Material obsoleto, ausencia de planificación y presión política para que el Estado asuma un error municipal.
La Municipalidad Metropolitana de Lima, y en particular su exalcalde, actuaron con desesperación por mostrar “logros” ante el electorado limeño. En ese contexto, no encontraron mejor idea que presentar como una supuesta donación la adquisición de trenes retirados del servicio público de la ciudad de New York, luego de varias décadas de uso intensivo.
Detrás de esta decisión subyace una mentalidad colonial todavía presente en ciertos sectores del país: si algo funcionó en Estados Unidos, entonces —sin mayor análisis— puede seguir funcionando en el Perú. Bajo esa lógica, se asume que, por ser un país con limitaciones económicas, debemos aceptar cualquier “donación”, incluso cuando se trata de material obsoleto y técnicamente inadecuado.
Aceptar donaciones no es, en sí mismo, un problema. El problema surge cuando no existen estudios técnicos, no hay planificación, no estaba presupuestado, no se acondicionaron las líneas férreas, ni se desarrolló la infraestructura necesaria para garantizar seguridad, comodidad y accesibilidad a los usuarios.
No se diseñó un proyecto integral de transporte. No hubo evaluación de impacto urbano. No se trabajó un esquema de integración con otros sistemas. En suma, no hubo política pública, solo un gesto político.
Presión al Ejecutivo para “corregir” una mala decisión
Lo que se pretendió, en realidad, fue utilizar el poder político del que gozan sectores de la coalición gobernante en el Congreso para presionar al Ejecutivo y forzarlo a asumir una decisión apresurada e improvisada. El objetivo: que el Gobierno central “corrija”, maquille y finalmente cargue con los costos financieros, técnicos y políticos de una decisión municipal mal concebida.
Este esquema se confirma con la reciente firma del convenio entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que transfiere al Estado la responsabilidad de poner en funcionamiento el tren Lima–Chosica.
El acuerdo fue suscrito por el ministro Aldo Prieto y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y establece que el servicio será gestionado por el Estado, mientras que la Autoridad de Transporte Urbano fijará las tarifas.
De anuncio político a problema de Estado
Las locomotoras y coches llegaron a Lima en julio, durante la gestión del entonces alcalde Rafael López Aliaga, quien buscaba realizar una marcha blanca antes de Fiestas Patrias. Sin embargo, las discrepancias con el Ejecutivo y el MTC evidenciaron rápidamente la fragilidad del proyecto: los trenes quedaron almacenados durante meses en la estación Monserrate.
Hoy, lo que empezó como una jugada publicitaria municipal se ha convertido en un problema de política pública nacional, donde el Estado debe decidir si asume —con recursos de todos los peruanos— los costos de una iniciativa que nació sin sustento técnico ni planificación responsable.
Una advertencia necesaria
El caso del tren Lima–Chosica no es solo un error administrativo. Es una advertencia sobre cómo la improvisación electoral, el uso simbólico de la “donación” y la presión política pueden distorsionar la toma de decisiones públicas, comprometiendo recursos nacionales y afectando la credibilidad de las instituciones.
No todo lo que llega de fuera es progreso. Y no todo lo que se anuncia como “logro” lo es. La planificación seria no se improvisa, ni se maquilla después.
