El crimen no espera. La extorsión y el sicariato exigen inteligencia, conducción y resultados desde el primer día
Hay algo que llama poderosamente la atención en la actual situación de seguridad del país: el problema criminal no es nuevo, pero la respuesta del Estado sigue pareciendo insuficiente frente a la velocidad con la que evolucionan las organizaciones delictivas.
Keiko Fujimori llegó al Gobierno después de haber participado en cuatro procesos electorales presidenciales: 2011, 2016, 2021 y 2026. Por ello, resulta legítimo preguntarse cuánto de la experiencia acumulada durante esos años de campañas, debates, propuestas y conocimiento del Estado está siendo convertido hoy en una estrategia concreta de seguridad.
Y aquí está el punto que Mudo Social considera necesario colocar sobre la mesa.
La seguridad no puede manejarse como si el Gobierno recién estuviera descubriendo el problema.
Durante la campaña se anunciaron medidas importantes. Fujimori planteó, entre otras cosas, fortalecer la inteligencia, recuperar el control de las fronteras y las cárceles, utilizar a las Fuerzas Armadas en determinadas tareas de seguridad, construir nuevos establecimientos penitenciarios y enfrentar específicamente el sicariato y la extorsión.
Incluso se habló de actuar desde los primeros días y de implementar medidas durante los primeros 100 días de gobierno.
Entonces, la pregunta ya no es solamente qué se prometió.
La pregunta es:
¿Dónde está la conducción operativa que convierta esas promesas en resultados visibles?
Porque combatir al crimen organizado no consiste únicamente en aumentar patrullajes, declarar estados de emergencia o colocar policías y militares en determinados lugares.
La criminalidad contemporánea requiere inteligencia policial, análisis criminal, investigación financiera, seguimiento de organizaciones, control territorial, coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, inteligencia penitenciaria y una conducción política capaz de integrar todas esas piezas.
Y requiere algo más difícil todavía: anticiparse al delincuente.
El delincuente organizado estudia horarios, rutas, comunicaciones, movimientos de dinero, vulnerabilidades y territorios. Si el Estado solamente responde después de que ocurre el asesinato, la extorsión o el atentado, siempre estará llegando tarde.
El propio Congreso está cuestionando la falta de una estrategia concreta
La situación ha llegado a un punto en el que incluso desde el Congreso se cuestiona públicamente la conducción del sector Interior.
Una información difundida por RPP señala que diputados cuestionaron al ministro del Interior, César Astudillo, precisamente porque, durante una interpelación, se habrían presentado principalmente estadísticas sin exponer una estrategia concreta para enfrentar la criminalidad. Una de las parlamentarias sostuvo que buscaban conocer el plan estratégico para combatir la delincuencia y que no encontraron una orientación suficientemente concreta.
La misma información recoge cuestionamientos relacionados con el incremento de homicidios, extorsiones y préstamos informales, y menciona como elementos planteados para una estrategia integral el fortalecimiento de la inteligencia, una reorganización policial y una mayor coordinación con organizaciones locales.
Más preocupante aún: la moción de censura presentada contra el ministro recoge cifras del Sinadef según las cuales hasta agosto de 2026 se habían contabilizado 1,499 homicidios, con un promedio de 6.16 casos diarios, superior a los promedios consignados para 2025 y 2024. Esas cifras forman parte de los argumentos de la moción y deben entenderse dentro de ese contexto parlamentario.
No se trata de cambiar ministros: se trata de cambiar la forma de enfrentar el crimen
Aquí aparece una cuestión fundamental.
El problema no se resuelve simplemente colocando a una persona u otra en el Ministerio del Interior.
El Gobierno necesita encontrar un equipo especializado en seguridad, con experiencia real en inteligencia, investigación criminal, operaciones policiales, análisis de información y lucha contra organizaciones delictivas.
Se necesita gente con olfato policial, pero también con capacidad de gestión.
Personas capaces de identificar dónde está el problema antes de que se convierta en una crisis.
Personas capaces de responder preguntas muy concretas:
- ¿Quiénes financian las organizaciones de extorsión?
- ¿Cómo se mueven sus recursos?
- ¿Quiénes coordinan los sicariatos?
- ¿Desde dónde operan?
- ¿Qué ocurre dentro de los establecimientos penitenciarios?
- ¿Qué policías, fiscales y jueces están siendo amenazados?
- ¿Qué estructuras criminales están creciendo?
- ¿Cómo se está utilizando la inteligencia financiera?
- ¿Qué información tienen la Policía, Migraciones, SUNAT, UIF y Ministerio Público y cómo se está integrando?
- ¿Dónde están los puntos críticos del territorio?
- ¿Cuáles son las organizaciones que deben ser desarticuladas primero?
Ese es el verdadero tablero de la guerra contra el crimen.
El Gobierno necesita recuperar algo que también es fundamental: la percepción de autoridad
Hay una batalla que no aparece necesariamente en las estadísticas.
Es la batalla por la percepción ciudadana.
Cuando un comerciante recibe una llamada extorsiva, cuando un transportista tiene miedo de trabajar, cuando una familia evita determinados lugares o cuando un empresario siente que debe pagar para poder continuar con su actividad, el Estado empieza a perder algo más que seguridad: empieza a perder autoridad.
Y cuando el ciudadano llega a pensar que “aquí cualquiera puede hacer lo que quiera”, la situación se vuelve todavía más peligrosa.
Por eso, el Gobierno tiene que conseguir que el ciudadano vuelva a percibir que el Estado sabe dónde está el delincuente, sabe cómo funciona la organización criminal y tiene capacidad para actuar.
Eso no se consigue con discursos.
Se consigue con operaciones exitosas, investigaciones que lleguen hasta las estructuras financieras, capturas de cabecillas, condenas efectivas y recuperación de territorios.
El Perú todavía puede revertir esta tendencia
No hay razón para asumir que la expansión del crimen organizado sea irreversible.
Pero tampoco hay razones para pensar que se resolverá solamente con declaraciones de firmeza.
La propia presidenta ha planteado fortalecer la Policía, utilizar tecnología e inteligencia artificial, interconectar sistemas de videovigilancia y atacar las estructuras económicas de las organizaciones dedicadas a la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Ahora corresponde observar cómo esas decisiones se convierten en instituciones, presupuesto, operaciones, inteligencia y resultados medibles.
Porque el tiempo de las promesas electorales terminó el 28 de julio.
Ahora gobiernan.
Y frente a una criminalidad que no espera, el país tampoco puede esperar.
La pregunta que Mudo Social deja abierta
Después de cuatro campañas presidenciales y con una situación de inseguridad que continúa generando cuestionamientos políticos, la pregunta ya no debería ser solamente qué propone el Gobierno.
La pregunta es mucho más exigente:
¿Tiene el Gobierno el equipo, la inteligencia, la conducción y la capacidad operativa para enfrentar al crimen organizado con la velocidad que este está demostrando?
Porque el Perú no necesita solamente un Gobierno que anuncie que va a recuperar el orden.
Necesita que el ciudadano vuelva a sentir que el Estado está presente.
Y eso, en seguridad, se demuestra en la calle, en las investigaciones, en las cárceles, en las fronteras, en las comisarías y, sobre todo, en los resultados.
