¿Cuáles son las grandes diferencias que podría explicar a la ciudadanía entre la acusación que fue anulada en su momento por el Tribunal Constitucional y esta nueva acusación contra Fuerza Popular y Keiko Fujimori
En primer lugar, quiero dejar claro que la acusación presentada en el caso que la prensa denominó “Cocteles” no es una cortina de humo, como se ha pretendido instalar desde algunos sectores vinculados a Fuerza Popular, ni es una maniobra distractora relacionada con el fallecimiento de José Miguel Castro Gutiérrez. No es así. La acusación de la Fiscalía obedece a un mandato del Tribunal Constitucional, que en la ejecución de su sentencia ordenó la presentación de una nueva acusación en cumplimiento de lo resuelto a favor de José Chlimper Ackermann. Los jueces, por mayoría, extendieron los efectos de esa decisión a todos los acusados. Por lo tanto, todos los involucrados sabían que la Fiscalía estaba obligada a presentar la acusación dentro del plazo establecido. No se trata de un acto improvisado: hemos tenido que realizar un trabajo de análisis para cumplir con la resolución del juzgado constitucional, y se presentó dentro del plazo señalado.
Pero en el fondo y en la forma, ¿qué diferencias sustanciales hay entre esta nueva acusación y la anterior? Por ejemplo, se observa que ahora se pide una pena mayor. ¿Podría explicar por qué?
Nosotros estábamos en pleno juzgamiento del caso Cocteles. Se estaban tomando declaraciones de testigos reafirmando los cargos: que hubo personas que actuaron como falsos aportantes para ingresar dinero ilícito a las campañas de Fuerza Popular en 2011 y 2016.
El Tribunal Constitucional emitió dos sentencias que afectaron directamente este proceso. Una favoreció al abogado Arsenio Oré, cuando los jueces decidieron excluirlo junto con otros letrados involucrados. La otra, la de José Chlimper Ackermann, llevó a que el Tribunal ordenara que la Fiscalía formulara nuevamente la acusación, pero con una particularidad: nos limitaron a los cargos tal como estaban definidos en la investigación, sin poder ampliarlos o precisarlos.
Esto es algo inédito, sin precedentes en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Como fiscal, no puedo plasmar la conclusión integral de mi investigación, sino ceñirme estrictamente a los términos originales.
Respecto a la mayor pena, se debe a la forma en que se imputaron los hechos: la investigación estableció que hubo una conducta delictiva en 2011 y otra en 2016. Al no poder calificarse como una sola conducta continuada, se aplica un concurso real de delitos, lo que incrementa la pena solicitada a 35 años.
¿Esta nueva acusación recoge elementos de sentencias logradas en otros casos del Lava Jato? Pienso en Ollanta Humala, Alejandro Toledo o los procesos contra Odebrecht.
Definitivamente. Las sentencias condenatorias son antecedentes que los jueces deben tener en cuenta. La condena al expresidente Ollanta Humala y al Partido Nacionalista estableció que recibir dinero ilícito de Odebrecht para campañas políticas constituye delito de lavado de activos. Lo mismo ocurrió con Alejandro Toledo. Para la Fiscalía, esa discusión está zanjada: recibir dinero de la corrupción para financiar campañas es delito de lavado de activos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional busca reabrir este debate mediante un hábeas corpus interpuesto por la defensa de la señora Keiko Fujimori. Esta semana, el Tribunal incorporó al Ministerio Público para que pueda defender su posición.
En esta nueva acusación, por ejemplo, hay cambios llamativos, como el caso de Vicente Silva Checa, que pasa de acusado a tener su caso archivado. ¿Qué motivó a la Fiscalía a tomar esa decisión?
Es una consecuencia de los límites impuestos por el Tribunal Constitucional. El señor Vicente Silva Checa estaba siendo investigado por presunta obstrucción a la justicia. Sin embargo, la sentencia del Tribunal excluye expresamente este delito de la acusación. Por eso, nos vemos obligados a pedir el sobresimiento, aunque esto será debatido y resuelto por el juez correspondiente.
¿Existen estrategias de la Fiscalía para que estos casos puedan reactivarse en el futuro, o estos candados son definitivos?
Los candados del Tribunal Constitucional, lamentablemente, nos atan de manos. Antes de estas decisiones, el proceso penal permitía presentar acusaciones complementarias si aparecían nuevos elementos. Ahora, solo podemos acusar sobre lo establecido en la etapa de investigación. Durante la investigación, todos los imputados sabían que se les investigaba por lavado de activos agravado. La primera acusación detallaba la participación específica de cada uno. Hoy, el Tribunal Constitucional nos ha cortado las manos. Estamos obligados a mantenernos dentro de la hipótesis de la investigación que es lo que se plasma en la acusación.
Fiscal, la percepción ciudadana es que el caso Cocteles se ha entrampado por un exceso de recursos y estrategias dilatorias propias del sistema judicial. ¿La Fiscalía tiene mecanismos para agilizar el proceso?
Bueno, vamos a esperar que el Poder Judicial tenga una actitud celere en el desarrollo de este proceso. Así ha ocurrido hasta ahora, porque apenas recibió la acusación, el juez anuló las resoluciones que debía dejar sin efecto para dictar una nueva resolución, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, y de inmediato dio traslado de la acusación a todos los imputados. Saludamos que se haya notificado la acusación, con lo cual se ha dado inicio a esta etapa de control de la acusación.
Usted menciona que en la acusación se incluyen antecedentes de Odebrecht desde la dictadura de Alberto Fujimori. ¿Qué indicios concretos sustentan esto?
Forma parte del relato que se sustenta en la prueba documental y en los interrogatorios que se realizarán, no solo a los acusados, sino también a testigos que tienen conocimiento de que la empresa Odebrecht tuvo participación en los años noventa.
La nueva acusación se presentó el 2 de julio, horas antes de que se retrotrajera la investigación. ¿No hay una incongruencia temporal ahí?
El Tribunal Constitucional alteró el curso natural de un proceso penal. Lo usual es que un caso concluya en la vía ordinaria antes de pasar a la justicia constitucional. Aquí ocurrió al revés: en pleno juicio oral, se ordenó anularlo y retrotraerlo a la etapa de acusación. Quien ejecuta esa sentencia es un juez constitucional, que me dio cinco días para presentar la nueva acusación. En ese plazo, fui suspendido por el jefe de la Autoridad Nacional de Control, lo que hizo que mi reemplazo pidiera una prórroga, la cual fue concedida por 30 días. Así se presentó la acusación dentro del plazo establecido por el juez constitucional, no por el penal.
¿Problemas en el Ministerio Público?
¿Usted conversa con Delia Espinoza?
No, porque dentro de la estructura jerárquica quien tiene la obligación de sostener reuniones de trabajo, como consecuencia de la labor que realizamos, es el fiscal coordinador, el fiscal superior Rafael Vela. No le puedo informar si existe algún nivel de coordinación o diálogo entre la fiscal de la Nación y el doctor Vela. Lo que sí hubo fue un diálogo previo a una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sede principal del Ministerio Público.
Cuando usted menciona estos ataques de maquinarias políticas, propagandistas, etc., ¿siente algún respaldo de parte de Delia Espinoza?
Bueno, la protección que debe brindar la Fiscalía de la Nación a los fiscales que conocemos casos emblemáticos, complejos, contra estructuras criminales, permitirá que podamos desempeñar nuestra labor, libres de presiones internas y externas. Esto lo repito porque es algo que señala cualquier fiscal que investiga crimen organizado: la primera misión de una organización criminal investigada es destruir al fiscal que la persigue es destruir a quien los investiga.
Si lo entendemos así, la Fiscalía debe dar el soporte necesario para que los fiscales trabajemos sin ese nivel de presión. Lamentablemente, a pesar de nuestros reiterados ruegos a la doctora Delia Espinoza para que adopte una medida respecto al señor Juan Antonio Fernández Jeri —a quien la propia Fiscalía ha involucrado como parte de la red criminal de la señora Patricia Benavides— hasta la fecha no se ha hecho nada.
Nosotros, como afectados y víctimas, le exigimos a la fiscal protección para continuar con nuestra labor, porque estamos en riesgo de que el señor Fernández Jeri actúe arbitrariamente y afecte la estabilidad de nuestro trabajo.
Hay una declaración de Delia Espinoza —no sé si vio la entrevista que dio a César Hildebrandt este lunes— en la que ella decía que la mejor defensa de un fiscal son sus logros, y que no se puede hablar de temas personales a nivel institucional. Lo dice en referencia a usted ¿Qué opina de esas declaraciones?
Lamentablemente, las escuché en directo. Me parecieron desacertadas. Si a mí me insultan, me agreden, me abren procesos disciplinarios y penales arbitrarios para afectar la tranquilidad necesaria para mis labores, no es un tema personal: es consecuencia de investigar estos casos. Si no entendemos que estas estructuras criminales buscan destruir al fiscal, no podremos trabajar eficazmente.
Cada una de las investigaciones que tengo proviene de decisiones tomadas por el señor Fernández Jeri o de personas vinculadas al Partido Aprista o a Fuerza Popular. Es decir, no son denuncias espontáneas de ciudadanos, sino orquestadas con interés de perjudicar el caso Lava Jato. Y esto afecta no solo a mí, sino también al fiscal Rafael Vela, a la doctora Marita Barreto, a la fiscal (Manuela) Villar —quien investiga el caso de la familia Wong—, al juez Richard Concepción. Lamentablemente, pareciera que hay mucha tolerancia con quienes instrumentalizan ciertos medios para socavar investigaciones.
Sé que, por la cercanía y la dinámica de trabajo que tienen en el equipo, no ha existido algún acercamiento directo. Pero, ¿no se han sentado usted y Rafael Vela a conversar para plantear, por ejemplo, estos temas de protección y respaldo con la fiscal de la Nación?
Yo le he venido informando por escrito, no desde ahora, sino desde hace bastante tiempo, a la señora Delia Espinosa sobre el riesgo y la vulnerabilidad en la que me encuentro. Para darle un ejemplo: que la Resistencia vaya un sábado a mi casa a insultar, agredir, provocar temor en los vecinos, que tienen miedo de salir del edificio por la presencia de estas personas violentas… Todo eso se lo he puesto en conocimiento a la fiscal de la Nación. Ahora bien, si la señora fiscal de la Nación no toma ninguna medida como titular de la institución y me responde —como lo hizo Patricia Benavides en su momento— que presente mi denuncia ante la fiscalía correspondiente, lo que encuentro es que los fiscales estamos huérfanos de quien debe ejercer nuestra representación y protección a nivel nacional.
Justamente mencionaba a Patricia Benavides. Ha habido una pugna entre Delia Espinosa y Patricia Benavides. Dejando un momento de lado su trabajo en el equipo especial Lava Jato, me gustaría saber cómo observa esa disputa institucional. ¿Considera usted que la pugna por la reposición de una fiscal, mientras otra argumentaba con razones jurídicas que no debía ser destituida, evidencia un fracaso dentro de la estructura institucional peruana?
A ver, yo no puedo estar de acuerdo con el retorno de la señora Benavides a la Fiscalía de la Nación. ¿Por qué? Porque públicamente la congresista de Fuerza Popular, Marta Moyano, reconoció que se reunió con Patricia Benavides, cuando ella ejercía como fiscal de la Nación, para pedirle que me retirara del cargo, en pleno desarrollo del caso Cocteles. No podría yo aceptar que haya una fiscal de la Nación con ese antecedente.
Esto nos lleva a otra pregunta: ¿qué acciones ha tomado la Fiscalía respecto a la congresista Moyano, si públicamente confesó la comisión de un delito? Porque eso es interferir en la independencia del Ministerio Público. Lo cierto es que se vivió una situación de crisis e incertidumbre.
El local principal de la Fiscalía estuvo tomado por grupos que exigían la reposición de Patricia Benavides, vinculados a la Resistencia, bastante agresivos. Yo estuve allí porque me llamaron para una diligencia y era imposible trabajar: los gritos eran ensordecedores, los insultos constantes, la denigración a la labor fiscal… me pareció lamentable. Finalmente, la decisión judicial calmó un poco la situación y se reconoció a la señora Delia Espinosa como fiscal de la Nación. Espero que ella, en este cargo, tome las acciones necesarias no solo para representar a la institución, sino para defender a todos los fiscales a nivel nacional.
Mire usted: la señora Espinosa debe exigir respeto institucional por el cargo que ocupa, pero también por la labor de cada fiscal. Le invito a revisar redes sociales: congresistas de Fuerza Popular me llaman “demente”, “loco”, me insultan, dicen que el trabajo que hacemos es una cortina de humo. ¿Y la fiscal de la Nación ha salido a exigir respeto ante insultos que provienen de personas que representan a otro poder del Estado? No lo ha hecho. Y no soy el único. Le invito a ver cómo se maltrata a la doctora Marita Barreto, al fiscal Rafael Vela y a otros fiscales. Lamentablemente, no vemos ningún pronunciamiento institucional que nos defienda. La doctora Espinosa ha creído que la defensa institucional es solo la defensa de su puesto, y no es así: debe ser la defensa de todos los fiscales. Si se empieza a agraviar a uno, se abrirá la puerta para agraviar a todos. Eso ya pasó: la acosaron a ella misma en su casa. Cuando nosotros se lo advertimos, no obtuvimos respuesta. Ahora que le ha sucedido a ella, reconoce que hay medios que desinforman, que hacen daño y que manipulan la información para perjudicar las investigaciones. Bueno, esa realidad nosotros la venimos enfrentando hace tiempo.
Hay una propuesta del congresista Alejandro Muñante para declarar en emergencia la fiscalía. ¿Qué opina de eso?
Hay que recordar que el congresista Muñante preside una comisión que investiga la labor del equipo Lava Jato, específicamente la suscripción del acuerdo de colaboración con Odebrecht. Es una clara interferencia en la autonomía de la Fiscalía. Fiscales que participaron en procesos ya sentenciados, con cosa juzgada, están rindiendo cuentas a políticos. Antes no se veía eso. La consecuencia es que, envalentonados con ese poder político, ahora quieren intervenir el Ministerio Público como se hacía en los años 90.
¿Por qué ocurre? Porque no tenemos una institución cohesionada. Si la fiscal de la Nación estuviera respaldada por los fiscales supremos, por los presidentes de los distritos fiscales, si todo el personal fiscal estuviera unido, sería diferente. Mire lo que pasó en el Poder Judicial: cuando amenazaron a la presidenta, todos los jueces supremos y presidentes de cortes salieron a respaldarla. En la Fiscalía no pasa eso, porque la defensa institucional no puede ser solo la defensa del cargo de Delia Espinosa: es la defensa de todos los fiscales.
El juicio de Villaran más cerca que nunca
Pasando a otro caso, me gustaría preguntarle sobre el juicio contra Susana Villarán, que empezará en septiembre. Ayer se aprobó el pedido de impedimento de salida…
El pedido de impedimento de salida y otras restricciones se presentó en agosto de 2022. Mire la fecha: agosto de 2022. Recién se ha discutido el 10 de julio de este año. No responsabilizo solo al juez; comprendo que tiene una carga de trabajo excesiva que retrasa estos procesos. El propio juez lo señaló en audiencia. El fiscal Rafael Vela, desde la coordinación del equipo, pidió reiteradamente atención prioritaria a estos casos. El resultado es que una acusación del 2022 recién irá a juicio en septiembre de 2025.
¿Alguna vez evaluaron solicitar prisión preventiva para Villarán?
No solo en su caso: creemos que cualquier acusado que suponga riesgo de fuga o de obstaculización del proceso debe afrontarla. Hace unos días se debatía el pedido de prisión preventiva contra Martín Vizcarra. Pero hay un problema: el Congreso cambió las reglas y puso un tope de 36 meses. No se puede pedir una medida adicional después de ese plazo. Entonces, si me pregunta por qué no se pidió prisión preventiva, es porque el Congreso dio esa ley. Los jueces y fiscales no damos las leyes; las da el Congreso. Y así como dieron esa, han dado otras que afectan la política criminal del Estado.
¿Había elementos para pensar que podía fugarse?
Existe la inminente instalación del juicio, y ese ya es un criterio valorado por el juez para imponer el impedimento de salida. No quiero remitirme a todos los antecedentes, pero recuerde el caso de Nadine Heredia y su hermano: se fueron del país y no se puede ejecutar la sentencia condenatoria. Eso debe servir como alerta a los jueces: debemos garantizar la presencia de los acusados para el juzgamiento y la ejecución de la sentencia.
Uno de los momentos más impactantes de la coyuntura reciente ha sido la muerte de José Miguel Castro. ¿Cómo recibió esa noticia?
Fue una situación que, obviamente, no esperaba. Lo he dicho antes: unos días antes, él se reunió con fiscales de la oficina y manifestó su preocupación por el desarrollo de los procesos en los que estaba involucrado, especialmente por el juicio. Lamentablemente, no advirtió ninguna situación de riesgo o amenaza a su seguridad.
¿Notó algún comportamiento extraño o errático?
Cuando una persona se somete a un proceso de colaboración eficaz lo hace de manera libre y voluntaria. No podemos obligarla. (…) La única preocupación que él manifestó es no asiste mi abogada de oficio, se está por acercar la fecha de juzgamiento y era la preocupación que se entendía por qué obviamente demanda de que esté presente su abogada.
Se conoció una carta de puño y letra de Castro dirigida a una tal “Sandra”, ¿sabe a qué se refería? ¿Tiene alguna hipótesis sobre quién podría ser esta “Sandra”?
No podría indicarlo. Espero que comprenda que eso debe establecerse con evidencia recogida de la escena. Si tiene relación con el caso Lava Jato, lo sabremos cuando la Fiscalía de Miraflores nos lo comunique. No podemos interferir en esa investigación. Y aprovecho para decir que la Fiscalía debería solicitarle al fiscal de Miraflores informar a la ciudadanía sobre la hipótesis de este caso, para evitar la creciente desinformación.
¿Habrá audiencias diarias en el caso de Susana Villarán?
Eso se ha solicitado públicamente. Esperemos que, cuando se instale el juicio, se puedan programar audiencias diarias. Pero eso depende de la voluntad institucional del Poder Judicial: que permita descargar la carga de trabajo de los jueces, que tenga más personal, más juzgados, etc. El caso ya está en cancha del Poder Judicial. Nosotros haremos nuestro trabajo: sustentar los alegatos y presentar la prueba para demostrar la culpabilidad de los acusados.
