La limpieza judicial de la lideresa de Fuerza Popular, una de las figuras políticas más controvertidas de las últimas décadas, ha causado conmoción y extrañeza en un sector de la opinión pública. Sin embargo, lo más preocupante no es la decisión en sí, sino la ausencia de una reacción social significativa, algo que en épocas pasadas habría desatado movilizaciones, pronunciamientos colectivos y presión ciudadana sostenida.
Hoy eso no ocurre.
Y no ocurre porque el desgaste es real.
Meses y años de lucha contra este gobierno y este Parlamento han agotado a los sectores sociales y debilitado a una sociedad civil fragmentada, cansada de resistir sin resultados claros. La indignación ya no moviliza; apenas sobrevive como murmullo en redes sociales.
El archivamiento del caso Cócteles, que investigaba a Keiko Fujimori por presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, se inscribe en ese contexto: una decisión judicial grave en un país emocionalmente anestesiado.
La apelación que suena a formalidad
El anuncio de que el Ministerio Público apelará la decisión del Poder Judicial parece, para muchos, más un acto protocolar que una verdadera convicción institucional. Una forma de decir “la Fiscalía es independiente”, cuando una parte importante de la ciudadanía percibe —con o sin razón— un alto nivel de sometimiento político.
La figura del Fiscal de la Nación, cuya legitimidad es duramente cuestionada, refuerza esa percepción. Por eso, la apelación no entusiasma: no se vive como una batalla real por la justicia, sino como un trámite inevitable para guardar las apariencias.
Y la pregunta flota en el ambiente, incómoda pero necesaria:
Si la Fiscalía mantiene su independencia, ¿dónde está hoy el fiscal José Domingo Pérez?
El argumento técnico y la herida política
El juzgado que archivó el caso sostuvo que la modalidad de “receptación patrimonial” dentro del delito de lavado de activos fue incorporada recién en noviembre de 2016, por lo que imputarla a campañas electorales anteriores implicaría una aplicación retroactiva prohibida.
Desde la Fiscalía, sin embargo, se argumenta que no se investigó por receptación, sino por conversión, es decir, por la apropiación de bienes ilícitos para obtener beneficios, como ocurrió en el caso del expresidente Ollanta Humala. Según esta postura, el Tribunal Constitucional habría interpretado erróneamente el tipo penal.
Este debate jurídico es legítimo.
Pero el impacto político es devastador.
La impunidad como mensaje
Un sector de la población todavía sueña con que la apelación prospere y el proceso se reabra. No por revancha, sino por algo más elemental: evitar que se consolide la idea de que en el Perú la impunidad siempre termina ganando.
Porque cuando un caso emblemático se archiva de esta manera, el mensaje que recibe la ciudadanía es claro y brutal: luchar contra la corrupción no vale la pena, insistir no sirve, resistir cansa y no cambia nada.
Y eso, más que cualquier absolución judicial, es una cachetada al país entero.
