Como si hubiéramos leído el guion completo, la coalición gobernante —esa alianza informal pero eficaz entre conservadurismos, oportunismos y viejas redes de poder— ha logrado copar las principales instituciones del Estado antes incluso del cambio de gobierno.
El objetivo es evidente: blindarse gane quien gane las elecciones. Si no logran colocar a su candidato principal, al menos aseguran que varias de sus fichas —presentadas como opciones diversas— sigan ocupando espacios clave. En el fondo, no son alternativas reales: son lo mismo o casi lo mismo, administrando el mismo modelo, los mismos intereses y el mismo miedo a la rendición de cuentas.
Muchas de estas instituciones no tienen visibilidad cotidiana en la vida de las mayorías nacionales. No deciden el precio del pan ni el acceso al trabajo. Pero sí deciden quién investiga, quién acusa y quién cae. Ahí radica su verdadero poder.
La Junta Nacional de Justicia como pieza clave
El caso más grave y revelador es el de la Junta Nacional de Justicia. Una entidad que, lejos de consolidarse como garante meritocrático e independiente, aparece hoy configurada por favores, recomendaciones políticas y encargos implícitos.
El mensaje que se transmite es brutalmente simple:
Te apoyamos para que ingreses, pero cuando llegas tienes tareas que cumplir.
¿Las tareas? Destruir a determinados fiscales. Sacarlos del ejercicio del poder. Neutralizar investigaciones incómodas. Y el proceso ya está en marcha.
De Pérez y Vela a Delia Espinoza
El país ya observa cómo se avanza contra fiscales a quienes el Perú les debe mucho en la lucha contra la corrupción: José Domingo Pérez, Rafael Vela y otros. Hoy, el turno parece ser el de Delia Espinoza.
La presidenta de la Junta, María Teresa Cabrera, ha planteado su destitución como fiscal suprema, sustentándose en un informe que le atribuye infracciones por no haber restituido automáticamente a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.
El fondo del asunto no es jurídico, sino político. Se pretende convertir una decisión prudente, institucional y no unilateral, en una falta disciplinaria grave. Se castiga la cautela y se premia la obediencia mecánica.
Disciplina selectiva, poder intacto
El proceso contra Espinoza no se evalúa —según la propia JNJ— de manera aislada, sino como parte de una conducta que “afectó el funcionamiento del Ministerio Público”. Pero la pregunta inevitable es:
¿por qué esa severidad no se aplica con el mismo rigor a otros actores claramente comprometidos con redes de poder?
La respuesta es incómoda, pero evidente: la disciplina es selectiva. El debido proceso se invoca o se relativiza según el nombre del investigado y su ubicación en el tablero político.
Mientras tanto, el Congreso y sectores del Ejecutivo observan —cuando no empujan— este reordenamiento silencioso del sistema de justicia. No hace falta un autogolpe. Basta con administrar las sanciones correctas en los momentos precisos.
Una democracia cercada desde dentro
Lo que estamos presenciando no es una crisis episódica, sino un diseño de largo aliento: capturar instituciones estratégicas para condicionar el futuro político del país, incluso después de las elecciones.
La democracia no se clausura de golpe. Se vacía desde adentro.
La justicia no se elimina. Se administra.
La ley no se rompe. Se instrumentaliza.
Y cuando el guion ya está escrito, lo verdaderamente peligroso no es que se ejecute, sino que empiece a parecer normal.
