Julio Cisneros
La investigación involura al expresidente regional de Ancash César Álvarez, el excongresista Heriberto Benitez y más de 40 implicados en los presuntos delitos de colusión, lavado de activos, entre otros.
El caso “La Centralita” involucra a un total de 50 acusados, entre ellos al expresidente regional de Ancash César Álvarez
Luego de casi ocho años de investigaciones, el Poder Judicial dará a conocer el 4 de marzo su fallo respecto al caso denominado como ‘La Centralita’ que involucra al expresidente regional de Ancash César Álvarez, los excongresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo así como a un grupo de personas y empresas implicadas.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional dará ese día su veredicto en una sesión de carácter presencial a realizarse desde las 9.00 a.m. en el sede del Poder Judicial ‘Carlos Zavala’, ubicado al costado del Palacio Nacional de Justicia en el Cercado de Lima.
El colegiado presidido por la jueza Especializada Nayko Coronado informó que la lectura integral de esta sentencia se realizará el 14 de marzo también de manera presencial en el mismo horario y sede judicial donde las partes recién podrán presentar un recurso de nulidad frente a este fallo.
Caso ‘La Centralita’
El caso involucra a un total de 50 acusados entre los que se encuentran César Álvarez y su esposa Milagros Asián Barahona, así como el excongresista y actual asesor jurídico del Tribunal Constitucional Heriberto Benítez y el exlegislador Víctor Crisólogo, Martín Belaunde Lossio, José Cavassa, exautoridades de Ancash, entre otros.
También están comprendidas cuatro personas jurídicas o empresas entre las que se encuentra la constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A., Sucursal Perú.
Según la hipótesis de la fiscalía, ‘La Centralita’ era un inmueble ubicado en Chimbote donde se reunían los miembros de la organización criminal que encabezaría Cesar Álvarez y que tenía varias aristas como aparatos de prensa, social, legal, político y de fuerza de choque contra opositores.
La finalidad era favorecerse con los recursos públicos de la región Áncash entre los años 2007 y 2014, tiempo en el que Cesar Álvarez se desempeñó como presidente regional.
El fiscal supraprovincial para casos de corrupción, Elmer Chirre, solicitó 30 años de prisión para Cesar Álvarez, así como penas de entre 22 y 30 años de cárcel para los demás implicados.
En este caso se atribuyen delitos tales como asociación ilícita para delinquir, colusión, lavado de activos, peculado, encubrimiento real y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.
