Una alerta que el Perú no debería ignorar
Hay asuntos que en una democracia no deberían ser tratados como una disputa entre simpatizantes y adversarios políticos. Uno de ellos es la independencia de las instituciones del Estado.
Un presidente puede discrepar de un juez. Puede cuestionar una sentencia. Puede criticar al Ministerio Público. Puede señalar errores del Poder Judicial. Puede incluso promover reformas institucionales dentro de los procedimientos establecidos por la Constitución.
Lo que no debería ocurrir —y aquí está la diferencia fundamental— es que el poder político pretenda convertir a las instituciones que deben controlarlo en instituciones subordinadas a su voluntad.
Porque allí comienza otro problema.
Cuando quien gobierna consigue que quienes deben fiscalizarlo, investigarlo, juzgarlo o controlar sus decisiones dependan políticamente de él, deja de existir un verdadero sistema de contrapesos.
Y sin contrapesos, la democracia queda reducida a algo mucho más pequeño: votar periódicamente.
El Perú ya conoce esa historia
Esta preocupación no nace de una teoría política ni de una imaginación conspirativa.
El Perú tiene una experiencia concreta.
Después del autogolpe del 5 de abril de 1992, el régimen de Alberto Fujimori intervino instituciones fundamentales del Estado. Investigaciones posteriores del Congreso documentaron la intervención del Poder Judicial y del Ministerio Público y señalaron mecanismos mediante los cuales el poder político buscó controlar instituciones vinculadas a la administración de justicia.
Las investigaciones parlamentarias también documentaron que ese control alcanzó instituciones vinculadas al sistema electoral, señalando expresamente el caso del Jurado Nacional de Elecciones y del entonces Consejo Nacional de la Magistratura.
Es decir, el problema no fue simplemente que un presidente criticara a un juez.
El problema fue mucho más profundo: la construcción progresiva de mecanismos destinados a reducir los controles que podían limitar el poder.
Y esa diferencia es fundamental.
Criticar no es controlar
La presidenta Keiko Fujimori ha sostenido recientemente que sus críticas están dirigidas a determinados jueces y que defender la independencia de poderes no significa guardar silencio frente a actuaciones judiciales que considera equivocadas.
Ese argumento, en sí mismo, pertenece al debate democrático.
Un presidente tiene derecho a expresar sus opiniones.
Pero existe una pregunta mucho más importante que debería hacerse la sociedad:
¿Dónde termina la legítima crítica de un gobernante y dónde comienza la presión política sobre una institución independiente?
La respuesta no puede depender de quién sea el presidente.
No puede depender de si simpatizamos o no con él.
No puede depender de si la decisión judicial nos gusta o nos disgusta.
Debe existir una regla válida para todos.
Porque aquello que hoy puede parecer una herramienta útil contra un juez que no nos gusta, mañana puede convertirse en una herramienta contra nosotros.
La verdadera prueba está en las instituciones que incomodan
Una democracia no se prueba cuando todas las instituciones están de acuerdo con el Gobierno.
Se prueba precisamente cuando una institución dice «no» al Gobierno.
Cuando un juez dicta una resolución que incomoda al presidente.
Cuando un fiscal investiga a funcionarios del Ejecutivo.
Cuando un organismo electoral toma una decisión que perjudica al partido gobernante.
Cuando un órgano constitucional autónomo formula una observación que el Gobierno considera equivocada.
Cuando el Banco Central adopta una decisión que no coincide con los intereses políticos del momento.
Ahí aparece la verdadera pregunta:
¿El poder político acepta el límite institucional o intenta modificar al árbitro?
Esa debería ser una de las preguntas centrales de cualquier democracia.
La historia familiar también importa, pero no como condena automática
En el caso de Keiko Fujimori existe además un elemento que el debate público no puede simplemente ignorar: su trayectoria política está vinculada directamente con el movimiento político construido alrededor de su padre, Alberto Fujimori.
Eso no significa que una persona deba ser considerada responsable de los actos de otra.
La responsabilidad política y jurídica es individual.
Pero tampoco significa que la experiencia histórica de un país deba ser olvidada.
Precisamente porque el Perú vivió un proceso de concentración de poder durante el régimen de Alberto Fujimori, cualquier discusión contemporánea sobre independencia institucional merece un escrutinio particularmente cuidadoso.
No porque el pasado determine automáticamente el presente.
Sino porque la memoria institucional sirve precisamente para reconocer señales de riesgo antes de que los problemas se vuelvan irreversibles.
El peligro no comienza necesariamente con un golpe de Estado
Esta es quizá la cuestión más importante.
Una democracia no necesariamente desaparece de un día para otro.
Puede comenzar a deteriorarse mediante pequeñas modificaciones:
Un organismo que pierde autonomía.
Un magistrado que es reemplazado por razones políticas.
Una institución que deja de investigar porque teme al poder.
Un órgano electoral cuya composición comienza a responder a intereses partidarios.
Un organismo constitucional cuyos integrantes son escogidos pensando en su cercanía política.
Un Congreso que utiliza sus facultades no para controlar al Ejecutivo, sino para capturar instituciones de control.
Una mayoría política que empieza a considerar cualquier institución independiente como un obstáculo.
La democracia se debilita cuando los controles dejan de controlar.
Y cuando eso sucede, la concentración del poder puede presentarse incluso utilizando procedimientos aparentemente legales.
Por eso los organismos autónomos importan
El Perú diseñó instituciones que no deberían funcionar como simples oficinas subordinadas al Gobierno de turno.
El propósito de los contrapesos institucionales es precisamente impedir que una sola autoridad concentre todas las decisiones.
Por eso existen instituciones con autonomía y órganos que cumplen funciones de control, justicia, fiscalización, administración electoral o regulación.
Su independencia no significa que sean infalibles.
Significa que sus decisiones no deben depender de la voluntad política del gobernante al que eventualmente pueden tener que controlar.
Esta distinción debería ser comprendida por todos.
Una pregunta que deberíamos hacernos
No se trata solamente de preguntarnos:
¿Qué quiere hacer el presidente con las instituciones?
Hay una pregunta todavía más importante:
¿Qué mecanismos existen para impedir que cualquier presidente pueda controlarlas?
Porque el problema no es únicamente quién ocupa Palacio de Gobierno.
El problema es qué tan fuertes son las instituciones cuando quien ocupa Palacio intenta ampliar sus límites.
Y esa debería ser una preocupación transversal.
De izquierda, de derecha, de centro.
De oficialistas y opositores.
De quienes votaron por el Gobierno y de quienes votaron en contra.
Porque mañana puede ser otro presidente
Aquí está la paradoja que muchas veces olvidamos.
Un grupo político puede reclamar hoy mayor control sobre una institución porque considera que esa institución actuó mal.
Pero mañana puede encontrarse en la oposición y descubrir que las mismas herramientas que ayudó a crear están siendo utilizadas contra él.
Las instituciones democráticas no se construyen para proteger a nuestros amigos. Se construyen para proteger a todos, incluso de quienes gobiernan en nuestro nombre.
Por eso la defensa de la independencia institucional no debería ser una bandera partidaria.
Debería ser una regla básica de convivencia democrática.
La alerta no es contra una persona: es contra la concentración del poder
El Perú no necesita esperar a que aparezca una dictadura para discutir estos asuntos.
La discusión debe producirse antes.
Cada vez que un gobierno intenta ampliar su influencia sobre una institución independiente, la sociedad tiene derecho a preguntar:
¿Por qué?
¿Para qué?
¿Quién nombrará a sus integrantes?
¿Qué garantías de independencia existirán?
¿Qué controles habrá sobre quienes controlan?
¿Podrá esa institución investigar al Gobierno sin temor a represalias?
Esas preguntas no son necesariamente opositoras.
Son preguntas democráticas.
Y deberían formularse independientemente de quién esté en el poder.
Porque una democracia no muere solamente cuando alguien la clausura.
También puede comenzar a morir cuando quienes tienen el poder consiguen que las instituciones destinadas a limitarlo dejen de ser independientes.
Y el Perú, por su propia historia, debería saberlo mejor que nadie.
