El libreto vuelve a repetirse. Esta vez, el protagonista es Mario Vizcarra, candidato presidencial del partido Perú Primero, cuya inscripción fue declarada improcedente por el **Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, tras aceptar tres tachas formuladas por ciudadanos particulares.
Formalmente, la decisión se ampara en el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones. Políticamente, el mensaje es otro: cuando una candidatura representa un riesgo electoral, el sistema activa sus mecanismos de descarte.
Ciudadanos que tachan, instituciones que ejecutan
Las tachas contra Mario Vizcarra fueron presentadas por ciudadanos —Jeanpier Valverde, Luis Miguel Caya y Edwin Huamaní—, quienes alegaron que una condena por peculado constituye un impedimento absoluto para postular. El JEE no solo acogió ese argumento, sino que fue más allá: declaró improcedente toda la fórmula presidencial de Perú Primero, bloqueando de raíz su participación electoral.
La figura de la “tacha ciudadana”, concebida originalmente como un mecanismo de control democrático, ha sido convertida en una herramienta política de exclusión, especialmente eficaz cuando se articula con interpretaciones rígidas y selectivas de la ley.
El Tribunal Constitucional, otra vez ignorado
Uno de los aspectos más graves del fallo es la forma en que el JEE desestima las sentencias del Tribunal Constitucional, presentadas por la defensa como sustento jurídico. El argumento es conocido —y preocupante—: que dichas sentencias no tienen efectos erga omnes y, por tanto, no son vinculantes.
En términos prácticos, esto significa que el máximo intérprete de la Constitución queda reducido a un actor decorativo, mientras órganos administrativos electorales asumen la facultad de decidir qué derechos políticos son aplicables y cuáles no.
No es una discusión técnica. Es una disputa de poder.
El patrón es evidente
Lo ocurrido con Mario Vizcarra no es un hecho aislado. Se suma a una cadena de decisiones que afectan, casi exclusivamente, a candidaturas ubicadas fuera del bloque político que hoy domina el Congreso y buena parte del aparato institucional.
El patrón es claro:
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Tachas promovidas “desde la ciudadanía”
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Interpretaciones legales maximalistas
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Desconocimiento de precedentes constitucionales
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Y un sistema electoral que actúa como filtro político previo al voto
La consecuencia es demoledora: las elecciones dejan de ser un espacio de competencia democrática para convertirse en un proceso administrado por exclusiones.
El JNE, última estación… ¿o último trámite?
El caso aún puede ser apelado ante el **Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, la experiencia reciente invita al escepticismo. Incluso si el pleno revisa el caso, el daño político ya está hecho: tiempo perdido, campaña truncada y un mensaje disuasivo para cualquier actor que pretenda desafiar al orden establecido.
Las Elecciones Generales de 2026 se encaminan peligrosamente hacia un escenario donde no ganan los más votados, sino los previamente autorizados.
Y cuando eso ocurre, el problema ya no es Mario Vizcarra, ni Perú Primero.
El problema es la democracia misma.
