecho de defensa, control judicial y protección de los terceros de buena fe. Combatir la criminalidad no significa debilitar el Estado de derecho.
Una responsabilidad política que no puede eludirse
Lo ocurrido también obliga a examinar la responsabilidad de las fuerzas políticas que impulsaron y aprobaron las normas cuestionadas.
Las leyes no aparecen espontáneamente. Son el resultado de decisiones, acuerdos, votaciones y mayorías parlamentarias. Por eso, cuando una disposición genera consecuencias perjudiciales para la administración de justicia, corresponde identificar quiénes la promovieron, quiénes la respaldaron y qué argumentos utilizaron para justificarla.
No basta con que una nueva mayoría corrija lo aprobado por la anterior. Es necesario recuperar una cultura de responsabilidad legislativa.
El Parlamento no puede convertirse en un espacio donde las correlaciones de fuerzas se utilicen para modificar las reglas de justicia en función de conveniencias políticas.
Tampoco puede aceptarse que cada nueva mayoría parlamentaria deshaga las normas de la anterior sin evaluar sus consecuencias institucionales. La legislación penal necesita estabilidad, coherencia y respeto a los principios constitucionales.
El interés público debe estar por encima de los acuerdos partidarios y de cualquier cálculo particular.
La lucha contra la impunidad necesita instituciones, no discursos
El Perú enfrenta una grave crisis de inseguridad, corrupción y desconfianza en sus instituciones. La ciudadanía observa cómo investigaciones importantes se prolongan durante años, cómo las organizaciones criminales acumulan recursos y cómo determinados procedimientos terminan convirtiéndose en oportunidades para evitar responsabilidades.
En ese escenario, el Estado necesita instrumentos jurídicos eficaces, pero también fiscales y jueces con capacidad operativa, independencia y recursos suficientes.
Modificar las leyes es necesario, pero no suficiente. Se requiere fortalecer al Ministerio Público, mejorar la investigación policial, modernizar el sistema judicial y garantizar que los procedimientos respeten los derechos fundamentales.
La lucha contra la impunidad no puede convertirse en una consigna política ni en una herramienta de persecución. Debe ser una política de Estado, sostenida sobre la legalidad, la igualdad ante la ley y la independencia de las instituciones.
El Senado tiene ahora una responsabilidad histórica
Es importante precisar que las decisiones aprobadas corresponden a dictámenes de la Cámara de Diputados. Ambas propuestas deben continuar su trámite en el Senado antes de convertirse en normas vigentes.
Por eso, la responsabilidad no ha terminado. La Cámara Alta tendrá que examinar las propuestas, evaluar sus efectos jurídicos y evitar que las modificaciones terminen desnaturalizadas por negociaciones o intereses particulares.
El país necesita que este proceso legislativo se traduzca en una recuperación efectiva de las capacidades del Estado para investigar delitos, perseguir la corrupción y recuperar los recursos provenientes de actividades ilícitas.
No se trata de celebrar una victoria de una bancada sobre otra. Se trata de recuperar el principio de que las leyes deben proteger a la sociedad y garantizar justicia, no convertirse en mecanismos de protección para quienes tienen poder.
La impunidad no puede convertirse en política legislativa. Ninguna mayoría parlamentaria tiene legitimidad para utilizar su poder en beneficio de intereses particulares. La ley debe servir al país, no a quienes circunstancialmente controlan el Parlamento.
