En el Perú de hoy, la lucha política ya no se libra solo en las calles o en el debate de ideas, sino —cada vez con mayor descaro— en los escritorios del sistema electoral. El caso del partido Primero la Gente, que lidera Marisol Pérez Tello, vuelve a poner en evidencia una sospecha que recorre la ciudadanía: la ley no se aplica con la misma vara para todos.
El reciente pronunciamiento del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, que concedió el recurso de apelación tras haber declarado improcedente la inscripción de la fórmula presidencial de Primero la Gente, revela una dinámica preocupante. Primero se cierra la puerta con argumentos formales y rigor extremo; luego, ante la presión jurídica y pública, se reconoce que el recurso sí cumplía con los requisitos legales.
La pregunta es inevitable: ¿por qué estas interpretaciones rígidas de la norma suelen recaer sobre las organizaciones que no forman parte del bloque político que domina el Congreso?
El poder que no se presenta a elecciones, pero decide
No es un secreto que el actual Congreso opera como un núcleo de poder que trasciende lo legislativo. Desde allí se proyecta influencia sobre instituciones que, en teoría, deberían actuar con estricta independencia. En ese contexto, los partidos que se encuentran “en las orillas” del sistema —lejos de las alianzas, los pactos de impunidad y los intereses empresariales— enfrentan un camino plagado de obstáculos administrativos, legales y políticos.
Mientras tanto, las normas electorales parecen flexibilizarse para los grupos que representan a los verdaderos “madamases” del Congreso: esos sectores que no compiten en igualdad de condiciones, pero que influyen decisivamente en quién puede o no puede competir.
El JNE, ante una prueba decisiva
Con la elevación del caso al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el país observa algo más que una disputa procedimental. Lo que está en juego es la credibilidad del sistema electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026.
Según el reglamento vigente, el JNE deberá convocar a audiencia pública y emitir un pronunciamiento definitivo en un plazo de tres días. No se trata —como bien ha señalado Pérez Tello— de “darle la razón” a una candidatura, sino de asumir la responsabilidad institucional de garantizar reglas claras, previsibles y equitativas.
Democracia no es filtrar candidatos
La democracia se vacía de contenido cuando los filtros administrativos se convierten en mecanismos de exclusión política. Eliminar competidores por formalismos forzados no fortalece el sistema; lo degrada.
El Perú no necesita elecciones “ordenadas” a costa de la pluralidad. Necesita elecciones legítimas, donde todas las fuerzas políticas —especialmente aquellas que incomodan al poder— puedan participar sin que la ley sea estirada o encogida según la conveniencia del momento.
La pelea de Primero la Gente no es solo por una inscripción. Es, una vez más, por el derecho ciudadano a elegir sin tutelajes, sin trampas legales y sin árbitros inclinados.
