Lo que está ocurriendo con Delia Espinoza ya no admite lecturas ingenuas ni interpretaciones técnicas aisladas. No se trata de control político, ni de fiscalización, ni de defensa del fuero parlamentario. Se trata de ensañamiento, de la voluntad expresa de un Congreso de asegurarse de que quien considera enemiga no vuelva a levantarse, ni política ni institucionalmente.
Espinoza no solo fue retirada del cargo de manera abusiva por una Junta Nacional de Justicia cuya independencia hoy está seriamente comprometida y condicionada por el Congreso. También ha sido colocada en un callejón sin salida institucional, atrapada entre decisiones de la JNJ y del Tribunal Constitucional que, aun impidiendo su retorno, no han sido suficientes para satisfacer al Parlamento.
Ahora, el Congreso va por más: una segunda inhabilitación. Como si la primera no bastara. Como si el objetivo no fuera sancionar una conducta específica, sino borrar a la persona del sistema, convertirla en un antecedente intimidatorio para todo el Ministerio Público.
La metáfora es brutal, pero precisa: matar dos veces al mismo adversario, por si acaso el primero no fue definitivo.
El argumento formal —la supuesta vulneración de la inviolabilidad parlamentaria— no resiste un análisis serio. Espinoza denunció penalmente a congresistas por una ley que buscaba beneficiar sus propias pensiones. Eso no es una extralimitación: es el ejercicio de la función fiscal frente a un posible conflicto de intereses y uso indebido del poder legislativo. Convertir esa acción en causal de inhabilitación es invertir el sentido del Estado de derecho.
Lo verdaderamente alarmante no es solo la persecución, sino la naturalización del abuso. Un hecho que debería indignar a todo ciudadano informado —la reiteración punitiva contra una exfiscal incómoda— pasa como una anécdota más en el ciclo diario de excesos de uno de los congresos más dañinos y malevolentes que ha tenido el Perú en democracia.
Que organismos internacionales como el Grupo Iberoamericano de Justicia y Democracia adviertan sobre el debilitamiento de la autonomía del Ministerio Público no es una casualidad. Es una señal de alarma. Cuando el poder político utiliza la inhabilitación como arma disciplinaria, el mensaje es claro: investigar al poder tiene consecuencias.
Este no es solo el caso de Delia Espinoza. Es el caso de un país donde el Congreso ha decidido colonizar las instituciones, doblegarlas por desgaste y convertir la sanción política en instrumento de venganza.
Hoy es una fiscal.
Mañana puede ser cualquier juez, cualquier funcionario, cualquier autoridad que se atreva a incomodar.
La democracia no muere de un golpe.
Muere cuando el abuso se repite,
cuando la arbitrariedad se normaliza,
y cuando la ciudadanía se acostumbra.
Y eso es exactamente lo que está pasando.
