No estamos solamente ante una controversia jurídica sobre la sucesión municipal. Estamos frente a un problema de ética pública, respeto a las reglas democráticas y límites al poder político. La ley no puede interpretarse al gusto de quienes pretenden encontrar una puerta falsa para perpetuarse en los cargos públicos.
La controversia sobre la posibilidad de que Rafael López Aliaga vuelva a ocupar la Alcaldía de Lima, esta vez utilizando su condición de primer regidor de la lista de Renovación Popular, ha puesto sobre la mesa un debate que el país necesita afrontar sin ambigüedades: ¿puede un político que ya ejerció la alcaldía y renunció para buscar otro cargo regresar al mismo puesto mediante un mecanismo de sucesión municipal?
La explicación de Yessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), introduce un elemento jurídico fundamental: la Ley Orgánica de Municipalidades establece que, ante la vacancia o suspensión del alcalde, corresponde asumir al primer regidor hábil de la lista. Y esa condición de habilidad no puede interpretarse al margen de la prohibición constitucional de la reelección inmediata de las autoridades municipales.
No se trata, por tanto, de una simple formalidad administrativa. La interpretación sistemática de las normas obliga a considerar que nadie puede utilizar un mecanismo de sucesión para conseguir indirectamente aquello que la Constitución le impide obtener directamente.
Pero el problema tampoco termina en los argumentos jurídicos. Existe una dimensión ética y moral que no podemos ignorar.
La política no puede premiar la criollada
En el Perú hemos terminado acostumbrándonos a que determinados políticos conviertan las normas en obstáculos que deben sortear, las instituciones en instrumentos de conveniencia y los procedimientos legales en oportunidades para conseguir aquello que no podrían alcanzar por los mecanismos ordinarios.
Esa cultura de la viveza, de la interpretación interesada y de buscarle la vuelta a la ley es precisamente lo que ha deteriorado la confianza ciudadana en la política y sus representantes.
La democracia no consiste únicamente en participar en elecciones, obtener votos o conseguir una posición en una lista electoral. También significa aceptar las reglas, respetar sus límites y comprender que el poder público no es propiedad personal ni patrimonio de una organización política.
Si una autoridad renuncia a una alcaldía para buscar la Presidencia de la República, no puede pretender que su eventual fracaso en esa aspiración le permita encontrar una ruta alternativa para regresar al municipio, utilizando una figura legal cuya aplicación está condicionada por la Constitución.
Aceptar semejante interpretación significaría abrir una peligrosa puerta para que las prohibiciones constitucionales terminen siendo simples recomendaciones, superables mediante maniobras políticas.
La ley no puede convertirse en un laberinto diseñado para que quienes tienen poder encuentren siempre una salida.
El peligro de las presiones políticas y mediáticas
También preocupa la manera en que se ha desarrollado esta controversia.
Un sector de la prensa, por coincidencias políticas, ideológicas o por su cercanía con determinadas posiciones de poder, ha contribuido a presentar esta pretensión como si se tratara de una legítima defensa de derechos políticos, evitando examinar con suficiente rigor sus implicancias constitucionales.
La libertad de prensa es indispensable en una democracia. Pero esa libertad también lleva consigo una responsabilidad pública: informar, investigar, contrastar y fiscalizar, no convertirse en una extensión de los intereses de los partidos ni en una plataforma para presionar a las instituciones electorales.
La prensa puede discrepar de las decisiones del JNE, cuestionarlas y exigir explicaciones. Lo que no resulta saludable es que se construyan campañas de presión para conseguir que una autoridad electoral acomode la interpretación de las normas a las expectativas de un determinado liderazgo político.
Cuando los medios dejan de fiscalizar al poder para convertirse en sus defensores, la ciudadanía pierde uno de sus principales mecanismos de vigilancia democrática.
El JNE tiene que demostrar que la ley está por encima de los poderosos
Hay que reconocer que los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones han mostrado, hasta este momento, una disposición a defender la legalidad frente a una presión política e institucional que no debe subestimarse.
No ha sido una decisión sencilla. Estamos hablando de una figura política con capacidad de movilización, presencia mediática y una organización partidaria que ha convertido este asunto en una controversia de alcance nacional.
La explicación de la secretaria general del JNE permite entender que la condición de primer regidor no constituye una autorización automática para asumir la alcaldía. La exigencia de ser un regidor hábil debe examinarse en concordancia con las restricciones constitucionales.
Sin embargo, todavía queda pendiente el pronunciamiento definitivo del Pleno sobre el recurso presentado por Renovación Popular.
Precisamente por ello, es indispensable que el organismo electoral mantenga su independencia, resista las presiones y resuelva conforme a la Constitución y las leyes, no en función de la popularidad, influencia o capacidad de presión de los protagonistas.
Tampoco se trata de negar derechos políticos ni de establecer restricciones que la ley no contempla. Se trata de impedir que una figura de sucesión municipal sea utilizada para eludir una prohibición constitucional.
La igualdad ante la ley significa que las mismas reglas deben aplicarse al ciudadano común y al político más poderoso del país.
La democracia también necesita decencia pública
El Perú no necesita políticos que conviertan cada restricción legal en un desafío personal ni organizaciones que confundan la victoria electoral con un cheque en blanco para hacer lo que consideren conveniente.
Necesita instituciones capaces de establecer límites, partidos que respeten las reglas democráticas y autoridades que comprendan que el servicio público exige responsabilidad, transparencia y decencia.
No podemos seguir normalizando la idea de que quien tiene poder político, respaldo mediático o capacidad de movilización puede obtener un trato diferente frente a la ley.
La democracia se debilita cuando las instituciones retroceden ante los poderosos, pero también cuando la ciudadanía termina aceptando como normales las maniobras destinadas a torcer las reglas.
Esperamos que el Pleno del JNE mantenga la posición jurídica que ha comenzado a desarrollar y resuelva el recurso con independencia, firmeza y apego a la Constitución.
No debe haber espacio para arreglos políticos, interpretaciones acomodaticias ni excepciones construidas a la medida de ningún personaje.
La ley no puede tener una puerta para los poderosos y otra para los ciudadanos. La criollada no es una virtud política, la viveza no es un derecho constitucional y el poder no otorga licencia para burlar las reglas democráticas.
El país necesita recuperar algo elemental, pero cada vez más escaso: la convicción de que nadie está por encima de la ley.
