El Perú, Chile y las demás naciones latinoamericanas enfrentan una disyuntiva histórica: continuar alineándose detrás de los intereses de las grandes potencias o construir una política exterior independiente, capaz de relacionarse con todos los países sin sacrificar sus propios intereses nacionales.
La reciente declaración del embajador de China en Chile, Niu Qingbao, quien sostuvo que ceder ante la coerción solamente alienta nuevas presiones, ha puesto sobre la mesa un debate que América Latina necesita abordar con seriedad.
El diplomático chino, próximo a concluir su misión en Chile, cuestionó las presiones que, según su interpretación, ejerce Estados Unidos sobre el Gobierno chileno para condicionar sus relaciones económicas y tecnológicas con Beijing.
Sus declaraciones tienen un contexto concreto: la creciente competencia entre Washington y Beijing por el control de mercados, infraestructura estratégica, tecnología, minerales críticos, telecomunicaciones y cadenas de suministro.
Pero más allá de las posiciones del representante chino, hay una pregunta que merece nuestra atención: ¿hasta qué punto los países latinoamericanos están tomando sus decisiones de política exterior en función de sus propios intereses y no de las exigencias de las grandes potencias?
No es una discusión menor. Estamos hablando de soberanía, independencia económica y capacidad de decisión de nuestros Estados.
Una nueva disputa por la influencia mundial
El mundo atraviesa una transformación profunda. La hegemonía económica y política que durante décadas ejerció Estados Unidos enfrenta el ascenso de China como potencia industrial, comercial, tecnológica y financiera.
Esta competencia ya no se limita a las relaciones diplomáticas o a las disputas comerciales. Se extiende a los puertos, los ferrocarriles, las redes de telecomunicaciones, los minerales estratégicos, la inteligencia artificial, la energía y las infraestructuras digitales.
América Latina se encuentra en una posición particularmente delicada.
Por un lado, Estados Unidos mantiene una enorme influencia histórica, financiera, comercial, tecnológica y política sobre nuestro continente. Por otro, China se ha convertido en un socio comercial fundamental para numerosas economías latinoamericanas y en una fuente creciente de inversión y financiamiento.
Ambos tienen intereses legítimos en desarrollar sus relaciones económicas, pero también buscan ampliar sus espacios de influencia.
El problema comienza cuando la cooperación deja de basarse en la negociación entre Estados soberanos y se transforma en una relación condicionada por amenazas, represalias o exigencias de alineamiento.
Ningún país debería tener que renunciar a una oportunidad económica con otra nación simplemente porque una tercera potencia considera que esa relación no le conviene.
Pero tampoco debería aceptar inversiones, contratos o acuerdos estratégicos sin evaluar sus consecuencias sobre la seguridad, la competencia, la transparencia y el interés nacional.
La soberanía exige capacidad para decidir, no obediencia automática.
El alineamiento ideológico: una vieja enfermedad latinoamericana
Nuestra región tiene una larga historia de subordinación a intereses externos, pero también de decisiones políticas condicionadas por afinidades ideológicas.
Durante décadas, algunos gobiernos latinoamericanos construyeron sus relaciones internacionales desde una perspectiva de adhesión casi incondicional a Washington. Otros, en diferentes momentos, buscaron acercamientos políticos con Moscú, La Habana, Beijing o Caracas, muchas veces sobre la base de coincidencias ideológicas.
El problema de ambas conductas es que confunden los intereses permanentes de una nación con las preferencias circunstanciales de un gobierno.
Un país no puede cambiar sus prioridades internacionales cada vez que cambia de presidente. Tampoco puede convertir sus relaciones exteriores en una extensión de las disputas partidarias internas.
La política exterior debe responder a objetivos nacionales de largo plazo: desarrollo económico, seguridad, acceso a mercados, transferencia tecnológica, inversiones, educación, infraestructura y bienestar de la población.
Si China ofrece condiciones favorables para desarrollar infraestructura, debemos evaluarlas. Si Estados Unidos ofrece cooperación tecnológica, científica o financiera, también debemos examinarla. Si Europa, India, Japón, Corea del Sur o los países del sudeste asiático ofrecen oportunidades, debemos estar preparados para aprovecharlas.
La nacionalidad del socio no puede sustituir el análisis de los beneficios, los costos y los riesgos de cada acuerdo.
El temor y la debilidad también condicionan las decisiones
Existe otra realidad que debemos reconocer.
No todos los países se alinean por convicción ideológica. Algunos lo hacen por temor a represalias económicas, comerciales, financieras o diplomáticas. Otros porque dependen excesivamente de un mercado, de una fuente de financiamiento, de tecnología extranjera o de acuerdos de cooperación.
Esta dependencia reduce su capacidad de negociación.
Un país que concentra la mayor parte de sus exportaciones en un solo mercado, que depende de un proveedor para sus tecnologías esenciales o que necesita desesperadamente financiamiento externo se encuentra en una posición vulnerable cuando aparecen las presiones internacionales.
Por eso, la independencia política no puede construirse únicamente con declaraciones presidenciales. Necesita una base económica sólida.
La verdadera autonomía comienza cuando un país tiene alternativas.
Diversificar sus mercados, desarrollar capacidades industriales, fortalecer su infraestructura, formar capital humano y mejorar sus instituciones son condiciones fundamentales para negociar sin temor.
Chile, Perú y la responsabilidad de defender sus intereses
Chile y Perú tienen una posición estratégica en el Pacífico sudamericano. Ambos mantienen relaciones económicas importantes con Estados Unidos, China y otras economías del mundo.
China es un socio comercial de enorme importancia para ambos países. Estados Unidos, por su parte, mantiene vínculos comerciales, financieros, tecnológicos y de seguridad que también tienen relevancia estratégica.
El desafío consiste en administrar esas relaciones sin convertirlas en una competencia de lealtades.
El caso chileno del proyecto de cable submarino entre China y Chile ilustra la complejidad del problema. Se trata de una infraestructura de telecomunicaciones que involucra asuntos comerciales, tecnológicos y de seguridad nacional. El debate sobre su desarrollo ha estado acompañado de cuestionamientos y preocupaciones expresadas desde Estados Unidos y de respuestas del Gobierno chino.
No corresponde aceptar automáticamente la explicación de una de las partes. Chile tiene la obligación de evaluar los riesgos técnicos, la protección de datos, la seguridad de sus comunicaciones y las condiciones económicas del proyecto.
Pero esa evaluación debe realizarse con criterios propios, información verificable y procedimientos transparentes, no simplemente porque una potencia exige una determinada decisión.
En el caso peruano, la discusión adquiere todavía mayor importancia.
El puerto de Chancay, las inversiones mineras, los proyectos energéticos, las telecomunicaciones y nuestra infraestructura logística forman parte de una nueva etapa de inserción del país en la economía internacional.
No podemos permitir que esas oportunidades se conviertan en instrumentos de una disputa geopolítica ajena a nuestras prioridades.
El Perú debe negociar con todos, exigir condiciones transparentes y proteger sus intereses estratégicos. No debe cerrar sus puertas a China para satisfacer a Washington, ni comprometer su seguridad o su autonomía para favorecer a Beijing.
La salida: una política exterior de autonomía estratégica
¿Qué deberían hacer nuestros gobiernos?
Consideramos que América Latina necesita avanzar hacia una política exterior sustentada en cinco principios.
1. Relaciones con todos, subordinación a ninguno.
Los países deben mantener relaciones diplomáticas y económicas con las principales potencias, sin convertir esas relaciones en compromisos de obediencia política.
La cooperación internacional debe basarse en el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y el beneficio mutuo.
2. Diversificar para reducir las dependencias.
No podemos depender excesivamente de un solo mercado, proveedor tecnológico, fuente de financiamiento o destino de nuestras exportaciones.
El Perú necesita ampliar sus relaciones con Asia, Europa, América del Norte, India, Medio Oriente y África.
Cuantas más alternativas económicas tenga un país, mayor será su capacidad para negociar.
3. Construir una posición regional común.
Aquí encontramos una de las mayores debilidades de América Latina.
Brasil negocia por su cuenta, México desarrolla sus propias prioridades, Chile y Perú establecen sus estrategias bilaterales y los demás países actúan según sus circunstancias políticas.
La región carece de mecanismos suficientemente eficaces para coordinar posiciones ante los grandes desafíos internacionales.
No se trata de crear un bloque ideológico ni de imponer una política exterior uniforme. Se trata de identificar intereses compartidos en materias como comercio, infraestructura, energía, minerales críticos, tecnología, medioambiente y financiamiento.
Una América Latina que negocia fragmentada tiene menos capacidad de influencia que una región capaz de coordinar sus intereses.
4. Proteger los sectores estratégicos sin caer en el proteccionismo indiscriminado.
Los puertos, las telecomunicaciones, la energía, los sistemas financieros, los recursos minerales y las infraestructuras digitales necesitan regulaciones claras.
Las inversiones extranjeras deben ser bienvenidas, pero sometidas a evaluaciones técnicas, ambientales, económicas y de seguridad nacional, con reglas iguales para todos.
La apertura económica no significa renunciar a la capacidad reguladora del Estado.
5. Convertir la autonomía diplomática en desarrollo económico.
La independencia no se consigue únicamente en los discursos de las Naciones Unidas.
Se consigue cuando un país tiene industrias, tecnología, infraestructura, educación, investigación científica y empresas competitivas.
Una economía débil tiene menos capacidad de resistir presiones externas. Una economía diversificada y productiva dispone de mayores instrumentos para defender sus intereses.
La integración latinoamericana: una necesidad estratégica
La rivalidad entre Estados Unidos y China debería llevarnos a una reflexión adicional: América Latina necesita integrarse económicamente.
Tenemos una población superior a los 660 millones de habitantes, enormes recursos naturales, capacidades agrícolas, energéticas, mineras y tecnológicas, además de una posición geográfica privilegiada.
Sin embargo, seguimos comerciando poco entre nosotros, mantenemos barreras regulatorias y carecemos de una articulación productiva regional suficientemente desarrollada.
¿Por qué no construir cadenas regionales de producción? ¿Por qué no desarrollar industrias complementarias entre Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia y México? ¿Por qué no coordinar inversiones en infraestructura, energía, transporte y tecnología?
Una región integrada podría negociar mejores condiciones comerciales, atraer inversiones de mayor calidad y reducir su vulnerabilidad frente a las decisiones unilaterales de las grandes potencias.
La CEPAL ha planteado precisamente la necesidad de fortalecer la cooperación regional, diversificar las alianzas internacionales y evitar alineamientos rígidos en el nuevo escenario geopolítico.
No se trata de aislarse del mundo, sino de relacionarse con él desde una posición de mayor capacidad de decisión.
No estamos obligados a escoger entre Washington y Beijing
La discusión que plantea el embajador chino en Chile merece ser examinada, pero también debemos comprender que China defiende sus propios intereses estratégicos, como lo hace Estados Unidos y como lo hacen las demás potencias.
Ninguna potencia actúa exclusivamente por generosidad.
Por eso, América Latina debe abandonar la ingenuidad diplomática. No puede confundir las declaraciones de amistad con garantías de beneficio permanente, ni las promesas de cooperación con la ausencia de intereses geopolíticos.
Los acuerdos internacionales deben analizarse con rigor, transparencia y visión de largo plazo.
No debemos aceptar presiones injustificadas, pero tampoco convertir cualquier preocupación extranjera en una intromisión ilegítima. Hay asuntos de seguridad, protección de datos, competencia económica y compromisos internacionales que merecen evaluaciones serias.
La diferencia está en quién toma finalmente la decisión: nuestros gobiernos, conforme a nuestras leyes y a nuestros intereses nacionales, o los centros de poder que pretenden condicionar nuestras opciones.
El Perú necesita una doctrina de Estado, no una diplomacia de gobiernos
En el caso peruano, esta discusión debería formar parte de una política exterior de largo plazo.
El país necesita establecer objetivos permanentes que sobrevivan a los cambios presidenciales y a las diferencias partidarias.
Nuestra relación con China no puede depender de las simpatías o antipatías de un gobierno. Lo mismo debe ocurrir con Estados Unidos, Europa y nuestros vecinos latinoamericanos.
Necesitamos una diplomacia profesional, con capacidad de análisis geopolítico, equipos especializados en negociación internacional y una estrategia que articule política exterior con desarrollo económico.
El Perú debe saber qué busca cuando negocia una inversión minera, un proyecto portuario, una infraestructura digital o un acuerdo comercial. Debe conocer sus beneficios, sus riesgos y sus implicancias para las próximas décadas.
No podemos improvisar decisiones estratégicas ni convertirlas en instrumentos de confrontación política interna.
La política exterior debe ser una política de Estado.
La soberanía no consiste en cambiar de dueño
América Latina ha pasado demasiado tiempo discutiendo a qué potencia debe acercarse y a cuál debe alejarse.
Quizás ha llegado el momento de plantear una pregunta diferente: ¿qué necesitamos construir para que ninguna potencia pueda decidir por nosotros?
Esa es la verdadera discusión.
No se trata de reemplazar una dependencia por otra, ni de cambiar una subordinación histórica por una nueva alianza incondicional.
Se trata de construir países con capacidad económica, instituciones sólidas, gobiernos responsables y una política exterior que no confunda amistad con obediencia.
El Perú, Chile y las demás naciones latinoamericanas tienen derecho a mantener relaciones con todas las potencias, aprovechar sus oportunidades y defender sus intereses sin recibir instrucciones externas.
La historia demuestra que las naciones que no desarrollan capacidades propias terminan dependiendo de las decisiones de otros.
La soberanía no se proclama solamente en los discursos presidenciales. Se construye con independencia económica, fortaleza institucional, integración regional y capacidad para negociar en condiciones de igualdad.
América Latina no tiene por qué escoger entre Washington y Beijing. Tiene que aprender a negociar con ambos y con el resto del mundo, sin perder de vista que el único compromiso innegociable de sus gobernantes debe ser con sus propios pueblos.
