El Perú ha sido nuevamente convocado a elecciones regionales y municipales. El anuncio, realizado por el presidente José Jerí y formalizado en el diario oficial El Peruano, activa el calendario electoral para el 4 de octubre de 2026. Todo parece avanzar con normalidad institucional. Pero detrás de la formalidad, el país marcha con alarmante claridad hacia la repetición —y profundización— de los mismos errores.
Nada sustancial ha cambiado. Ni las reglas de acceso al poder subnacional, ni los estándares de idoneidad, ni los mecanismos de evaluación real del desempeño público. Por el contrario, estas elecciones amenazan con ser una versión agravada de las anteriores: más corrupción, más improvisación, más ineficiencia, más autoridades que llegan sin preparación y se van enriquecidas desde las cajas públicas.
¿Democracia o simple reproducción del atraso?
Después de décadas de gobiernos regionales y municipales fallidos, la experiencia acumulada debería obligarnos a una reflexión incómoda:
¿de qué sirve rendir culto a una supuesta “vida democrática” si esta conduce sistemáticamente al estancamiento, al atraso y a la fabricación de nuevos ricos al amparo del erario?
La democracia no puede reducirse al acto mecánico de votar. Cuando el procedimiento sustituye al propósito, la democracia se vacía de contenido. Elegir sin exigir es una forma sofisticada de renunciar al futuro.
El problema no es la gente, es el sistema que no exige nada
¿Es realmente imposible que a los niveles subnacionales del Estado lleguen personas mejor preparadas, con hojas de vida éticas, con capacidades aprendidas y entrenadas para administrar la cosa pública?
No. Lo que ocurre es que el sistema no lo exige.
Hoy basta con cumplir requisitos mínimos formales para administrar regiones, provincias y distritos que manejan presupuestos millonarios y servicios esenciales. No se pide:
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conocimiento acreditado de la problemática local o regional,
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formación en gestión pública moderna,
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entrenamiento previo en administración de ciudades o regiones,
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pasantías en experiencias exitosas, siquiera en América Latina,
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planes con objetivos claros, metas medibles y compromisos verificables.
Nada de eso es obligatorio. Y luego nos sorprendemos del desastre.
Gobernar no es improvisar
Administrar una región o una ciudad no es un premio electoral, es una responsabilidad técnica, ética y política de alto nivel. Existen experiencias exitosas de gestión pública en la región y en el mundo: ciudades bien administradas, regiones eficientes, servicios públicos que funcionan. Pero aquí no se exige aprender de nadie, ni demostrar que se sabe cómo hacerlo.
Peor aún: no existen evaluaciones periódicas serias, ni sanciones efectivas cuando las autoridades incumplen sus propios planes o se alejan de los objetivos prometidos. El fracaso no tiene consecuencias. La corrupción, muchas veces, tampoco.
Tecnología sin voluntad política es solo propaganda
En tiempos de gobierno electrónico e inteligencia artificial, resulta aún más absurdo seguir administrando el Estado subnacional como en el siglo pasado. La tecnología permitiría:
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seguimiento permanente de metas,
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evaluación objetiva del desempeño,
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transparencia real en el uso de recursos,
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alertas tempranas de corrupción e ineficiencia.
Pero nada de esto se implementa porque no existe voluntad de normar, exigir y sancionar. La precariedad no es accidental: es funcional a quienes viven de ella.
No se trata de regalar cargos, sino de exigir vocación
Gobernar no debería ser una vía rápida al enriquecimiento, sino un acto de vocación y sacrificio. De personas dispuestas a entregar parte de su vida para mejorar sus localidades, sus regiones y el país. Eso no es una utopía ni una propuesta extrema: es el mínimo exigible en cualquier Estado que se tome en serio a sí mismo.
Convocar elecciones sin elevar los estándares es reproducir el fracaso con aval legal.
El calendario avanza, la mediocridad también
El Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y el Reniec cumplirán su rol técnico. El cronograma se ejecutará con precisión. Pero ninguna institución electoral puede compensar un sistema político que no exige calidad, ética ni capacidad.
Si no se cambia el enfoque, estas elecciones no serán una oportunidad de mejora, sino la confirmación de que el Perú ha normalizado el fracaso subnacional.
Y entonces, dentro de cuatro años, volveremos a preguntarnos —con fingida sorpresa— por qué nada funciona.
La respuesta ya la conocemos. Y esta vez, no podremos decir que no lo sabíamos.
