El Tribunal Constitucional resolvió un habeas corpus a favor del líder de Perú Libre, ordenando que se le devuelva la condición de investigado bajo comparecencia. Cerrón celebró la decisión en redes sociales.
La sentencia, emitida en sesión de Pleno, establece que las decisiones judiciales que revocaron su comparecencia con restricciones carecieron de motivación suficiente y vulneraron derechos fundamentales como la libertad personal y la presunción de inocencia.
La resolución del TC
El expediente 00117-2026-PHC/TC señala que la prisión preventiva es una medida excepcional y provisional, que solo debe mantenerse mientras subsistan los presupuestos que la justifican.
El tribunal concluyó que, tras la anulación de condenas previas y la variación de elementos de convicción, no correspondía mantener la detención. En consecuencia, ordenó que Cerrón recupere la condición de investigado bajo comparecencia con restricciones, en lugar de prisión preventiva.
Cerrón había sido sometido a prisión preventiva en diciembre de 2023 por incumplir reglas de conducta impuestas en un proceso por presunto lavado de activos y organización criminal. Su defensa alegó que dichas restricciones se revocaron de manera arbitraria y que posteriores fallos de la Corte Suprema lo absolvieron de acusaciones de colusión, lo que modificaba el escenario procesal.
Cerrón celebró el fallo del TC
Tras conocerse la decisión, el líder de Perú Libre publicó un mensaje en sus redes sociales, en el cual saludó la resolución del tribunal, reafirmando que hubo «abuso» en la orden de prisión preventiva en su contra por parte del sistema judicial.
«El TC ordenó mi libertad al ser perseguido por una arbitrariedad judicial, no porque haya componendas. Abuso que jugó un papel nefasto en estas elecciones generales contra la izquierda socialista».
La resolución del Tribunal Constitucional marca un giro en el proceso judicial contra Vladimir Cerrón, al dejar sin efecto la prisión preventiva y devolverle la condición de investigado bajo comparecencia.
El fallo, así, busca reforzar la doctrina de que la libertad debe ser la regla en los procesos penales y que las medidas cautelares deben aplicarse con proporcionalidad y motivación estricta. Mientras tanto, el pronunciamiento de Cerrón añade un componente político a la decisión, vinculándola con el contexto electoral reciente.
