La noticia de que la Comisión de Constitución habría alcanzado un texto consensuado para otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo merece algo más que una lectura política coyuntural. El verdadero debate debería estar en otro lugar: ¿qué significa para el Congreso delegar una parte de sus atribuciones legislativas y bajo qué condiciones debe hacerlo?
Según lo informado por RPP, el diputado Frank Krklec, integrante de la Comisión de Constitución, señaló que existiría un consenso para otorgar facultades al Ejecutivo, principalmente en materia de seguridad ciudadana y atención del Fenómeno El Niño, incluyendo aspectos vinculados con Indeci y el sector agrario.
Si finalmente el Congreso decide aprobar la delegación, debe quedar claro que no se trata de un acto de subordinación de un poder del Estado frente a otro. Tampoco debería calificarse automáticamente como «obstrucción» la decisión de no otorgar determinadas facultades.
En un sistema constitucional, cada órgano tiene competencias propias. El Congreso tiene entre sus funciones fundamentales debatir, modificar y aprobar leyes. El Poder Ejecutivo, por su parte, tiene sus propias atribuciones para conducir las políticas públicas y administrar el Estado.
Por ello, cuando el Congreso recibe una solicitud de delegación de facultades, tiene también la potestad de decidir si delega, qué delega, durante cuánto tiempo y bajo qué límites.
¿Delegar es facilitar o hipotecar una responsabilidad?
Aquí aparece una cuestión que pocas veces se discute con suficiente profundidad.
Cuando el Congreso delega facultades legislativas, está trasladando temporalmente al Ejecutivo la posibilidad de legislar sobre determinadas materias. Esa decisión puede ser razonable cuando existen circunstancias que requieren rapidez, especialización o una respuesta coordinada del Estado.
Pero delegar también supone que los congresistas aceptan que determinadas decisiones que normalmente pasarían por el debate parlamentario sean adoptadas mediante normas del Ejecutivo dentro del marco autorizado.
Por eso, la delegación no debería ser un simple «cheque en blanco».
Delegar significa confiar una facultad, pero también establecer límites.
Si la norma delegante determina con precisión las materias, el plazo y los objetivos que debe cumplir el Ejecutivo, el Congreso conserva una herramienta importante de control.
¿Y qué ocurre si el Congreso dice que no?
También es perfectamente legítimo que el Congreso decida no otorgar las facultades solicitadas, o que las otorgue solamente en determinados asuntos.
Negarse a delegar no debería interpretarse automáticamente como una acción de obstrucción al Gobierno. Puede ser, sencillamente, el ejercicio de una competencia constitucional.
El Ejecutivo dispone de instrumentos propios para desarrollar sus políticas dentro del marco constitucional y legal. Por tanto, solicitar facultades legislativas puede ser una alternativa útil, pero no necesariamente constituye el único camino para enfrentar los problemas del país.
Aquí aparece una pregunta que debería hacerse siempre:
¿Por qué se solicita la delegación y qué problema concreto no puede resolverse adecuadamente utilizando las facultades ordinarias del Ejecutivo?
La respuesta a esa pregunta debería formar parte de la discusión parlamentaria.
El peligro de convertir la delegación en una disputa política
Existe además otro riesgo.
Si cada pedido de facultades es interpretado únicamente desde la posición política de quien gobierna o de quien está en la oposición, el debate institucional queda desplazado.
Entonces, los mismos argumentos pueden cambiar dependiendo de quién ocupe el Palacio de Gobierno.
Cuando un Ejecutivo solicita facultades, sus aliados pueden considerarlas indispensables y sus opositores pueden considerarlas excesivas. En otro período político, las posiciones podrían invertirse.
Las instituciones, sin embargo, deberían funcionar con reglas que sean válidas independientemente de quién gobierne.
Por eso resulta más importante discutir los límites de la delegación que discutir solamente si se está a favor o en contra del Gobierno de turno.
Facultades sí, pero delimitadas
Si el Congreso considera necesario otorgar facultades al Ejecutivo, una fórmula institucional razonable sería que estas sean:
- Específicas, evitando delegaciones genéricas.
- Temporales, estableciendo claramente el período de vigencia.
- Materialmente delimitadas, precisando exactamente sobre qué materias puede legislar el Ejecutivo.
- Justificadas, explicando qué objetivos concretos se pretende alcanzar.
- Controlables, estableciendo mecanismos efectivos para conocer posteriormente qué normas fueron aprobadas y cuáles fueron sus resultados.
- Evaluables, permitiendo determinar después de un período razonable si las medidas produjeron los efectos buscados.
Esto último es especialmente importante.
No basta con preguntar si se aprobaron las normas. Hay que preguntar posteriormente:
¿Funcionaron?
Si se otorgan facultades para enfrentar la inseguridad ciudadana, por ejemplo, la evaluación no debería limitarse al número de decretos legislativos aprobados. Debería analizarse qué resultados concretos produjeron esas medidas.
Lo mismo ocurre con las medidas vinculadas al Fenómeno El Niño, la prevención de desastres, Indeci o el sector agrario.
El Congreso no debería abdicar de su función
El Congreso puede delegar temporalmente determinadas facultades, pero eso no significa que deba abandonar su responsabilidad de fiscalizar.
Precisamente porque la delegación existe, el control posterior adquiere mayor importancia.
Una democracia no se fortalece porque un poder concentre más facultades. Se fortalece cuando cada institución ejerce sus atribuciones y, al mismo tiempo, existen controles para impedir los excesos.
Por ello, el debate actual debería superar la discusión simplista de «Congreso contra Ejecutivo» o «Congreso a favor del Ejecutivo».
La pregunta fundamental es otra:
¿Cuál es la delegación estrictamente necesaria para alcanzar los objetivos propuestos y cuáles son los controles que impedirán que esa delegación termine ampliándose más allá de lo autorizado?
Si el Congreso decide otorgar facultades limitadas en materia de seguridad y Fenómeno El Niño, deberá asumir también la responsabilidad de vigilar su utilización.
Y si decide no otorgarlas, deberá explicar con la misma claridad cómo pretende que el Estado enfrente esos problemas utilizando los instrumentos que ya tiene.
Porque delegar es una potestad del Congreso, pero también es una responsabilidad. No delegar también lo es.
Lo importante, finalmente, no debería ser quién gana la disputa política entre Ejecutivo y Legislativo, sino que las instituciones cumplan sus funciones dentro de los límites que establece la Constitución y que las decisiones adoptadas puedan ser evaluadas por los ciudadanos.
