Ya lo habíamos señalado. La resolución del Jurado Nacional de Elecciones, en la instancia que correspondía, respecto a las impugnaciones formuladas contra el candidato conservador Rafael López Aliaga no iba a prosperar. No porque las observaciones carecieran de sustento jurídico, sino por el peso real del poder político que lo respalda.
La decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no puede leerse de manera aislada. López Aliaga no es un actor solitario: forma parte de una alianza conservadora con presencia determinante en el Congreso, vasos comunicantes con el Ejecutivo y, hoy, una influencia inocultable en organismos clave del sistema institucional.
Cuando un candidato dialoga cómodamente con el Congreso, tiene llegada al Ejecutivo y observa cómo la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y los organismos electorales operan sin mayores fricciones frente a su caso, el mensaje es claro: el sistema sabe cómo acomodar la norma cuando el poder lo exige.
Una legalidad flexible para unos, rígida para otros
El Pleno del JNE declaró infundada la apelación contra la plancha presidencial de Renovación Popular, encabezada por Rafael López Aliaga, pese a que los ciudadanos tachantes denunciaron una presunta vulneración a la democracia interna del partido.
El argumento central era claro: el estatuto partidario establecía un tipo de elección interna distinto al que finalmente se aplicó. Sin embargo, el sistema decidió que la forma no afectó el fondo, que la adaptación era válida y que el proceso debía continuar.
La defensa se sostuvo, en buena parte, en interpretaciones comunicadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que terminó funcionando como bisagra técnica para legitimar un procedimiento cuestionado. La norma, una vez más, fue interpretada con criterio político.
El problema no es solo este caso. El verdadero escándalo institucional es el contraste: otros postulantes, sin el mismo respaldo político ni el mismo peso mediático, enfrentan un cumplimiento estricto, casi quirúrgico, de la norma, con exclusiones inmediatas, resoluciones fulminantes y cero margen interpretativo.
El poder que no necesita ocultarse
No hay aquí una conspiración sofisticada ni una operación clandestina. Lo que existe es algo más grave: un sistema que ya sabe cómo operar sin dejar huellas escandalosas. No hacen falta grandes sindicaciones ni denuncias estridentes; los actores simplemente conocen el libreto, saben hasta dónde estirar la norma y cuándo cerrarla.
Cuando el control político alcanza a la Junta Nacional de Justicia, cuando el Ministerio Público se mueve con cautela selectiva y cuando las autoridades electorales aplican criterios disímiles según el candidato, el problema deja de ser electoral: se vuelve estructural.
Democracia administrada, no garantizada
El caso López Aliaga no es una excepción: es un síntoma. Un síntoma de una democracia administrada por equilibrios de poder, no por principios de legalidad iguales para todos.
La pregunta ya no es si la candidatura continúa en carrera —eso estaba decidido de antemano—, sino qué tipo de proceso electoral estamos normalizando. Uno donde la ley no se rompe, pero se dobla. Donde la institucionalidad no colapsa, pero se desgasta. Donde la democracia no se anula, pero se administra desde arriba.
Y cuando eso ocurre, la ciudadanía no pierde solo confianza en un organismo electoral: pierde fe en la idea misma de igualdad ante la ley.
