La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afrontará sin ninguna restricción en su contra el proceso penal que se le sigue por los presuntos aportes irregulares para financiar sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016, también conocido como el caso ‘Cócteles’.

Esto debido a que el juez Wilson Verástegui declaró “la caducidad” del mandato de comparecencia con restricciones que se le había impuesto a la excandidata presidencial el pasado 30 de abril del 2020 como parte de este proceso penal.

Durante una audiencia virtual realizada el último viernes 12 de setiembre, el magistrado determinó que a la fecha ya venció en exceso el plazo de 36 meses de esta medida restrictiva impuesta a Keiko Fujimori por lo que dispuso que en adelante la lideresa de Fuerza Popular afronte este proceso penal bajo mandato de comparecencia simple, teniendo solo la obligación de presentarse ante el Ministerio Público y el Poder Judicial las veces que sea requerida.

El juez Verástegui Gálvez tomó en cuenta para su decisión la ley 32130, en el que se establece que la comparecencia con restricciones tendrá un plazo máximo de 36 meses cuando se trata de procesos sobre criminalidad organizada.

No obstante, el magistrado dispuso que queda “subsistente” el pago de la caución o garantía de 70 mil soles que se le fijó a la excandidata presidencial dentro de este proceso penal al precisar que dicha medida no tiene carácter de coerción personal, sino más bien de naturaleza real o patrimonial.

Al término de esta audiencia virtual, la fiscal adjunta Paulina Roque; la representante de la Procuraduría asignada al caso; y la doctora Giuliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, expresaron su conformidad con lo resuelto por el magistrado en este proceso penal.

El último 2 de julio, el fiscal José Domingo Pérez Gómez presentó ante el despacho del juez Wilson Verástegui su nueva acusación fiscal contra los implicados por el caso ‘Cócteles’, en la que pidió 35 años de prisión para Keiko Fujimori por los presuntos aportes ilegales para financiar sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016.

El magistrado acusa a la excandidata presidencial por los presuntos delitos de lavado de activos agravado en organización criminal en concurso de delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica en agravio del Estado peruano.

Fuente: RPP