Fiscalía solicitó similar medida contra el exasesor de Fuerza Popular, Pier Figari, además de Maribel Ramírez, Nancy Ramírez y otras cinco personas comprendidas en esta investigación.
El Poder Judicial iniciará el lunes 22 de julio la evaluación del pedido fiscal para que se ordene el impedimento de salida del país por 36 meses contra el alcalde de Cajamarca y exsecretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, el exasesor Pier Figari y otras 7 personas investigadas por presunto lavado de activos.
El juez Víctor Zúñiga analizará la solicitud de la fiscal adjunta Milagros Sierra Cerrón para que estas personas no salgan del territorio nacional por 3 años al considerar existen no solo elementos de convicción sino también peligro de fuga y obstaculización en esta investigación
Ante ello, el magistrado dispuso iniciar la evaluación de este requerimiento fiscal con la participación de las partes involucradas en una audiencia de carácter presencial a realizarse desde las 08:30 de la mañana en la sede de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada ubicada en la cuadra 7 de la avenida Tacna en Cercado de Lima.
En la resolución de programación de esta audiencia presencial, el juez Zúñiga Urday precisó que su despacho se abocará a conocer y resolver este requerimiento de impedimento de salida del país planteado por el Ministerio Público.
Ello a pesar de que se encuentre pendiente el pronunciamiento de fondo por parte de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional respecto a las recusaciones presentadas en su contra para que no intervenga en este caso hechas por la defensa técnica de la Universidad Alas Peruanas por tratarse de un requerimiento que restringe la libertad ambulatoria de los investigados, de acuerdo con lo establecido en los artículos 59 y 52 del Código Procesal Penal.
Desistimiento
En mayo último, la Fiscalía desistió de un anterior requerimiento de impedimento de salida del país contra estos investigados luego que el juez Zúñiga Urday advirtiera que no había una adecuada sustentación respecto al presunto delito de lavado de activos.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Joaquín Ramírez estaría involucrado en diversos financiamientos de empresas con dinero de presunta procedencia ilícita e incluso en campañas políticas.
Fuente: RPP
