Una preocupación que viene de antes de la detención
Nuestra preocupación por lo que ocurre en Ecuador no nace de la emoción del momento ni de una defensa incondicional de Luisa González, Rafael Correa o el movimiento Revolución Ciudadana. Nace del seguimiento de una secuencia de acontecimientos que, considerados en conjunto, plantean interrogantes serios sobre la autonomía de las instituciones y las condiciones en que se desarrolla la competencia política.
En septiembre de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral ratificó la exclusión de González de la candidatura a la Prefectura de Manabí, que pretendía presentar con el auspicio de Pachakutik. La decisión se fundamentó en requisitos de militancia establecidos por esa organización política. Semanas después, el 22 de octubre, González fue detenida en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de 2023.
Cada actuación debe examinarse conforme a sus propios fundamentos jurídicos. Sin embargo, cuando una dirigente que ha disputado dos elecciones presidenciales queda fuera de una nueva contienda electoral y posteriormente es privada de libertad en una causa penal, es legítimo preguntar si las instituciones están actuando con la independencia, la proporcionalidad y las garantías que exige un Estado democrático.
No afirmamos que la sucesión de estos hechos demuestre, por sí sola, la existencia de una operación coordinada desde el poder. Afirmamos que la gravedad de lo ocurrido exige transparencia, explicaciones verificables y vigilancia ciudadana. La independencia de la justicia y de los organismos electorales no puede darse simplemente por supuesta: debe poder comprobarse en sus decisiones y procedimientos.
¿Se investiga un delito o se está debilitando a una adversaria?
La investigación sobre el financiamiento de una campaña electoral es legítima si existen indicios que la justifiquen. Pero el interés público del caso no se agota en el monto que se menciona ni en la calificación penal que se atribuye a los hechos. También importa determinar si la actuación de las autoridades se ajusta a derecho, si las medidas adoptadas son necesarias y proporcionales, y si la persona investigada dispone de todas las garantías para ejercer su defensa.
El riesgo que advertimos es que una controversia sobre cuentas electorales termine siendo utilizada para producir un efecto político mucho mayor: debilitar a una de las principales figuras de la oposición, restringir su participación pública y transmitir a sus seguidores que desafiar al poder puede tener consecuencias que van más allá de la competencia electoral.
Esta es una preocupación que debe investigarse, no una conclusión que pueda darse por demostrada antes de conocer todos los elementos del proceso. Precisamente por eso, las autoridades ecuatorianas tienen la obligación de actuar con transparencia y de explicar de manera convincente las razones jurídicas de la detención y las evidencias que la sustentan.
Si existen pruebas sólidas, deben presentarse ante los jueces. Si las medidas adoptadas no cumplen los requisitos legales, deben ser revisadas. Y si se comprobara que el sistema penal fue utilizado para neutralizar a una adversaria política, estaríamos ante un hecho de extrema gravedad institucional.
La cuestión de fondo no es conceder impunidad a Luisa González. Es impedir que la justicia se convierta en un instrumento para decidir quién puede participar en la vida política y quién debe ser apartado de ella.
Defender la democracia exige mirar más allá de las simpatías políticas
En América Latina conocemos las consecuencias de los gobiernos que concentran poder, de las instituciones que pierden independencia y de las oposiciones que son tratadas como amenazas en lugar de interlocutores legítimos. Por eso, nuestra preocupación no depende de compartir el proyecto político de González ni de aprobar la gestión de Correa.
La democracia se pone a prueba, sobre todo, cuando las garantías deben proteger a personas con las que no coincidimos. Si reclamamos debido proceso para nuestros aliados, pero guardamos silencio cuando se vulneran los derechos de nuestros adversarios, no estamos defendiendo principios: estamos defendiendo conveniencias.
Lo que ocurre en Ecuador merece atención porque afecta una cuestión esencial para todos los países de la región: la posibilidad de que el poder político utilice las instituciones para inclinar la competencia a su favor. No debemos anticipar culpabilidades ni absoluciones, pero tampoco debemos normalizar una sucesión de actuaciones que suscita interrogantes legítimos sobre la pluralidad y la independencia institucional.
La responsabilidad periodística consiste en seguir los hechos, exigir respuestas y señalar los riesgos sin convertir las sospechas en sentencias. La responsabilidad democrática consiste en garantizar que ninguna persona pierda su libertad o sus derechos políticos por el solo hecho de representar una alternativa al Gobierno.
Una alerta que trasciende las fronteras de Ecuador
Hay otro elemento que no debemos pasar por alto: el lenguaje y la conducta política del propio presidente Daniel Noboa. La manera en que un jefe de Estado se refiere a sus adversarios, responde a las críticas y se relaciona con las instituciones no es un asunto exclusivamente personal. Quien ocupa la Presidencia representa al Estado y ejerce un poder que debe estar sujeto a límites, controles y responsabilidades.
Cuando desde el poder se instala una retórica de confrontación permanente, se descalifica a quienes cuestionan al Gobierno y se presenta a la oposición como un obstáculo que debe ser eliminado de la escena pública, se contribuye a deteriorar la convivencia democrática. Las palabras no prueban por sí solas la existencia de un proyecto autoritario, pero pueden ayudar a crear un ambiente en el que la persecución del adversario empieza a parecer aceptable.
La preocupación aumenta cuando ese lenguaje coincide con controversias sobre la independencia de las instituciones, restricciones a la participación política y actuaciones judiciales que afectan a figuras opositoras. Cada uno de esos hechos debe examinarse con pruebas y criterios jurídicos propios; sin embargo, su acumulación merece vigilancia pública, precisamente porque la democracia no se debilita únicamente mediante rupturas abruptas. También puede erosionarse gradualmente, cuando se normaliza el abuso, se desacredita a los controles y se reduce el espacio legítimo de quienes piensan distinto.
Y esta no es una cuestión exclusivamente ecuatoriana.
En distintos países, dirigentes de orientación ideológica diversa han descubierto que la polarización puede ser una herramienta eficaz para movilizar seguidores, desviar la atención de los problemas de gestión y presentar cualquier crítica como una agresión contra el líder. La confrontación deja entonces de ser un recurso ocasional y se convierte en una forma de gobernar.
El respaldo internacional también puede influir en ese escenario. La cercanía política con Donald Trump y con sectores que comparten una visión confrontacional de la política puede proporcionar a determinados gobiernos mayor visibilidad, aliados y confianza en el plano internacional. Pero ninguna relación entre presidentes concede licencia para desconocer los derechos fundamentales, debilitar la independencia judicial o utilizar las instituciones contra los adversarios.
La amistad entre gobiernos no sustituye la rendición de cuentas. El respaldo de una potencia no está por encima de las constituciones nacionales. Y la afinidad ideológica nunca puede convertirse en una autorización para actuar sin límites.
Por eso debemos observar lo que ocurre en Ecuador con una perspectiva latinoamericana. No para declarar culpable a un gobierno antes de examinar los hechos, sino para advertir que la democracia necesita defensores activos cuando aparecen señales de concentración de poder, intolerancia y debilitamiento de los contrapesos institucionales.
La respuesta debe ser democrática, firme y colectiva
Frente a estos riesgos, no basta con expresar indignación en las redes sociales ni con sustituir una intolerancia por otra. Tampoco sería coherente defender el respeto a la oposición mediante la descalificación indiscriminada de quienes piensan diferente.
La respuesta debe construirse desde todos los espacios de la sociedad: el periodismo independiente, las universidades, los colegios profesionales, las organizaciones ciudadanas, los partidos democráticos, las instituciones de derechos humanos y una ciudadanía dispuesta a exigir explicaciones y a contrastar la información.
Debemos documentar los hechos, investigar las decisiones públicas, cuestionar los abusos con argumentos y defender las garantías de todas las personas. Debemos exigir que los procesos judiciales se desarrollen con independencia, que las medidas restrictivas de libertad estén debidamente justificadas y que los organismos electorales actúen conforme a la ley.
También debemos rechazar la doble moral. Ningún abuso resulta aceptable porque lo cometa un dirigente de nuestra corriente política, y ninguna vulneración de derechos deja de ser grave porque la víctima pertenezca a un movimiento que no compartimos.
Defender la democracia no significa impedir que un gobierno elegido aplique su programa. Significa exigir que lo haga dentro de la Constitución, respetando a quienes discrepan y aceptando que el poder nunca es absoluto.
Hay que detener el avance de las prácticas autoritarias antes de que se conviertan en costumbre. Y la forma democrática de hacerlo es actuar desde los espacios que cada uno ocupa: informar, investigar, debatir, organizarse, exigir transparencia y defender los derechos sin distinciones partidarias. La indiferencia favorece la normalización de los abusos; la vigilancia ciudadana y el respeto a las instituciones son parte esencial de la respuesta.
