Mientras algunos sectores, más guiados por la ideología que por un razonamiento sensato, insisten en que Petroperú debe ser descuartizada y transferida al sector privado, diversas voces del ámbito político, académico y gremial vienen alzando una crítica firme y documentada frente a esta narrativa.
Una de ellas es la de Marisol Espinoza, quien ha cuestionado duramente a la ministra de Economía, Denisse Miralles, tras anunciar una “reestructuración integral” de Petroperú y afirmar que el Gobierno no seguirá inyectando recursos ni transfiriendo fondos para el pago de sus deudas.
Espinoza calificó estas declaraciones como irresponsables e improvisadas, y sostuvo que la ministra debería dar un paso al costado por desconocer la realidad operativa de la empresa.
“Alguien que no conoce su país, que no se ha ensuciado los zapatos, que nunca ha ido a una refinería ni ha hablado con los trabajadores, no puede tomar decisiones de esta magnitud”, afirmó.
Petroperú: sobreendeudada, no quebrada
La excongresista fue clara al señalar que Petroperú no está quebrada, sino sobreendeudada, y que sus obligaciones financieras están programadas a largo plazo, con vencimientos que llegan hasta los años 2032 y 2047.
“La empresa no está quebrada como se quiere hacer creer. Sus activos superan largamente el monto de sus deudas”, explicó.
Para graficarlo, Espinoza utilizó una analogía contundente:
“Es como tener una casa valorizada en 250 mil soles y querer descuartizarla y venderla por partes para pagar una deuda de 40 mil. Eso es exactamente lo que pretende hacer este gobierno de transición”.
Según advirtió, esta estrategia busca escindir la empresa, volverla artificialmente inviable, generar pánico financiero y provocar desabastecimiento, creando así las condiciones políticas y económicas para justificar su privatización a precio de remate.
El impacto en la Amazonía y la deuda del Estado con Petroperú
Espinoza recordó que Petroperú cumple un rol estratégico en zonas donde el sector privado no llega, especialmente en la Amazonía.
“Pucallpa ya ha sufrido problemas de abastecimiento. Petroperú es la única empresa que lleva combustible a la selva, compra con IGV y vende sin IGV, como establece la ley amazónica”.
Ese mecanismo genera un crédito fiscal que el Estado no devuelve a la empresa. Solo por este concepto, la deuda estatal ascendería a cerca de 5 mil millones de soles.
Más aún, Espinoza sostuvo que la deuda total del Estado peruano con Petroperú alcanza los 20 mil millones de dólares, lo que desmiente —según ella— las afirmaciones oficiales sobre la supuesta inviabilidad financiera de la empresa.
Patrimonio nacional en riesgo
Finalmente, criticó que el Estado nunca haya destinado recursos del presupuesto nacional para modernizar Petroperú, pero sí esté dispuesto a venderla “como chatarra” tras depreciar deliberadamente sus activos.
“Aquí no está en juego el patrimonio de un gobierno ni de una gestión. Está en juego el patrimonio del Estado peruano y, por lo tanto, del país”, concluyó.
Fuente: RPP
